El asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensores ambientales e indígenas en el Perú.
La captura de José Carlos Estrada Huayta, ocurrida el lunes 4 de mayo en Ucayali, reactivó la atención sobre un caso que durante más de una década simbolizó la fragilidad de la protección estatal frente a las amenazas contra líderes indígenas en la Amazonía peruana.
Estrada Huayta, empresario de 61 años, fue condenado a 28 años y tres meses de prisión como autor mediato del asesinato de los cuatro dirigentes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ocurrido el 1 de septiembre de 2014. La sentencia, confirmada en segunda instancia en agosto de 2025, determinó que los crímenes estuvieron vinculados a conflictos por tala ilegal dentro del territorio comunal.
Una década de espera
La detención se produjo en el caserío Pampas Verdes, en la región Ucayali, luego de que la Policía obtuviera información sobre su paradero. El empresario permanecía prófugo pese a existir una condena firme en su contra y haber sido incorporado a la lista de los más buscados del Ministerio del Interior junto con otros sentenciados.
Según la resolución judicial emitida por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Estrada Huayta y Hugo Soria Flores ordenaron el asesinato de los líderes indígenas, quienes posteriormente fueron interceptados y ejecutados con armas de fuego por los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, además de Eurico Mapes Gomes.
El fallo judicial estableció que existían conflictos previos entre los dirigentes ashéninkas y empresarios vinculados a la extracción ilegal de madera en la comunidad Alto Tamaya-Saweto. Las amenazas contra Edwin Chota y los demás líderes habían sido denunciadas reiteradamente antes del crimen.
La justicia aún incompleta
Pese a la captura de Estrada Huayta, el caso continúa abierto. Los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, así como Hugo Soria Flores, permanecen prófugos. Además, Eurico Mapes Gomes —identificado como participante directo en los asesinatos— nunca llegó a comparecer ante la justicia y mantiene condición de reo contumaz.
Para las familias de las víctimas, la detención representa un avance importante, aunque insuficiente. “Mientras no capturen a todos, seguiremos exigiendo justicia”, sostuvo Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y representante legal de los familiares.
Las preocupaciones también se extienden al presente. Ergilia Rengifo, viuda del dirigente Jorge Ríos, advirtió que las familias continúan sin garantías de seguridad. “Nosotros no tenemos protección, ni nuestras familias ni la comunidad. Nos puede pasar algo”, declaró.
La memoria de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima permanece como símbolo de resistencia frente a la violencia contra quienes defienden sus territorios. Más de diez años después, el caso sigue reflejando una pregunta pendiente: cuánto tiempo puede tardar la justicia antes de dejar de ser suficiente.
De: Joaquín Guerra
