La reciente crisis del sistema de gas expuso la fragilidad energética del país, altamente dependiente de una sola fuente y de infraestructura limitada. La fuga en el sistema de Camisea, ocurrida en marzo de 2026, evidenció la vulnerabilidad del abastecimiento nacional y activó respuestas políticas inmediatas.
El Proyecto de Ley 14288/2025-CR, impulsado por la bancada de Alianza Para el Progreso y presentado por el congresista Eduardo Salhuana, propone declarar de interés nacional el desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios. La iniciativa plantea promover inversiones públicas y privadas a través de Perupetro para la exploración y explotación de gas natural en territorios de Madre de Dios, Cusco y Puno.
Desde el Congreso, la medida se sustenta en la necesidad de reducir la vulnerabilidad del sistema energético. La crisis generada por la fuga en Camisea evidenció la dependencia del país de un único ducto, sin infraestructura alternativa que garantice continuidad del suministro.
“El proyecto de ley se basa exclusivamente en el contexto de la crisis energética que hemos tenido hace muy poco”, señala Katherine Sánchez, coordinadora legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Sin embargo, especialistas advierten que la iniciativa responde más a una lógica coyuntural que estructural. Juan Luis Dammert, consultor del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), cuestiona que la propuesta no aborde el problema de fondo: “la vulnerabilidad del sistema, que depende de una infraestructura limitada y sin reemplazo”.
El corazón en riesgo
La propuesta contempla la intervención en el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri. No se trata de zonas marginales, sino de áreas núcleo de conservación ecológica y cultural.
De acuerdo con análisis de la SPDA, los lotes propuestos se superponen con zonas de protección estricta, consideradas el núcleo de conservación de estas áreas. En estos espacios, la legislación vigente prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva debido a su alto valor ecológico.
“Se trata del ‘corazón’ de las áreas naturales protegidas, donde no se permite ningún tipo de intervención”, advierte Sánchez.
La controversia no es solo ambiental. La propuesta plantea una excepción que podría entrar en conflicto con la Constitución y con tratados internacionales que garantizan la protección de estos espacios. En 2025, una sentencia judicial ya había reafirmado que la intangibilidad de parques como Bahuaja Sonene constituye una limitación legal efectiva frente a cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad ecológica.
Territorios y memoria
El impacto también alcanza a los pueblos indígenas. En la Reserva Comunal Amarakaeri, la posible explotación gasífera coincide con territorios donde se ubican sitios sagrados como el Rostro Harakbut y la Casa del Inca, reconocidos como patrimonio cultural de la Nación.
“Para nosotros es una amenaza directa al territorio ancestral”, señala Walter Quertehuari, presidente del Ejecutor del Contrato de Administración (ECA) de Amarakaeri.
Las organizaciones indígenas advierten que la iniciativa podría afectar no solo el entorno natural, sino también su autonomía y formas de vida. La expansión de infraestructura asociada a la actividad gasífera carreteras, servicios, comercio podría alterar el equilibrio social y facilitar la presencia de economías ilegales.
Dammert advierte que esta lógica no resuelve la vulnerabilidad estructural del sistema, sino que la traslada a nuevos territorios. “No se está atacando el problema de fondo”, sostiene.
En paralelo, especialistas recuerdan que el sector hidrocarburos en el Perú enfrenta problemas históricos, como la contaminación en zonas de la Amazonía norte y la falta de beneficios tangibles para las comunidades donde se desarrolla la actividad.
De: Joaquín Guerra
