Una propuesta polémica
El proyecto de ley presentado por el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, encendió las alarmas entre los gremios periodísticos por el alcance que podría tener sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. La iniciativa N.° 00043/2026-2031-CD propone incorporar el delito de “apología al delito agravado” para sancionar con cuatro a seis años de prisión a quienes, durante crisis políticas o conflictos sociales, promuevan, alienten, justifiquen o legitimen el uso de explosivos, artefactos incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios capaces de afectar la vida, la integridad física, la seguridad o el patrimonio.
El alcance de la propuesta genera una preocupación adicional. El texto contempla como posibles responsables a funcionarios, dirigentes políticos y sociales, líderes de opinión, comunicadores, periodistas, creadores de contenido, influencers y cualquier persona con capacidad de convocatoria pública.
El problema de la ambigüedad
El problema no está en sancionar a quien llame de manera directa a cometer un acto violento. El punto de discusión aparece cuando términos como “justificar” o “legitimar” forman parte de un tipo penal sin una definición suficientemente precisa.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que estos conceptos pueden alcanzar contenidos periodísticos protegidos. El Consejo de la Prensa Peruana también cuestionó la ambigüedad de la iniciativa y planteó si una cobertura periodística sobre una protesta podría quedar bajo una interpretación de apología.
Informar sobre una protesta no significa promoverla. Explicar por qué un grupo de personas protesta tampoco significa justificar la violencia. Mostrar imágenes de un enfrentamiento, recoger las declaraciones de los manifestantes o explicar las causas de un conflicto social forma parte del trabajo periodístico.
Una norma que no establezca con claridad esa diferencia puede generar autocensura por temor a una denuncia penal. Y cuando un periodista empieza a preguntarse si una cobertura puede llevarlo ante un tribunal, la libertad de prensa deja de ser una garantía plena.
Un país que protesta
La discusión llega además en un país donde la protesta social marcó buena parte de los últimos años. Las movilizaciones durante los gobiernos de Dina Boluarte, Manuel Merino y José Jerí dejaron muertos, heridos, investigaciones y un profundo debate sobre el uso de la fuerza por parte del Estado.
Precisamente por eso, el Perú necesita periodistas capaces de investigar, cuestionar y contar lo que ocurre, incluso cuando la información resulte incómoda para quienes ejercen el poder.
No se trata de defender el uso de explosivos ni de justificar la violencia. Nadie debería llamar a una persona a cometer un delito y mucho menos poner en riesgo la vida de civiles o agentes del orden. El Estado ya cuenta con herramientas para perseguir esas conductas.
El debate aparece cuando una nueva norma incorpora conceptos que pueden depender de la interpretación de quien investiga, acusa o juzga.
La alerta de la prensa
Por eso resulta preocupante que una de las primeras discusiones legislativas de este nuevo Congreso tenga como protagonista una propuesta que puede tocar directamente el ejercicio de las libertades informativas.
El poder político debería entender que la prensa no está para agradarle. Su función también consiste en incomodar, preguntar, investigar y mostrar aquello que otros preferirían mantener oculto.
El propio Bravo anunció el retiro de su iniciativa y presentó una solicitud formal para apartarla de la agenda parlamentaria. Sin embargo, la ANP advirtió que el proyecto continuaba en trámite y que había sido derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
¿Qué viene ahora?
El diputado sostuvo que su propuesta buscaba combatir la promoción de la violencia y no restringir la libertad de expresión. También dejó abierta la posibilidad de volver a plantearla más adelante.
Y quizá ahí está la verdadera advertencia. Una norma destinada a combatir la violencia no debería convertirse en una herramienta que genere miedo entre quienes informan, protestan o cuestionan al poder.
El Perú necesita menos ambigüedad cuando se habla de libertad de expresión y más garantías para que periodistas y ciudadanos puedan ejercerla sin temor.
Porque cuando una sociedad empieza a preguntarse si contar una protesta, criticar al poder o explicar las razones de un conflicto puede terminar en una denuncia penal, el problema ya no es solamente una ley. Es la libertad que empieza a ponerse en duda.
