Un inicio marcado por la inseguridad
Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio con dos prioridades declaradas: enfrentar la inseguridad ciudadana y atender los efectos del fenómeno El Niño. En su primer mensaje a la Nación, la mandataria anunció recursos extraordinarios y un plan de contingencia frente a ambas emergencias.
Sin embargo, los primeros 65 días de gestión han transcurrido en medio de nuevos casos de sicariato, extorsión y secuestro. Un reporte del Ministerio Público registró 13.892 denuncias por extorsión y 2.999 por secuestro entre enero y julio de 2026. El mismo documento señaló un incremento de ambos delitos en el país.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Trujillo, donde un secuestro terminó con cuatro personas asesinadas en agosto. La ciudad mantiene desde hace años una situación crítica por el avance de la extorsión y el sicariato.
A ello se sumó el asesinato de la periodista y candidata a gobernadora de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, ocurrido el 19 de septiembre durante un acto de campaña. El caso quedó bajo investigación fiscal por presunto sicariato.
Las facultades en el centro
El otro gran frente de estos primeros meses ha sido el pedido de facultades legislativas al Congreso. El Ejecutivo presentó una solicitud para emitir normas durante 120 días en distintas materias, entre ellas seguridad ciudadana, respuesta ante el fenómeno El Niño y modernización del Estado.
La solicitud se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno y el Parlamento. Fujimori pidió en varias ocasiones celeridad para su aprobación y, el 29 de septiembre, afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba su paciencia política” mientras evaluaba el pedido.
La discusión también generó posiciones encontradas sobre el alcance de las medidas. Una encuesta de Ipsos para Perú21 mostró altos niveles de respaldo ciudadano a varias propuestas incluidas en el pedido, entre ellas la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, con 79% de acuerdo.
Del respaldo inicial al desgaste
El respaldo ciudadano también cambió durante las primeras semanas. En agosto, 57% de los encuestados por Ipsos aprobaba la gestión presidencial y 25% la desaprobaba. Un mes después, la aprobación cayó a 42% y la desaprobación subió a 48%. La encuesta se realizó entre el 3 y 4 de septiembre a 1.176 personas de zonas urbanas y rurales, con un margen de error de ±2,8%.
Los resultados muestran un escenario distinto al del inicio de la administración. La caída no implica por sí sola una evaluación definitiva de los cinco años de Gobierno, pero sí refleja un cambio importante en la percepción ciudadana durante sus primeras semanas.
El Congreso tampoco cuenta con una aprobación amplia. En la misma medición, 24% aprobó la gestión de la Cámara de Diputados y 26% la del Senado, mientras que la desaprobación llegó a 50% y 49%, respectivamente.
Cambios y cuestionamientos
La composición del Gobierno también ha enfrentado presión. César Astudillo asumió el Ministerio del Interior desde el inicio de la administración, con la responsabilidad de conducir las políticas de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
La gestión del sector Interior quedó así directamente vinculada con uno de los principales compromisos de Fujimori: recuperar el orden y reducir la criminalidad. La continuidad de los casos de extorsión, secuestro y sicariato mantiene ese compromiso bajo observación.
Al mismo tiempo, el Gobierno buscó proyectar una presencia activa en redes sociales. La propia presidenta utilizó transmisiones en TikTok, posteriormente cuestionadas, para comunicar decisiones y defender la solicitud de facultades legislativas.
Una política exterior con nuevos retos
Los primeros 65 días también tuvieron episodios fuera del país. Fujimori participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York entre el 21 y el 25 de septiembre, con una agenda que incluyó reuniones bilaterales, promoción de inversiones y temas relacionados con la delincuencia organizada y la cooperación internacional.
Días después, Estados Unidos revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y de sus familiares. La medida estuvo relacionada con una resolución judicial favorable a Cosco Shipping en una disputa sobre la regulación del megapuerto de Chancay. Washington incluyó el caso dentro de una política de restricciones migratorias dirigida a ciudadanos de varios países de la región.
El episodio añadió otro elemento a la agenda exterior del nuevo Gobierno, marcada por la relación entre Perú, Estados Unidos y China.
Los primeros 65 días
A 65 días de asumir el cargo, el Gobierno de Keiko Fujimori todavía tiene pendientes varias de sus principales promesas de inicio de gestión. La seguridad continúa como el principal desafío, las facultades legislativas permanecen bajo discusión y el respaldo ciudadano registra una caída significativa respecto de agosto.
El Gobierno sostiene que necesita herramientas adicionales para acelerar sus decisiones y enfrentar la criminalidad. El Congreso, por su parte, mantiene en evaluación el alcance de esas facultades.
El primer tramo de la administración deja así un escenario de tensión entre las promesas de recuperación del orden, la persistencia de una crisis de seguridad y un respaldo ciudadano que ya no conserva los niveles de sus primeras semanas. Los siguientes meses mostrarán si las medidas anunciadas consiguen traducirse en resultados concretos.
De: Rodrigo Huertas
