Durante la campaña electoral, el tema ocupó un lugar secundario en el debate público, pese a que diversas investigaciones y estudios recientes muestran la creciente influencia de esta economía ilícita en la política nacional. Mientras millones de peruanos esperan conocer quién ocupará Palacio de Gobierno durante los próximos cinco años, expertos coinciden en que el nuevo mandatario heredará un escenario complejo marcado por la expansión de redes criminales vinculadas a la extracción ilegal de oro.
La magnitud del problema quedó reflejada en una encuesta de Ipsos para el Colectivo PAS-País Seguro, según la cual el 43 % de los peruanos considera que la minería ilegal es la actividad ilícita que más dinero mueve en el país. Asimismo, siete de cada diez ciudadanos creen que estas organizaciones financian campañas políticas tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República.
Las cifras económicas también evidencian su dimensión. De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal movilizó más de 11 500 millones de dólares durante 2025, consolidándose como una de las economías ilícitas más lucrativas del país.
Sin embargo, pese a su importancia, el informe “La minería ilegal e informal en los planes de gobierno 2026-2031”, elaborado por el Observatorio de Minería Ilegal, concluyó que solo una minoría de agrupaciones políticas presentó propuestas concretas para enfrentar esta problemática.
El riesgo de la captura política
Para el exministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, la expansión de la minería ilegal ya no representa únicamente un problema ambiental. En una reciente entrevista, señaló que la actividad ha logrado una creciente influencia en la toma de decisiones políticas y advirtió que la gobernabilidad del país podría verse seriamente afectada si el Estado no recupera el control sobre las economías ilícitas.
Pulgar Vidal contó a Mongabay que la minería ilegal mantiene una presencia cada vez más visible en espacios de poder y alertó sobre el riesgo de que intereses vinculados a esta actividad continúen influyendo en la elaboración de leyes y políticas públicas.
Las preocupaciones se han intensificado tras diversas decisiones adoptadas por el Congreso en los últimos años. Entre ellas destaca la aprobación, en la Comisión de Energía y Minas, de un dictamen que modifica aspectos relacionados con las concesiones mineras. Incluso el propio Ministerio de Energía y Minas advirtió que la iniciativa podría generar mayores incentivos para ocupaciones ilegales y conflictos sobre derechos mineros.
Para Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto, estas decisiones reflejan una contradicción entre los discursos políticos y las acciones concretas impulsadas desde el Parlamento. Según señaló, algunos sectores han evitado abordar con claridad el problema mientras respaldan iniciativas que podrían terminar favoreciendo indirectamente a la minería ilegal.
Según explicó Pulgar Vidal, la minería aurífera que se desarrolla en esta región posee características distintas a la minería tradicional de los Andes. Al tratarse de depósitos aluviales ubicados cerca de la superficie, la extracción requiere remover grandes extensiones de bosque y suelo para obtener pequeñas cantidades de oro.
Como resultado, extensas áreas de selva son deforestadas, los cursos de agua son alterados y grandes cantidades de mercurio terminan contaminando ríos y quebradas.
“El problema es que esta minería avanza de manera migratoria, dejando tras de sí una sucesión de áreas degradadas difíciles de recuperar”, ha señalado el exministro.
A ello se suma el impacto sobre las comunidades locales, muchas de las cuales presentan niveles preocupantes de contaminación por mercurio debido al consumo de peces provenientes de ríos afectados por la actividad minera.
Las leyes cuestionadas
Otro aspecto que preocupa a especialistas y organizaciones ambientales es la vigencia de las denominadas “leyes pro-crimen”, un conjunto de modificaciones legales que, según diversos expertos, han debilitado las capacidades del Estado para investigar y sancionar actividades ilícitas.
Tanto Pulgar Vidal como el abogado César Ipenza sostienen que estas normas han reducido herramientas fundamentales para combatir las redes criminales vinculadas a la minería ilegal, limitando la capacidad de acción de la Fiscalía y otras instituciones encargadas de la persecución del delito.
Para Ipenza, la estrategia estatal ha estado centrada en operativos puntuales y destrucción de maquinaria, medidas que no logran afectar las estructuras financieras que sostienen el negocio.
Manuel Zapata, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), sostiene que resulta indispensable fortalecer la presencia del Estado en la Amazonía mediante inversiones, oportunidades económicas sostenibles y servicios públicos que reduzcan la dependencia de actividades ilícitas.
Por su parte, Paola Bustamante plantea tres medidas prioritarias: diferenciar claramente la minería informal de la ilegal, fortalecer la coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial e implementar sistemas de trazabilidad que permitan seguir el recorrido del oro desde su extracción hasta su comercialización.
La participación de entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la SUNAT también aparece como una herramienta clave para rastrear flujos económicos sospechosos y desarticular las redes que financian esta actividad.
Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa procesando los resultados de la segunda vuelta presidencial, especialistas advierten que el próximo gobierno encontrará una situación ambiental y de seguridad cada vez más compleja.
Independientemente de quién resulte vencedor, la lucha contra la minería ilegal aparece hoy como una de las tareas más urgentes para el futuro gobierno y una prueba decisiva para la capacidad del Estado peruano de recuperar el control sobre territorios cada vez más disputados por organizaciones criminales.
De: Joaquín Guerra
