Un país cada vez más inseguro
Uno de los principales compromisos de campaña de Fujimori fue la lucha frontal contra la delincuencia. El discurso de mano dura y recuperación del orden ocupó un lugar central en su propuesta política. No obstante, los asesinatos, las extorsiones y el avance del crimen organizado mantienen en alerta a miles de peruanos.
Los episodios de violencia durante estos primeros meses reflejan la magnitud del problema. El caso del Liceo Naval Almirante Guise, cuya gestión educativa pasó por un proceso de reorganización tras los cuestionamientos sobre sus condiciones de seguridad, y la tragedia registrada en Trujillo, con cuatro personas asesinadas durante el secuestro de un empresario minero que finalmente fue liberado, evidencian la gravedad de la situación.
Frente a este escenario, las respuestas del Ejecutivo todavía generan dudas. Las medidas de alto impacto mediático, las propuestas de endurecimiento penitenciario y los anuncios de nuevas estrategias no sustituyen la necesidad de resultados concretos.
Facultades para gobernar, ¿pero con qué resultados?
Otro episodio que marcó este periodo fue la solicitud de facultades legislativas al Congreso. El Ejecutivo presentó inicialmente 66 solicitudes en distintas materias, con especial atención a la seguridad, la economía y la administración pública. Sin embargo, tras el debate parlamentario, recibió autorización en 27 materias.
La discusión dejó una pregunta inevitable: ¿por qué el Gobierno necesitaba una delegación tan amplia de facultades para ejecutar medidas que formaban parte de sus compromisos iniciales? La impresión que deja este proceso es la de una gestión que busca en el Congreso parte de las respuestas que debería tener claras desde el comienzo de su mandato.
Más aún, la obtención de facultades no representa por sí misma un logro. Las normas deben traducirse en acciones, las decisiones deben producir resultados y las promesas necesitan plazos verificables. De lo contrario, el debate legislativo corre el riesgo de convertirse en una cortina de humo frente a las deficiencias del Ejecutivo.
Un gobierno frente a las emergencias
La inseguridad no es el único frente que exige respuestas. El país atraviesa un periodo de especial vulnerabilidad ante el fenómeno El Niño 2026-2027, con precipitaciones extraordinarias, alertas por inundaciones y riesgos para distintas regiones. Tumbes y Piura ya registraron lluvias superiores a los 100 milímetros, mientras las autoridades meteorológicas advierten sobre nuevos episodios de intensidad.
A ello se suman los problemas de infraestructura, los daños en distintas localidades y la preocupación de miles de familias ante la posibilidad de perder sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia.
En este contexto, las declaraciones sobre la necesidad de estar preparados resultan insuficientes si no vienen acompañadas de prevención, presupuesto, obras y capacidad de respuesta. No basta con reconocer la amenaza cuando sus consecuencias ya golpean a la población. La responsabilidad del Estado también exige anticipación.
La economía tampoco queda al margen. El incremento de los precios y la incertidumbre ante los efectos de las emergencias climáticas representan una preocupación adicional para los hogares peruanos. En medio de tantas dificultades, el país necesita un equipo de gobierno con capacidad técnica, liderazgo y una estrategia clara. Hasta ahora, esa dirección todavía no resulta convincente.
Entre el espectáculo y la realidad
Las decisiones políticas de Fujimori también merecen atención. Su reciente visita a El Salvador y el acercamiento al modelo de seguridad de Nayib Bukele dejaron una reflexión importante. El propio mandatario salvadoreño señaló que las realidades de ambos países son distintas y que copiar de manera idéntica su estrategia carecería de sentido.
La seguridad no admite recetas improvisadas ni comparaciones superficiales. El Perú tiene características sociales, territoriales, institucionales y criminales propias. Por ello, cualquier política pública necesita un diagnóstico serio y una adaptación a nuestra realidad.
A esta situación se suma una política de comunicación que, en ocasiones, parece priorizar el espectáculo antes que la gestión. Las apariciones en redes sociales, las transmisiones de TikTok y los anuncios de medidas de alto impacto pueden generar atención, pero no resuelven los problemas cotidianos. Mientras tanto, miles de familias todavía esperan respuestas frente a la extorsión, la violencia y el abandono de sus localidades.
Tampoco ayuda la fragilidad del escenario político. Los cambios de bancada, las alianzas parlamentarias y las disputas por el control de los espacios de poder alimentan la percepción de un sistema más preocupado por sus propios intereses que por las necesidades de la ciudadanía.
Algunos avances en medio de las dificultades
Pese a las dificultades, también existen algunos aspectos rescatables durante este periodo. Uno de ellos es la continuidad de los trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño 2026-2027. En Lima, distintas municipalidades han impulsado labores de descolmatación de ríos y quebradas, además de evaluaciones técnicas para identificar puentes vulnerables. Estas acciones buscan reducir los riesgos de inundaciones y huaicos, aunque también responden a esfuerzos iniciados durante administraciones anteriores.
Otro punto favorable corresponde a la situación de los incendios forestales registrados en el sur del país. Tras varias semanas de emergencia, se reportó el control de los principales focos a nivel nacional. Las precipitaciones contribuyeron a este resultado, junto con el trabajo de bomberos, brigadas locales y autoridades. Si bien las consecuencias ambientales y sociales todavía afectan a las comunidades perjudicadas, el cese de estos siniestros representa un alivio para las regiones afectadas.
En materia económica, también destacan algunas iniciativas orientadas a fortalecer la productividad y mejorar las condiciones para el desarrollo nacional. Entre ellas figuran propuestas sobre formalización laboral, acceso al financiamiento, gestión de la inversión pública y cumplimiento tributario. Estos ejes representan una apuesta interesante para abordar problemas estructurales de la economía peruana, aunque su verdadero valor dependerá de su aplicación y de los resultados que generen para la ciudadanía.
Cien días que dejan mucho por resolver
Es cierto que ningún gobierno puede solucionar en poco más de tres meses los problemas estructurales de un país. Sin embargo, la propia administración de Fujimori planteó compromisos concretos para sus primeros cien días. Por tanto, resulta legítimo exigir explicaciones sobre los avances, los retrasos y las decisiones que todavía esperan resultados.
El Perú necesita liderazgo, planificación y responsabilidad política. Necesita una presidenta capaz de reconocer sus errores, escuchar a quienes cuestionan su gestión y rodearse de profesionales preparados para afrontar los desafíos nacionales. Gobernar no consiste en reproducir gestos del pasado, protagonizar anuncios o construir una imagen de autoridad. Consiste, sobre todo, en responder a las necesidades de la población.
Estos primeros cien días dejan un balance poco alentador. La inseguridad persiste, las emergencias ponen a prueba la capacidad del Estado y varias promesas todavía esperan resultados.
