En regiones como Ucayali y Huánuco, comunidades nativas viven bajo la presión permanente del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras y otras economías ilícitas que avanzan sobre territorios ancestrales mientras el Estado permanece ausente.
Frente a esa violencia, las guardias indígenas se han convertido en la primera línea de defensa del territorio amazónico. Sin armas de fuego, hombres y mujeres kakataibo, shipibo y asháninka patrullan ríos y trochas armados únicamente con lanzas, machetes y drones, enfrentándose a organizaciones criminales vinculadas al cultivo ilegal de hoja de coca y a mafias dedicadas a la extracción ilegal de recursos.
“Nuestra arma es la unidad, el pensamiento y la palabra. Las armas han hecho mucho daño y nuestra política de defensa ha sido siempre la protección”, sostuvo Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), durante las actividades por el quinto aniversario de la Guardia Indígena Kakataibo en la comunidad nativa Yamino, en Ucayali.
La situación que enfrentan estas comunidades no es reciente. Desde hace más de una década, organizaciones indígenas y defensores ambientales advierten sobre el crecimiento de la violencia en territorios amazónicos, especialmente en zonas donde convergen economías ilegales y ausencia estatal.
El avance de las economías ilícitas
Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) señalan que, solo en 2022, el tráfico ilícito de drogas en territorios de comunidades nativas amazónicas alcanzó casi 14 mil hectáreas. El incremento de cultivos ilegales ha sido acompañado por amenazas, hostigamientos y asesinatos contra quienes intentan impedir el avance de estas actividades.
La comunidad nativa Unipacuyacu, en Huánuco, representa uno de los casos más críticos. Reconocida oficialmente en 1995, sus habitantes denuncian haber perdido casi la totalidad de las más de 22 mil hectáreas que reclaman como territorio comunal debido a invasiones promovidas por mafias vinculadas al narcotráfico y al tráfico de tierras.
Actualmente, según organizaciones indígenas, varias familias sobreviven confinadas en un pequeño espacio rodeado por invasores armados.
Defender el bosque a costa de la vida
La violencia contra defensores ambientales indígenas se ha intensificado en los últimos años. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato del líder kakataibo Arbildo Meléndez Grandez, ocurrido en abril de 2020 durante la pandemia de la COVID-19.
Meléndez era jefe de la comunidad Unipacuyacu y llevaba más de 30 años exigiendo la titulación de su territorio ancestral. Antes de ser asesinado, había denunciado amenazas de muerte y expuesto la situación de su comunidad ante el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Forst.
Su asesinato marcó el inicio de una nueva ola de violencia contra líderes indígenas amazónicos. Desde entonces, dirigentes y organizaciones han denunciado una cadena de homicidios, amenazas y persecuciones en distintas comunidades de la selva central.
“El pueblo indígena kakataibo viene sufriendo una ola de terror desde hace una década”, señaló el investigador en derechos humanos Luis Hallazi, quien advirtió que el repliegue estatal durante la pandemia facilitó el avance de actividades ilegales en territorios indígenas.
Otro asesinato que conmocionó a las organizaciones amazónicas fue el del líder asháninka Santiago Contoricón, ocurrido en abril de 2023. Su muerte volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes defienden territorios amenazados por economías ilícitas.
Una lucha por la supervivencia de la Amazonía
En marzo de este año, representantes de distintas bases territoriales participaron en el Encuentro Anual de Coordinadores de la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo (Gipkap), realizado en la comunidad Sinchi Roca I, en Ucayali.
Durante el encuentro, líderes indígenas evaluaron estrategias para fortalecer la vigilancia territorial y responder al incremento de amenazas sobre comunidades amazónicas y pueblos indígenas en aislamiento.
Para Aidesep, las guardias indígenas cumplen actualmente una función que el Estado no ha logrado garantizar: la protección efectiva de territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.
“Las leyes procrimen aprobadas por este Congreso allanaron el camino del crimen organizado en la Amazonía, dejando a su paso huérfanos e impunidad”, cuestionó Jorge Pérez Rubio.
Pese a los asesinatos y amenazas, las organizaciones indígenas sostienen que continuarán defendiendo sus territorios y exigiendo protección frente a la violencia que se expande en la selva peruana.
“La Amazonía no solo es nuestro hogar”, señalan dirigentes indígenas. “También es el lugar que garantiza la vida de las generaciones futuras”.
