En un mundo cada vez más conectado y tecnológico, el acceso a dispositivos y herramientas de apoyo se ha convertido en un derecho fundamental para muchas personas con discapacidad. Sin embargo, en Perú, la realidad es muy diferente. Aunque más de 3 millones de personas viven con alguna discapacidad en el país, solo una de cada diez logra acceder a las tecnologías que podrían mejorar significativamente su calidad de vida. Este fenómeno genera una alarmante brecha de inclusión, afectando áreas clave como la movilidad, la salud y la participación social de estas personas.
Un derecho limitado
Las tecnologías de apoyo, como sillas de ruedas, prótesis, audífonos y dispositivos de comunicación aumentativa son herramientas esenciales para que las personas con discapacidad puedan integrarse a la sociedad y tener una vida más independiente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 90% de quienes necesitan estas tecnologías no logran acceder a ellas, una cifra alarmante que también se refleja en Perú. En el país, solo una pequeña fracción de la población con discapacidad tiene acceso a estas herramientas, principalmente por barreras económicas, sociales y geográficas. Las personas en áreas rurales enfrentan dificultades aún mayores debido a la falta de infraestructura adecuada y la escasez de recursos disponibles a nivel gubernamental.
En Perú, de los más de 3 millones de personas con discapacidad, un porcentaje significativo sigue luchando por acceder a dispositivos básicos que mejoren su movilidad y comunicación. En muchas ocasiones, las familias deben cubrir el costo de estas tecnologías de su propio bolsillo, lo que coloca este derecho al alcance de muy pocos. La situación se agrava aún más cuando se considera que muchas de estas personas no reciben ningún tipo de apoyo del estado, lo que agranda aún más la desigualdad. Los datos reflejan una clara exclusión social que impide a estas personas participar plenamente en actividades cotidianas, desde el trabajo hasta el acceso a la educación y los servicios de salud.
Testimonios de una realidad difícil
Manuel Timoteo, es uno de los muchos peruanos que luchan por obtener acceso a una silla de ruedas, él lo hace para su madre. «Adquirir esta silla fue complicado. Tuvimos que reunir dinero entre mi familia porque no recibimos apoyo del gobierno. Aparte, es peligro ir hasta emancipación para adquirir esta ayuda», explica con visible frustración. Para él, como para muchos otros, la tecnología de apoyo no es un accesorio opcional, sino una herramienta vital para poder desplazarse y llevar una vida más autónoma. Su caso no es aislado, ya que miles de peruanos enfrentan obstáculos similares a la hora de adquirir tecnologías que faciliten su integración social y laboral.
Laura Comte, especialista en rehabilitación, señala que las barreras para acceder a estas tecnologías en Perú son diversas y complejas. «Las principales dificultades son el costo elevado de los dispositivos, la falta de conocimiento sobre las opciones disponibles y la insuficiente infraestructura, especialmente en las zonas rurales», comenta. «En muchas áreas, las personas no solo deben enfrentar la falta de dispositivos, sino también la escasa capacitación de los profesionales que deberían orientarlas en su uso adecuado». Además, la falta de políticas públicas claras para garantizar la inclusión tecnológica contribuye al aislamiento social de quienes más lo necesitan. «Sin estas herramientas, las personas con discapacidad se ven excluidas de los espacios sociales, educativos y laborales. Es fundamental que el acceso a la tecnología de apoyo sea considerado un derecho fundamental, no un lujo», concluye Comte.
Soluciones regionales e internacionales
A pesar de la difícil situación, hay iniciativas que comienzan a marcar la diferencia. Organizaciones no gubernamentales (ONG) como ANIQUEM están trabajando para reducir la brecha en el acceso a la tecnología de apoyo en Perú. Esta organización ofrece dispositivos a personas de bajos recursos y proporciona talleres de reparación. Sin embargo, el alcance de estas iniciativas sigue siendo limitado, y no son suficientes para cubrir la demanda existente. Las políticas públicas aún no logran garantizar un acceso universal y equitativo a estos dispositivos, lo que deja a muchas personas fuera del sistema.
Existen modelos de políticas exitosas en otros países de América Latina que podrían ser adaptados a la realidad peruana. En Colombia, por ejemplo, la tecnología de apoyo está incluida dentro del Plan de Beneficios en Salud, lo que garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder a dispositivos médicos como parte del sistema público de salud. En Chile, el SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) ofrece subsidios para la compra de dispositivos, lo que facilita el acceso a la tecnología de apoyo a las personas más vulnerables. Estos modelos demuestran que es posible generar un cambio significativo, y que el gobierno peruano podría inspirarse en estas experiencias para cerrar la brecha en el acceso a la tecnología de apoyo
Conclusión
El acceso a la tecnología de apoyo en Perú sigue siendo una deuda pendiente. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida plena e inclusiva, y parte de ese derecho implica poder acceder a las herramientas que les permitan desarrollarse de manera autónoma. Aunque existen esfuerzos locales e internacionales para mejorar la situación, la falta de políticas públicas efectivas y de un presupuesto adecuado dificulta el avance. Garantizar este acceso no es un lujo, es un derecho fundamental que debe ser reconocido y respetado, porque cuando las personas con discapacidad tienen las herramientas para participar en la sociedad, todos ganamos.
Por: Alvaro Timoteo Rojas
