El Perú vive uno de los momentos más críticos desde la gran última crisis, la del Covid-19, una que afectó en todos los aspectos a un país que se caracteriza por la improvisación y ‘viveza’ antes que por proyectos establecidos y transparentes. La pandemia dejó miles de muertos y expuso la realidad absoluta de que el Perú tiene muchas cosas que mejorar e implementar para ofrecer una buena calidad de vida a sus habitantes.
A fecha de hoy, las muertes ya no son por enfermedades o virus, sino por resistirse a ser parte de un sistema que conlleva el pagar cuotas a mafias o grupos delictivos, que culminan en disparos a sangre fría sino realizan el pago solicitado hasta cierta fecha. La Policía Nacional del Perú (PNP) no ha logrado desmantelar a estas bandas, lo que derivó en el último Estado de Emergencia, que busca salvaguardar vidas, pero que llegó demasiado tarde, pues ya hay un gran número de fallecidos por el impago de cupos.
Según cifras del Observatorio del crimen y la violencia, se calcula unos 180 conductores de transporte urbano asesinados por resistirse a ser parte de esta modalidad, aunque la PNP da cifras más conservadoras, reduciéndolo a 65, que aun así llega a ser preocupante, pero que se le resta cierta importancia al reducir una cifra de manera drástica.
Para entender cómo el cobro de cupos tomó tanta relevancia en este año, es importante realizar una comparación con el año anterior, pues existe un incremento que demuestra la incompetente labor de seguridad que existe por parte del Gobierno.
La extorsión incrementó en los primeros nueve meses del 2025 en un 28.8% a comparación del 2024 según cifras oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP), contabilizándose 20, 705 de este año, contras las 16, 075 del año pasado, un aumento preocupante y que la convierte en una de las modalidades con mayor crecimiento en el Perú. Además, se estima que cada 19 minutos se registra una denuncia por extorsión, lo que se traduce en 75 denuncias diarias, un número que acentúa el acrecentamiento del cobro de cupos en distintas regiones. Cerca de Lima, tenemos al Callao, la cual posee un incremento del 46.7%.
En el norte del país también se vive un estado crítico, Piura registró un aumento del 51.1% en el número de denuncias, mientras que Tumbes, la cual es una de las más afectadas por la criminalidad, incrementó sus cifras hasta en un 109.6% más que en 2024, números más que alarmantes.
Esta ola de crimen y violencia también impacta en el ámbito empresarial y comercial, donde los pequeños negocios y bodegas son el blanco de la delincuencia. La siguiente infografía recopila los datos de un estudio de Vivenza realizado en Lima Centro, Este y Sur sobre los pequeños negocios y la delincuencia.
Cabe resaltar que todas las estadísticas mencionadas fueron en base a las denuncias realizadas por las víctimas, sin embargo; hay la posibilidad de que el número sea mayor, pero extraoficialmente. Debido a que hay personas que no denuncian estos delitos por temor a represalias por parte de los delincuentes, o también por la desconfianza en las autoridades o instituciones.
Estas cifras demuestran que esta modalidad de delincuencia reina en todo el Perú, y que no ha podido ser controlada por el Estado peruano, que ha tomado medidas equivocadas y con poca o nula eficiencia. De esta forma, la inseguridad ciudadana se alza como una de las principales preocupaciones nacionales y un punto decisivo en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo; la situación actual no puede esperar más de medio año o ser ignorada por el nuevo Gobierno, que debe poner manos a la obra para controlar la creciente ola delincuencial.
De: Piero Aponte
