La censura de José Jerí como presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, presidente de la República, marca otro episodio abrupto en la ya frágil línea de mando del país. La votación se realizó en un escenario que levantó más de una ceja: El traslado del pleno a un auditorio en el jirón Azángaro, lejos del hemiciclo habitual. La decisión se justificó por razones logísticas, pero en la práctica redujo el acceso ciudadano y tensó aún más la legitimidad del proceso. Bastó mayoría simple para aprobar la censura, al tratarse del presidente del Congreso, no de una vacancia presidencial.
El contexto no admite ingenuidad. Según el registro reciente de mandatarios —desde Pedro Pablo Kuczynski hasta hoy— el Perú ha encadenado presidentes con periodos breves y salidas forzadas. La inestabilidad dejó de ser excepción y pasó a convertirse en norma. La censura de Jerí se inserta en ese patrón, aunque con ingredientes propios: Denuncias graves, visitas cuestionadas y vínculos empresariales bajo la lupa pública.
Las causas
La denuncia por presunta violación golpeó el núcleo político de Jerí. Más allá del proceso judicial que corresponde, la acusación abrió un debate ético inmediato sobre la permanencia en el cargo. Diversos sectores sostuvieron que la investidura presidencial exige un estándar mayor que el legal mínimo. La presión social y mediática creció con rapidez y el blindaje parlamentario perdió fuerza.
Otro foco de cuestionamiento surgió tras la visita de empresarios chinos a Palacio de Gobierno. Los encuentros, que no figuraron con claridad en la agenda oficial, despertaron alertas sobre posibles acuerdos sin transparencia suficiente. En un país donde la contratación pública enfrenta históricos problemas de corrupción, cualquier sombra adquiere dimensión política explosiva.
También pesaron las visitas de ´amigas´ al despacho presidencial y a dependencias oficiales. Registros de ingreso revelaron presencia recurrente sin función pública definida. La imagen de un entorno cercano sin filtro institucional erosionó la percepción de seriedad del cargo. En un escenario de desconfianza estructural, cada detalle suma.
A ello se añadió el desgaste acumulado de un Congreso que carga con baja aprobación ciudadana. La censura no solo apuntó a la persona, sino a un símbolo de conducción política cuestionada. La mayoría simple alcanzó para concretar la salida, pero no resuelve el trasfondo: Un sistema que permite ascensos y caídas en plazos cada vez más cortos.
La caída
La caída de Jerí confirma la volatilidad del poder en el Perú reciente. En menos de una década, el país ha visto pasar presidentes con mandatos incompletos, renuncias, vacancias y sucesiones forzadas. La lista que empezó con Pedro Pablo Kuczynski y siguió con Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte ahora suma otro episodio abrupto. La continuidad institucional luce frágil.
El problema no se limita a nombres propios. Persisten leyes y reformas que reducen controles y fortalecen redes de poder opacas. Normas que favorecen intereses particulares, blindajes y beneficios penitenciarios cuestionados forman parte del debate. Sin revisión profunda del marco legal, cada crisis solo anticipa la siguiente.
¿Y ahora qué?
El país enfrenta incertidumbre sin presidente efectivo mientras se define la nueva sucesión. Ese vacío, aunque breve, simboliza una precariedad mayor. La conducción del Estado no puede depender de equilibrios tan inestables ni de cálculos coyunturales.
En el horizonte aparecen elecciones que exigen reflexión colectiva. La experiencia reciente demuestra que el voto no termina en la jornada electoral. Se necesita vigilancia, memoria y análisis sobre trayectorias, equipos técnicos y redes de apoyo. La improvisación pasa factura.
El momento reclama nuevos aires en la política nacional. No basta con cambiar rostros; se requiere ética pública, transparencia real y compromiso con reformas estructurales. La responsabilidad recae tanto en quienes postulan como en quienes eligen. Informarse, contrastar y exigir coherencia ya no es opción idealista, sino condición mínima para sostener la democracia.
De: Rodrigo Huertas
