El Perú vuelve a enfrentarse a uno de sus mayores desafíos naturales. El fenómeno de El Niño ya no es una advertencia lejana ni una posibilidad que solo aparece en los pronósticos meteorológicos. Sus efectos empiezan a sentirse en distintas partes del territorio nacional, mientras las autoridades advierten sobre un escenario que podría agravarse durante los próximos meses.
El norte bajo el agua
Las regiones del norte figuran entre las más expuestas. Piura y Tumbes ya registraron precipitaciones extraordinarias, con acumulados superiores a los 100 milímetros en algunos sectores. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hasta el 6 de noviembre, las lluvias en Tumbes dejaron 324 damnificados, 808 personas afectadas y 109 viviendas inhabitables.
La situación resulta preocupante si se considera que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones de moderada y fuerte intensidad en la costa norte. El escenario tampoco se limita a esta parte del país. El calentamiento del mar también eleva las temperaturas del aire en buena parte del litoral, una condición que ya se refleja en jornadas particularmente calurosas en Lima y otras ciudades costeras.
El impacto en la economía
Pero las consecuencias de El Niño no terminan en las inundaciones. La actividad agrícola también queda expuesta ante las alteraciones del clima. Los cultivos, las cosechas y las cadenas de abastecimiento pueden sufrir importantes perjuicios, con repercusiones en los mercados y en el presupuesto de miles de familias. Aunque no todo incremento de precios responde directamente a este fenómeno, las dificultades en la producción y el transporte pueden generar presiones sobre determinados alimentos.
El país conoce demasiado bien este escenario. Los episodios de 1997-1998 y 2017 dejaron imágenes difíciles de olvidar: carreteras destruidas, viviendas inundadas, puentes colapsados y comunidades enteras frente a pérdidas materiales. Sin embargo, parece que cada nueva emergencia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿realmente aprendimos de aquellas experiencias?
Más amenazas ambientales
A esta preocupación se suman los incendios forestales que afectaron a distintas regiones del territorio, especialmente en la zona andina. Las pérdidas de vegetación, cultivos y medios de vida golpean a comunidades que dependen directamente de sus tierras. Se trata de otra expresión de nuestra vulnerabilidad ambiental, aunque estos incendios no deben atribuirse automáticamente a El Niño. Las condiciones de sequedad, las temperaturas y las actividades humanas también forman parte del problema.
Prevenir antes que lamentar
Frente a este panorama, la prevención debe ocupar un lugar central en la agenda pública. No basta con desplegar maquinaria, entregar ayuda o instalar albergues cuando el desastre ya ocurrió. Se necesita una política sostenida de limpieza y descolmatación de ríos, mantenimiento de quebradas, recuperación de infraestructura y protección de las poblaciones asentadas en zonas de riesgo. En Lima, por ejemplo, los trabajos de descolmatación del río Rímac representan una intervención necesaria que debe mantenerse y complementarse con otras medidas de prevención.
El desafío también alcanza a la ciudadanía. Identificar rutas de evacuación, reconocer las zonas seguras, evitar la acumulación de residuos en cauces y quebradas, contar con una mochila de emergencia y almacenar agua y alimentos no perecibles son medidas que pueden marcar la diferencia. Asimismo, resulta importante reforzar la prevención frente al dengue y otras enfermedades asociadas a la proliferación de mosquitos, además de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El Perú es un territorio expuesto a numerosos peligros naturales. Su geografía y sus condiciones climáticas nos recuerdan constantemente esa realidad. No podemos evitar la llegada de El Niño, pero sí podemos reducir sus consecuencias mediante una mejor planificación, inversión y capacidad de respuesta.
Hay una frase que resume buena parte de esta realidad: la naturaleza tiene la última palabra. Sin embargo, eso no significa que debamos resignarnos a perder vidas, hogares y medios de subsistencia cada vez que llega una emergencia. El Estado tiene la responsabilidad de anticiparse, pero también necesitamos una ciudadanía informada y comprometida.
