Mientras sus promotores la presentan como una oportunidad para mejorar la conectividad y dinamizar la economía regional, comunidades indígenas y expertos alertan que la vía podría convertirse en un nuevo corredor para el crimen organizado, el tráfico de tierras y la deforestación.
El proyecto contempla aproximadamente 200 kilómetros de extensión y busca unir Bellavista, en las afueras de Iquitos, con la localidad fronteriza de El Estrecho, en la provincia del Putumayo. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados es que el trazado proyectado atravesaría territorios indígenas y áreas de conservación regional consideradas estratégicas para la protección de los bosques amazónicos.
Una comunidad indígena dividida por la carretera
Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación de la comunidad indígena Centro Arenal, perteneciente al pueblo murui-muinani. Según el estudio definitivo del segundo tramo de la carretera, la vía atravesaría el territorio comunal, fragmentando un espacio donde viven decenas de familias indígenas.
Marilyn Gatica Huanio, jefa de la comunidad, sostiene que durante años desconocieron el verdadero impacto del proyecto. Según explica, recién en 2024 los comuneros tomaron conocimiento de que la carretera dividiría físicamente su territorio.
Las preocupaciones no son nuevas. Desde que se anunció la construcción de la vía hace más de una década, los habitantes de Centro Arenal denuncian un incremento de invasiones, tala ilegal y tráfico de tierras. La comunidad, titulada desde 1967 y con cerca de 2.000 hectáreas de extensión, ha presentado múltiples denuncias por actividades ilegales, aunque aseguran que la mayoría de los casos no ha prosperado.
Dos áreas protegidas en la ruta del proyecto
Otro de los puntos más controvertidos es el impacto potencial sobre dos áreas de conservación regional de Loreto: el Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa y el Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu.
Ambos espacios fueron creados para proteger ecosistemas de alta biodiversidad y constituyen territorios históricamente vinculados a pueblos indígenas amazónicos. Lideresas indígenas de estas zonas advierten que la construcción de una carretera dentro o cerca de áreas protegidas podría facilitar el ingreso de invasores, traficantes de tierras y taladores ilegales.
La lideresa bora Liz Chicaje Churay ha señalado que la conectividad terrestre, sin adecuados mecanismos de control, podría incrementar la presión sobre ecosistemas que actualmente cumplen un papel fundamental en la conservación de la Amazonía.
Diversos estudios también alertan sobre posibles efectos indirectos. Un análisis elaborado por organizaciones especializadas estimó que la influencia de la carretera podría extenderse varios kilómetros a cada lado de la vía, generando procesos de deforestación mucho más amplios que el espacio ocupado por el asfalto.
Un corredor para economías ilegales
La preocupación no se limita al impacto ambiental. La provincia del Putumayo y otras zonas fronterizas de Loreto enfrentan desde hace años la presencia de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera.
Especialistas consultados por distintas investigaciones advierten que una nueva conexión terrestre podría facilitar el desplazamiento de personas, combustible, maquinaria y mercancías asociadas a actividades ilegales. La situación resulta especialmente sensible debido a la presencia de organizaciones criminales transnacionales que operan en áreas cercanas a la frontera entre Perú, Colombia y Brasil.
El fiscal brasileño Bernardo Albano ha advertido que las nuevas rutas terrestres en territorios amazónicos pueden convertirse en plataformas logísticas para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Por su parte, investigadores de la Amazonía sostienen que una carretera de estas características podría generar un incremento de migraciones desordenadas, conflictos territoriales, cambios acelerados en el uso del suelo y una mayor presión sobre recursos naturales estratégicos.
Las organizaciones indígenas también han expresado preocupaciones sobre el proceso de consulta previa desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sostienen que aún existen vacíos respecto a las medidas de mitigación, protección territorial y prevención de actividades ilegales que podrían surgir tras la construcción de la vía.
«No nos oponemos al desarrollo», han señalado diversos líderes amazónicos durante las reuniones informativas. Lo que exigen es que cualquier proyecto de infraestructura garantice la protección efectiva de los territorios indígenas, los bosques y las fuentes de agua de las que dependen sus comunidades.
En una región donde la presencia estatal continúa siendo limitada y donde actividades ilegales avanzan sobre extensas áreas de bosque, la principal interrogante sigue siendo si el Estado cuenta con la capacidad necesaria para controlar los impactos que podrían surgir una vez abierta una nueva ruta terrestre hacia una de las zonas más sensibles de la Amazonía peruana.
