
El Perú atraviesa una etapa de tensión estructural. El transporte muestra desorden, la educación enfrenta brechas persistentes y el frente medioambiental acumula alertas que no encuentran respuesta sostenida. La política, lejos de ordenar prioridades, se mueve en un escenario de desconfianza y fragmentación. En medio de ese cuadro, la salud pública refleja con nitidez las fallas de un sistema que no logra sostenerse en momentos críticos.
La atención médica, uno de los pilares básicos para el bienestar social, tampoco escapa a esa lógica de deterioro. Hospitales saturados, compras cuestionadas y decisiones administrativas con bajo sustento técnico configuran un panorama que se repite en distintas regiones del país. El sistema de salud no solo enfrenta carencias materiales, también evidencia problemas de gestión y control que afectan de manera directa a los ciudadanos.
Escasez
La llamada crisis de la insulina expuso una de las fallas más sensibles del sistema. Pacientes con diabetes reportaron dificultades para acceder a un medicamento esencial para su tratamiento. La escasez no respondió únicamente a problemas logísticos, también se vinculó con procesos de compra cuestionados que generaron preocupación en la opinión pública.
Informes periodísticos, entre ellos los desarrollados por Salud con Lupa, documentaron irregularidades en la adquisición de insulina, incluso con alertas sobre lotes que no cumplían condiciones óptimas. La situación obligó a suspender su uso, lo que agravó el desabastecimiento en distintos centros de salud. La decisión dejó a miles de pacientes en una situación de vulnerabilidad inmediata.
El caso refleja una práctica recurrente: la priorización del menor costo por encima de la calidad del producto. Esa lógica debilita los estándares de compra y expone fallas en los mecanismos de fiscalización. El resultado recae en los pacientes, quienes asumen las consecuencias de decisiones que debieron ser evaluadas con mayor rigor técnico.

Salud política
El sistema de salud también enfrenta cuestionamientos por la influencia política en su estructura. La presencia de redes vinculadas a actores partidarios ha generado dudas sobre los criterios de designación en cargos clave. La gestión sanitaria, en ese contexto, pierde autonomía y se vuelve vulnerable a intereses ajenos a la atención médica.
Uno de los casos más comentados involucra a Brunella Horna y su entorno familiar, con vínculos asociados al partido Alianza para el Progreso. La concentración de poder en espacios como EsSalud ha abierto un debate sobre la idoneidad de los perfiles que ocupan posiciones estratégicas dentro del sistema.
La discusión no se limita a nombres propios. El problema apunta a un modelo de gestión que permite la interferencia política en decisiones técnicas. La salud pública requiere especialistas con experiencia comprobada y capacidad de gestión. Cuando ese criterio se diluye, el sistema pierde eficiencia y credibilidad.
Después del desastre
El impacto de fenómenos naturales ha dejado en evidencia la fragilidad de la infraestructura sanitaria. Durante el Fenómeno del Niño de 2026, diversas regiones reportaron daños en centros de salud. En Chiclayo, un video difundido en redes sociales mostró el colapso de un techo en pleno establecimiento médico, lo que encendió las alarmas sobre las condiciones estructurales.
Arequipa también registró afectaciones en su red hospitalaria, con instalaciones que no resistieron las lluvias intensas. Estos episodios reflejan la falta de planificación y prevención ante eventos climáticos recurrentes en el país. La infraestructura sanitaria no ha sido diseñada con criterios de resiliencia adecuados.
El problema no surge con el desastre, se revela con él. La ausencia de mantenimiento, la ejecución deficiente de obras y la falta de supervisión configuran un sistema que responde tarde y de forma limitada ante emergencias.
¿A mejor?
El sistema de salud peruano enfrenta una oportunidad de cambio que exige decisiones firmes. La mejora no depende solo de mayor presupuesto, también requiere una reforma en los procesos de gestión, compra y fiscalización. La transparencia y la meritocracia deben convertirse en pilares de cualquier intento de reestructuración.
Un sistema de salud funcional necesita planificación, infraestructura adecuada y profesionales capacitados en puestos clave. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar ese equilibrio. La salud no puede quedar relegada en la agenda pública. Su fortalecimiento define, en gran medida, la calidad de vida de toda la población.
De: Rodrigo Huertas






