El mercado laboral peruano enfrenta una de sus etapas más críticas con altas cifras de informalidad. Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), durante el 2023 se registraron 156,718 empleos menos a nivel nacional, una cifra alarmante que refleja el impacto de la desaceleración económica y la limitada inversión privada en el país.
El impacto de la crisis no es homogéneo en todos los sectores económicos ni en todas las regiones del país. Una de las áreas más afectadas es el trabajo agropecuario, con una pérdida de 319,912 empleos en 2023. El sector comercio también enfrenta retos significativos. A pesar de ser uno de los mayores generadores de empleo en el país, la reducción del consumo interno y las dificultades para competir con grandes cadenas y mercados internacionales afectan a miles de pequeños negocios, especialmente en las regiones más alejadas de la capital.
Lima Metropolitana concentra el 85.1% del empleo total de su departamento, seguida por ciudades como Tacna (80.4%) y Arequipa (67.3%). Sin embargo, en regiones como Huaraz (10.6%) y Puno (9.5%), el empleo está más disperso, refleja desigualdades históricas en la distribución de recursos y oportunidades económicas.
Perú enfrenta un alto índice de informalidad laboral en la región andina
Con más de dos tercios de la población ocupada en empleos informales, el Perú se ubica entre los países con mayor informalidad en América Latina, junto con Bolivia y Ecuador.
La situación es preocupante, ya que los empleos informales carecen de protección social, estabilidad laboral y acceso a beneficios, lo que afecta tanto la calidad de vida de los trabajadores como la productividad general de la economía. Mientras que en países como México y Brasil los niveles de informalidad alcanzan el 53% y 37%, respectivamente, en el Perú el fenómeno abarca a una mayoría significativa de la fuerza laboral.
Una paradoja en el salario promedio
Uno de los datos más llamativos de la EPEN es el incremento del salario promedio mensual, que subió un 9.9% en comparación con 2022 y alcanzó los S/ 1,674. Este aumento, aunque positivo en apariencia, no representa una mejora generalizada para todos los trabajadores.
El incremento salarial está estrechamente vinculado a la mayor concentración del empleo formal en sectores más productivos y mejor remunerados. Sin embargo, para una gran parte de la población que trabaja en condiciones de informalidad o precariedad, este aumento no tiene impacto directo en su calidad de vida y es uno de los mayores retos estructurales del mercado laboral peruano. Aunque su reducción al 71.1% para finales de este 2024 es un avance, aún afecta a más de 7 de cada 10 trabajadores en el país.
El sector informal, a pesar de sus limitaciones, demuestra una notable capacidad de adaptación, ofrece una red de seguridad para quienes no logran acceder al empleo formal. Actividades como la venta en mercados y el transporte informal mantienen a flote a muchos hogares, pero también evidencian la necesidad de políticas que promuevan la formalización sin afectar negativamente a estas economías de subsistencia.
La informalidad en el Perú y sus retos estructurales
El economista Jorge Castro, bachiller en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomado en Finanzas por la Universidad Católica, señala que la informalidad es consecuencia de una combinación de factores, entre los que destacan la excesiva burocracia, la falta de incentivos para formalizarse y los altos costos asociados a los procesos legales y tributarios. Estas barreras afectan principalmente a los pequeños empresarios, quienes optan por mantenerse al margen del sistema formal ante la falta de beneficios concretos.
La informalidad no solo limita el crecimiento económico del país, sino que también perpetúa desigualdades sociales. Castro explica que una economía con altos índices de informalidad enfrenta problemas significativos en la recaudación fiscal, lo que restringe la capacidad del Estado para financiar servicios básicos y políticas públicas. Asimismo, esta situación genera condiciones laborales precarias, caracterizadas por la falta de acceso a beneficios sociales, como seguridad social, jubilación y vacaciones pagadas, que afectan a millones de trabajadores y sus familias.
El economista también resalta cómo la informalidad se vincula a problemas estructurales más amplios, como las brechas educativas, la desigualdad regional y la falta de acceso a financiamiento. Según su análisis, la falta de educación financiera es un obstáculo clave que impide a muchas personas comprender los beneficios de la formalización y acceder a herramientas para mejorar la gestión de sus negocios. De igual forma, las regiones más alejadas y menos desarrolladas enfrentan una mayor incidencia de informalidad debido a la ausencia de infraestructura adecuada y oportunidades económicas.
Castro insiste en que abordar esta problemática exige un enfoque integral y de largo plazo. Es necesario simplificar los trámites administrativos, reducir los costos asociados a la formalización e implementar incentivos concretos para los pequeños empresarios, como programas de financiamiento accesibles y asesorías técnicas. Asimismo, sugiere promover una mayor articulación entre los sectores público y privado para desarrollar políticas inclusivas que fomenten la productividad y la competitividad en todo el territorio nacional.
El círculo vicioso de la informalidad en Perú
El Perú es una de las sociedades más informales de América Latina. Las proyecciones señalan que la informalidad está entre el 60% y el 70% de la economía y la sociedad. Una cifra extremadamente alta para un país de ingreso medio como el nuestro. En el mundo laboral, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 75% del empleo en el Perú es informal; es decir, tres de cada cuatro trabajadores carecen de un sistema de salud y no pertenecen a ningún sistema previsional.
Existen muchas explicaciones sobre la informalidad. Sin embargo, no se debe considerar como un asunto cultural. La prueba de ello son los miles de peruanos que triunfan en el exterior y respetan los estados de derecho de las sociedades desarrolladas. Por ejemplo, la burocratización del Estado en las últimas dos décadas creó una cantidad excesiva de sobrerregulaciones y procedimientos absurdos en ministerios, regiones, municipios y dependencias públicas. Este entramado convirtió al Estado en una muralla contra la inversión privada y las iniciativas de la sociedad.
ENCUESTA de Milagros Calvay
Promesas y Acciones de APEC para la Formalización Económica
Tras la reciente cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Perú dejó importantes compromisos para impulsar la transición hacia una economía formal. Durante el evento, los líderes de las 21 economías aprobaron la Hoja de Ruta de Lima para Promover la Transición a la Economía Formal y Global, considerada el principal entregable de la presidencia peruana en el marco de APEC 2024.
De acuerdo con estimaciones del APEC Policy Support Unit, la contribución del sector informal al Producto Bruto Interno (PBI) del bloque varía significativamente: desde el 8.5% en Estados Unidos hasta el 59.4% en el Perú. La proporción de empleos generados por el sector informal también es elevada, aunque su estimación precisa es compleja debido a las diferencias entre las economías miembro. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que, en economías como Indonesia, Perú y Vietnam, la informalidad laboral alcanza niveles de 81.2%, 71.6% y 67.7%, respectivamente.
En su discurso de clausura, la presidenta Dina Boluarte enfatizó: “Estamos unidos por un compromiso compartido de promover el crecimiento económico y la resiliencia en nuestra región”. Durante la cumbre, el Perú incluyó la lucha contra la informalidad como parte de su agenda permanente en APEC, mediante el Plan de Acción de Aotearoa, priorizó la transición de actores informales hacia la economía formal y global. Este enfoque busca empoderar a los sectores más vulnerables y brindarles herramientas para su inclusión en el comercio global.
La Hoja de Ruta de Lima establece recomendaciones de políticas públicas destinadas a reducir la informalidad económica con un enfoque integral. Este instrumento guía las acciones futuras para reforzar la colaboración y garantizar la resiliencia económica en Asia-Pacífico. Además, plantea estrategias viables para combatir la informalidad y fomentar la innovación y la digitalización en la región.
- Promover la inclusión financiera y la formalización empresarial mediante incentivos fiscales.
- Fomentar el acceso a tecnologías digitales para pequeñas y medianas empresas (PYMES).
- Reducir los costos y barreras regulatorias asociados a la formalización laboral.
Por: Milagros Calvay
