En un fallo histórico, el Tribunal Constitucional del Perú declaró que los jueces tienen facultades para controlar los actos del Congreso cuando estos vulneren derechos fundamentales o principios.
Esta resolución fue tomada debido a un cambio en el Código Procesal Constitucional por parte del Congreso de la República, quienes intentaron variar la cantidad necesaria de votos en una contienda de competencia para determinar cuál de las dos entidades era la más eficiente para regular las acciones.
El Tribunal subrayó que la democracia no es absoluta para ningún poder del Estado, y enfatizó que el control judicial actúa como un mecanismo de equilibrio esencial para evitar abusos de poder. Con esta decisión, se busca evitar que el Legislativo sobrepase sus competencias y se garantice un sistema de contrapesos donde cada poder del Estado funcione de acuerdo con sus límites establecidos.
La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico: mientras algunos celebran el fallo como un avance en la protección de los derechos constitucionales, otros consideran que podría abrir la puerta a una intromisión del Poder Judicial en funciones propias del Poder Legislativo.
El control judicial es una garantía democrática
Para el abogado Joseph Saavedra, el fallo fortalece el sistema democrático, ya que, según él: «Ningún poder del Estado está por encima de la Constitución.»
La sentencia, en su opinión, es esencial para establecer límites y proteger los derechos fundamentales, evitando que el Congreso tome decisiones que puedan perjudicar a la ciudadanía: «La democracia necesita estos frenos y contrapesos; el control judicial es indispensable para evitar abusos y garantizar que el poder Legislativo actúe dentro del marco de la Constitución», sostuvo.
En cuanto a los límites impuestos al Congreso, Saavedra destaca que: «La sentencia deja claro que el Legislativo no tiene un poder ilimitado».
El fallo debilita la autonomía del Congreso
En cambio, el licenciado en derecho penal Luis Rubio advierte que este fallo puede tener un impacto negativo en la democracia al limitar la autonomía del Congreso: “Este fallo representa una interferencia innecesaria en la autonomía de un poder del estado elegido por el pueblo y que debería tener libertad para legislar”. Para él, el Tribunal Constitucional está creando un desequilibrio de poder al controlar los actos del Congreso.
Según Rubio: “Permitir que el Poder Judicial intervenga en decisiones legislativas abre la puerta a la judicialización de la política, lo que puede reducir la eficacia del Congreso.” Considera que el Tribunal Constitucional debería limitar su intervención a circunstancias extraordinarias, pues: “Su rol es proteger la Constitución, pero no al punto de anular la voluntad popular expresada a través de la labor legislativa.”
Impacto en la relación entre el Congreso y el Poder Judicial
Ambos entrevistados coinciden en que este fallo podría afectar la relación entre el Congreso y el Poder Judicial.
Para Saavedra, aunque existe la posibilidad de tensiones a corto plazo, a largo plazo esta decisión contribuirá a un equilibrio saludable entre ambos poderes. Sin embargo, Rubio alerta que este fallo crea un peligroso precedente que puede generar fricciones constantes.
En cuanto al impacto en un contexto político polarizado, ambos reconocen los riesgos, pero desde perspectivas diferentes. Saavedra considera que el control judicial protege a la ciudadanía de decisiones que pueden ser arbitrarias y defiende su importancia en tiempos de inestabilidad política. Por otro lado, Rubio advierte que este control podría ser utilizado como herramienta política para bloquear reformas o decisiones del Congreso que no sean favorables a ciertos intereses, debilitando la democracia y reduciendo la confianza en el sistema.
Con opiniones divididas, queda claro que el fallo del Tribunal Constitucional, aunque busca proteger la constitucionalidad y los derechos ciudadanos, también ha abierto un debate profundo sobre los límites y las competencias de cada poder del Estado.
Mientras el Poder Judicial y el Legislativo encuentran la manera de convivir bajo esta nueva normativa, la sociedad peruana tendrá que observar atentamente cómo se desarrollan estos acontecimientos.
Por: Deborah Madueño
