El exmandatario fue condenado a 25 años de cárcel en 2009. Entre los cargos que enfrentaba están los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta cometidos durante su Gobierno
Fujimori abandonó el penal de Barbadillo alrededor de las 6:30 p.m. Luego abordó un automóvil gris, en medio de decenas de policías, periodistas y otros ciudadanos. Posteriormente, llegó a la casa de su hija Keiko Fujimori, quien junto a su hermano Kenji brindaron declaraciones a los medios fuera de su residencia.
“Hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa». «Como es de público conocimiento su salud es frágil. Y para nosotros, la familia, lo más importante en este momento es cuidarlo, es hacer que poco a poco se recupere», añadió la lideresa de Fuerza Popular. Además, agradeció «a todas las autoridades que hoy permiten que nuestro padre esté en casa».
La organización Human Rights Watch emitió este miércoles una declaración en la que asegura que «conceder un indulto humanitario a Fujimori podría ser compatible con estándares internacionales de derechos humanos siempre que no recibiera un trato especial y su liberación fuera el resultado de una determinación médica independiente, exhaustiva y concluyente que estableciera la gravedad de su estado de salud», por lo que considera que la liberación del expresidente “viola el derecho internacional”.
La salida de prisión de Fujimori responde a que la sentencia del tribunal constitucional ratifica a un fallo anterior de la misma corte, emitido en marzo de 2022, en el que se restituían los efectos del indulto humanitario otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que la Justicia peruana dejó sin efecto un año después, tras lo cual Fujimori regresó a prisión.
CIDH se opuso a liberación de exmandatario
El martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Perú no liberar a Fujimori, con el argumento de que esto afectaría el derecho a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Alberto Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y 2000. Renunció luego de los escándalos de corrupción por los famosos ‘vladivideos’, una colección de videos caseros elaborados por su asesor Vladimiro Montesinos, lo que produjo la renuncia del entonces mandatario.
En 2009, un tribunal especial de la Suprema Corte de Justicia lo condenó a 25 años en prisión por crímenes contra la humanidad. Esto incluyó “su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros”, según relató Human Rights Watch en julio pasado.
Estas acusaciones fueron presentadas en un informe elaborado por la Comisión de Investigación del gobierno de Fujimori en 2002. En ese documento, el Congreso de Perú concluyó que hubo “indicios razonables” para establecer que durante su mandato el presidente “tuvo conocimiento, ordenó, dispuso y/o consintió las actividades delictivas del denominado ‘Grupo Colina’, cuyos integrantes fueron autores de los hechos mencionados.
Conceder un indulto humanitario a Fujimori podría ser compatible con estándares internacionales de derechos humanos siempre que no recibiera un trato especial y su liberación fuera el resultado de una determinación médica independiente, exhaustiva y concluyente que estableciera la gravedad de su estado de salud. El indulto humanitario de Kuczynski no cumplió con esos criterios.
En mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que basa sus decisiones en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las cuales son vinculantes para el Perú, emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de sus sentencias Barrios Altos y La Cantuta, que habían declarado al Perú responsable de gravísimas violaciones de derechos humanos.
La Corte afirmó que existían “serios cuestionamientos” sobre la justificación médica y jurídica del indulto, así como del contexto político en el que se concedió. La Corte pidió al Perú que informara sobre la revisión judicial del indulto que se encontraba pendiente.
En octubre de 2018, un tribunal peruano determinó que el indulto presentaba graves irregularidades y era incompatible con las obligaciones internacionales del Perú. La Corte Suprema luego confirmó el fallo. Fujimori regresó a prisión en enero de 2019.
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional anuló esos fallos y ordenó la liberación del exmandatario. Un mes después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió ordenó al Perú “abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional”, ya que no había cumplido con los estándares internacionales al revisar el indulto humanitario. A partir de esa orden, Fujimori no fue liberado.
Un año y medio después de dicha orden, el Tribunal Constitucional ratificó el cuatro de diciembre de 2023 su fallo anterior y ordenó nuevamente la liberación de Fujimori, argumentando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para emitir órdenes vinculantes cuando está supervisando el cumplimiento de sus sentencias por parte de los Estados.
Sin embargo, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la establece el Tribunal Constitucional del Perú ni ningún otro tribunal nacional, sino la propia Corte Interamericana, basándose en su interpretación de la Convención Americana.
La jurisprudencia de la Corte establece que, a partir de lo dispuesto en la Convención Americana y en su propio reglamento, las resoluciones emitidas como parte de la supervisión de cumplimiento de las sentencias son vinculantes.
“Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas”, declaró Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW.
Fujimori enfrenta otras acusaciones
En diferentes juicios, Fujimori fue declarado culpable de irrumpir en la casa de un exespía para robar videos incriminatorios, tomar dinero del Tesoro del Gobierno para pagar al jefe de espionaje y autorizar escuchas telefónicas ilegales y sobornar a congresistas y periodistas.
En 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado por los llamados ‘diarios Chicha’. La justicia peruana lo acusó por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de las publicaciones en favor de la reelección.
El informe del Congreso de 2002 señaló que durante el Gobierno de Fujimori “sí hubo una política pagada con fondos del Estado” para usar a los medios de comunicación como instrumento político para demoler moralmente a los opositores.
En 2017, Fujimori se salvó de un nuevo juicio por la esterilización a miles de mujeres durante su gobierno. Como respuesta a ello diversos grupos defensores de derechos humanos alegan que la esterilización se le practicó forzosamente a más de 2.000 mujeres durante su mandato, en un intento de reducir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad.
Sin embargo, el fiscal Marco Guzmán concluyó en 2014 que no se cometieron crímenes contra la humanidad durante esa campaña de natalidad a la que se sometieron voluntariamente 300.000 mujeres.
Opiniones a favor y en contra
Desde el Congreso de la República, legisladores de diferentes bancadas reaccionaron a favor y en contra del fallo del colegiado.
Sigrid Bazán de la bancada Juntos por el Perú consideró que la resolución del Tribunal Constitucional “sienta un inaceptable” antecedente y que el exmandatario aún debe ser procesado por denuncias en su contra.
“El Tribunal Constitucional sienta un inaceptable y peligroso precedente al restituir un indulto ilegal y negociado otorgado por PPK. Alberto Fujimori debe cumplir su sentencia en prisión y responder por los crímenes por los que aún no es juzgado (caso Pativilca)”, expresó Bazán mediante su cuenta en Twitter.
Asimismo, Jaime Quito de Perú Libre calificó que la decisión del TC resulta un “atentado contra la memoria y la justicia”. Añadió que a su parecer Fujimori debería cumplir su condena de 25 años en prisión.
“Hoy el Tribunal Constitucional del Perú aprobó el habeas corpus de Alberto Fujimori, convalidando el indulto fraudulento otorgado por el lobista PPK. Es un atentando contra la memoria y la justicia, el exdictador debe cumplir su condena”, manifestó vía redes sociales.
A su turno, Flor Pablo emplazó a que el Tribunal Constitucional debería “hacer cumplir” la sentencia dictada por el Poder Judicial contra el exjefe de Gobierno de 83 años.
“Fujimori está condenado a 25 años de cárcel por violación de DDHH y crímenes de lesa humanidad. En memoria de las víctimas de Barrios Altos y Cantuta, el TC tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas sentencias, respetar la Constitución y los pronunciamientos de la Corte IDH”, sostuvo en Twitter.
Desde la bancada de Fuerza Popular, liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, el parlamentario Ernesto Bustamante se mostró a favor de la resolución del TC.
“Yo estoy a favor de las decisiones judiciales porque hay que respetarlas. Se va a liberar a un magnífico presidente que luchó contra el terrorismo de manera exitosa”, apuntó en diálogo con Canal N.
En la misma línea, Patricia Juárez, perteneciente a la misma bancada, destacó las medidas que se implementaron durante la administración de Alberto Fujimori, entre el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000.
“Alberto Fujimori, el presidente que encaminó al país a un crecimiento sostenido, que acabó con el terrorismo, que generó agroindustria, empleo, seguridad jurídica y llegó hasta el lugar más alejado del país, hoy está libre, finalmente se hizo justicia a través del TC. ¡Bien Perú!”, escribió en Twitter.
