La alta exposición sísmica del Perú, sumada a la precariedad de la infraestructura urbana y la autoconstrucción sin supervisión técnica, convierte a un eventual terremoto de gran magnitud en una amenaza real para la economía y el bienestar de millones de familias. Según César García, analista de Redes para el Desarrollo, la falta de planificación territorial, la informalidad laboral y la débil respuesta institucional agravan el riesgo de colapso social y financiero, por lo que urge fortalecer la resiliencia y la gestión de riesgos desde hoy.
¿Cuáles serían los principales impactos económicos si el Perú sufre un terremoto de esa magnitud en una zona urbana densamente poblada?
Un terremoto de 8 grados en Lima generaría una crisis multidimensional porque Lima produce cerca del 30% del PBI nacional. La parálisis de la capital afectaría cadenas de suministro, comercio exterior, recaudación tributaria y estabilidad financiera. Más de 500 mil viviendas quedarían seriamente afectadas, dejando a medio millón de familias en pérdida patrimonial. La situación se complica porque el 71% de viviendas urbanas son autoconstruidas, muchas sin supervisión técnica, lo que eleva el riesgo de colapso. El golpe sería tan grande que se retrocederían años en desarrollo urbano, seguridad económica y bienestar.
¿Qué sectores productivos resultarían más vulnerables y por qué?
Los sectores más vulnerables serían comercio, servicios, transporte, salud y educación, todos dependientes de infraestructura urbana y concentradores de empleo informal. Cerca del 70% del empleo urbano es informal, lo que expone a millones a perder ingresos de inmediato. Esta fragilidad es comparable a lo que vivimos con la pandemia, cuando muchos perdieron su sustento diario. Además, negocios como mercados, pequeños restaurantes y transporte público quedarían paralizados, afectando directamente a miles de familias sin ahorros ni red de protección.
¿Qué tan preparada está actualmente la economía peruana para enfrentar una catástrofe de este tipo?
Si bien el Perú destaca por reservas internacionales robustas y estabilidad macroeconómica, su alta informalidad y débil infraestructura limitan su verdadera capacidad de respuesta. El 90% de las viviendas se construye sin asesoría técnica ni financiamiento, y solo 1 de cada 5 hogares recibe apoyo profesional. Esta fragilidad estructural implica que, tras un sismo masivo, la recuperación económica y social sería lenta y costosa. Las lecciones de la pandemia demostraron que los indicadores macro no bastan sin reformas profundas y un Estado con capacidad de ejecución real.
¿Cómo afectaría a los ingresos del Estado y al equilibrio fiscal una emergencia de gran escala?
Un terremoto de gran magnitud recortaría drásticamente la recaudación tributaria porque la actividad productiva se detendría, mientras que el gasto público tendría que crecer para atender la emergencia y reconstruir zonas afectadas. Sin fondos de contingencia o seguros catastróficos, el Estado se endeudaría más y tendría que recortar otras áreas clave. La limitada capacidad técnica y financiera de los gobiernos regionales y municipales, sumada a la falta de fiscalización, aumentaría el riesgo de corrupción y gastos mal priorizados, repitiendo reconstrucciones ineficientes.
¿Cuáles son los riesgos que enfrenta el sistema financiero en caso de un terremoto masivo?
El sistema financiero afrontaría riesgos múltiples: de crédito por impagos masivos, de liquidez por retiros de ahorros y operativos si colapsan canales físicos o digitales. El problema estructural es que menos del 10% de viviendas tiene seguro, lo que agrava la pérdida patrimonial y reduce el consumo. Sin consumo, se frena la producción, el empleo y se profundiza la pobreza. Además, la baja inclusión financiera limita la entrega de créditos y subsidios oportunos, como ocurrió durante la pandemia, cuando miles debían ir presencialmente a los bancos para recibir bonos.
¿Qué tipo de políticas públicas deberían estar ya implementadas para mitigar el impacto económico de un desastre natural?
El Perú necesita políticas de formalización de viviendas que brinden asistencia técnica y financiamiento accesible para reducir la vulnerabilidad. Es clave invertir de forma sostenida en infraestructura resiliente y planificación territorial moderna para frenar la expansión urbana desordenada. Por ejemplo, Lima no actualiza su plan urbano desde 1990, mostrando la desconexión entre planificación y realidad. También es fundamental promover una cultura de prevención, ya que menos del 20% de la población participa en simulacros. Finalmente, se requieren fondos de emergencia claros y bien fiscalizados.
¿Qué aprendizajes podemos tomar de otros países que han enfrentado catástrofes similares?
Chile y Japón enfrentan amenazas sísmicas similares, pero reducen el impacto gracias a normas sismo-resistentes, seguros obligatorios y planeamiento urbano moderno. La ciudadanía participa activamente en simulacros y respeta normas, mientras que los municipios tienen funciones claras para la gestión de riesgos. La lección principal es que no basta con tener leyes, sino cumplirlas y financiarlas, además de contar con instituciones fuertes que fiscalicen y minimicen la corrupción. La experiencia chilena y japonesa demuestra que prevenir salva vidas y evita pérdidas económicas mayores.
¿Cómo se puede integrar la resiliencia ante desastres en la planificación económica y territorial del Perú?
Incorporar resiliencia en la planificación exige dejar de aprobar proyectos sin evaluar riesgos sísmicos o climáticos. Es esencial ordenar el territorio, frenar la expansión informal y priorizar obras con impacto territorial real. Lima, por ejemplo, arrastra un plan urbano desactualizado desde hace más de tres décadas, obligando a miles a construir donde no deberían. Para enfrentar desastres naturales y el cambio climático, la resiliencia debe ser parte de la infraestructura y la política pública. Un territorio ordenado es la base de una economía menos vulnerable.
¿Qué papel podrían jugar las redes de ayuda y los organismos multilaterales en la reconstrucción económica tras un desastre?
Los organismos multilaterales y redes de ayuda internacional pueden aportar financiamiento, asistencia técnica y estándares de transparencia. Sin embargo, su apoyo solo funciona si el Estado peruano tiene liderazgo, organiza y rinde cuentas. Es vital tener marcos institucionales que faciliten una ejecución ágil y participativa, para que la cooperación no se pierda por corrupción o mala gestión. La confianza institucional y la fiscalización ciudadana son claves para traducir los recursos internacionales en reconstrucción efectiva y desarrollo sostenible.
¿Qué reformas estructurales urgentes necesita el Perú para enfrentar con mayor fortaleza los efectos económicos de un eventual terremoto?
Para enfrentar mejor un sismo devastador, el Perú necesita reformas valientes: una política nacional de vivienda y suelo centrada en prevención y equidad, planeamiento territorial moderno y descentralizado, un sistema nacional de seguros accesibles y un fondo de emergencia sostenible con reglas claras. Además, urge fortalecer la capacidad técnica de municipios y gobiernos regionales, ya que son la primera línea de respuesta. Reconocer y formalizar la autoconstrucción es clave para que millones de familias no sigan expuestas. Un Perú menos vulnerable depende de instituciones sólidas y ciudadanía empoderada.
