La minería ilegal de oro representa una grave amenaza ambiental en la Amazonía peruana, con impactos como la deforestación y la contaminación de ríos con mercurio. A esto se suma la falta de trazabilidad del mineral, el uso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) como escudo legal y una fiscalización débil, en un contexto político donde los intereses económicos frenan acciones efectivas frente al problema.
¿Cuáles son los principales daños ambientales que causa la minería ilegal, específicamente en la extracción de oro, en regiones de la Amazonía peruana como Madre de Dios y en otras zonas?
La minería ilegal causa múltiples daños ambientales de gran escala y difícil reversión. Uno de los más graves es la contaminación de ríos con mercurio, un metal altamente tóxico usado en la separación del oro, que termina afectando a peces que luego son consumidos tanto por poblaciones urbanas como por comunidades indígenas, lo que representa un riesgo silencioso para la salud humana. A esto se suma la deforestación masiva en zonas aledañas a cuerpos de agua, ya que los mineros talan grandes extensiones de bosque para instalar sus maquinarias e infraestructura básica. Este cambio drástico del paisaje provoca el desplazamiento de fauna y la pérdida de biodiversidad, afectando gravemente el equilibrio ecológico. Si bien hay evidencias en otros países y regiones sobre los efectos en salud, en el Perú demostrar el vínculo directo entre minería ilegal y enfermedades requiere estudios costosos y complejos, lo que limita la respuesta estatal y hace que estos impactos pasen desapercibidos durante años.
¿Qué consecuencias tiene esta contaminación por minería ilegal en las fuentes de agua en los ríos, por ejemplo, amazónicos, y si éstas afectan también a zonas urbanas?
La contaminación de ríos amazónicos por mercurio no se limita al lugar de extracción, ya que las corrientes arrastran estos residuos hacia otras zonas, incluso urbanas. Esto genera un efecto en cadena: peces contaminados son consumidos por personas lejos del foco minero, y en contextos de sequía, la sobreexplotación del agua puede incluso secar fuentes hídricas locales, agudizando la crisis hídrica regional.
¿Cómo repercute esta contaminación en las comunidades indígenas y rurales que dependen directamente del agua para su consumo y actividades diarias?
Las comunidades indígenas son especialmente vulnerables a estos impactos, pues dependen directamente del agua y los peces de los ríos contaminados. Aunque faltan estudios oficiales que lo evidencien con contundencia, ya existen antecedentes de afectaciones en salud en poblaciones alejadas de las zonas de extracción, lo que indica que el problema es más amplio y persistente de lo que muchas veces se reconoce.
Centrándonos en tu investigación sobre la minería ilegal y el lavado de oro, ¿qué tan grave es el problema de inscritos en el Reinfo que no reportan producción semestral de oro entre 2021 y 2023? ¿Y qué implicancias tiene esto para el control estatal?
El Reinfo, que originalmente se creó para registrar y formalizar a los pequeños mineros, se ha convertido en un mecanismo que permite a los ilegales operar sin sanciones. Entre 2021 y 2023, una gran cantidad de inscritos no presentó reportes de producción, lo cual evidencia que muchos están usando este registro como una fachada. Esta situación es grave porque impide que el Estado actúe con firmeza; al estar «formalmente inscritos», estos actores no pueden ser perseguidos penalmente con facilidad, pues alegan estar en proceso de formalización. Así, la fiscalización se diluye, y la ilegalidad encuentra un espacio protegido por vacíos legales. Además, hay evidencia de personas fallecidas o investigadas por delitos que siguen apareciendo como declarantes activos, lo que muestra el nivel de informalidad del sistema y la debilidad estructural del aparato de control estatal.
En este ámbito, ¿cuál sería el rol de las comercializadoras de oro en esta cadena de ilegalidad, especialmente considerando que muchas compran a mineros sin fiscalización ambiental?
Las comercializadoras de oro tienen un rol clave en la legalización del oro de origen ilegal, ya que actualmente no están obligadas a verificar de manera rigurosa el origen del mineral que compran. Con solo emitir una factura, pueden declarar que su operación es legal, sin que exista un sistema de trazabilidad que demuestre si ese oro fue extraído cumpliendo estándares ambientales o sociales. Este vacío normativo permite que el oro ilegal entre fácilmente al mercado formal. Si bien algunas empresas podrían voluntariamente aplicar controles más estrictos, la ley no las obliga a hacerlo, por lo que todo recae en la voluntad del Estado. El problema se agrava porque el alto precio del oro genera grandes intereses económicos, lo que dificulta imponer regulaciones en un sector donde prima el afán de ganancia sobre la sostenibilidad. En contraste, algunos países como Colombia han empezado a experimentar con modelos de trazabilidad más efectivos, que podrían servir como ejemplo para el Perú.
¿Cuáles son los principales vacíos que encuentra o fallas institucionales que permiten ese debilitamiento de este sistema de fiscalización?
Uno de los vacíos estructurales más notorios es la ausencia de una cadena clara y verificable desde la extracción hasta la exportación del oro. El Ministerio de Energía y Minas, a pesar de tener la obligación de supervisar, mantiene registros desactualizados y poco confiables, donde figuran mineros que no cumplen con sus obligaciones, o incluso personas fallecidas. Esta falta de validación se replica a nivel regional, donde las direcciones de minas tampoco ejercen una fiscalización adecuada. Además, instituciones clave como la policía, la SUNAT o el Ministerio del Ambiente no trabajan de manera articulada, y muchas veces no tienen el presupuesto ni el personal necesario para hacer cumplir las normas.
Desde su mirada, ¿qué rol juega esta institución al impulsar estas normas que amplían el Reinfo a pesar de las críticas de procuradores y fiscales ambientales?
El Congreso ha tenido un rol clave, pero lamentablemente en sentido negativo. En lugar de cerrar las puertas a la informalidad, ha aprobado reiteradas ampliaciones del REINFO, a pesar de las advertencias de expertos, procuradores y fiscales. Esto demuestra que existe una fuerte influencia del sector minero informal en las decisiones legislativas, al punto de que congresistas actuales, e incluso presidentes del Congreso han defendido abiertamente a los mineros ilegales. No se trata solo de una omisión, sino de una protección activa de intereses que terminan debilitando aún más la fiscalización ambiental.
¿Qué medidas urgentes deberían tomarse para frenar la minería ilegal y el lavado de oro amparado por la formalización?
Frente a la gravedad del problema, se requieren medidas urgentes, pero también sostenidas en el tiempo. Desde el Ejecutivo, y no necesariamente desde el Congreso, se podría impulsar una normativa más firme que garantice la trazabilidad del oro desde su origen. Esto debe ir acompañado de un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, que actualmente actúan con visiones separadas. Además, es importante tener una mirada social del fenómeno: hay decenas de miles de personas que viven de esta actividad, muchas en situación de pobreza, por lo que no se trata simplemente de erradicar la minería ilegal sin ofrecer alternativas viables. Una estrategia efectiva debe considerar la transición hacia modelos sostenibles de extracción o actividades económicas alternativas, lo que requiere planificación a mediano y largo plazo, con políticas integrales que equilibren el desarrollo económico con la protección ambiental.
Por: Valia Baldeon y Lesly Malma
