Reformas del Congreso debilitan el sistema de justicia

El Congreso de la República del Perú ha generado controversia tras aprobar reformas que trasladan la responsabilidad de las investigaciones preliminares al cuerpo de la Policía Nacional del Perú (PNP), debilitando la autonomía del Ministerio Público. Esta medida, junto con la propuesta de la Ley 32108 para combatir el «terrorismo urbano», han sido señaladas como un riesgo para las libertades civiles.

Ley 32108 

La Ley 32108 propone incluir actividades como disturbios en entornos urbanos dentro de la categoría de terrorismo urbano, lo que podría permitir a las autoridades clasificar ciertas protestas como actos de terrorismo. Esto ha levantado alarmas entre los defensores de los derechos humanos, quienes advierten que el uso de esta ley podría tener efectos negativos sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.

La abogada Paola Cáceres advirtió a Diario La Otra Cara sobre los riesgos legales y constitucionales de esta medida: “Lo que necesitamos es trabajar primero en la educación en nuestro país, debemos reforzar la inteligencia policial, hacer más efectivo el proceso penal, creando delitos y aumentando penas no vamos a conseguir nada y de esos somos testigos ya hace muchos años. Creo que este proyecto no va a prosperar, con el nombre que le quieran dar en el congreso, solo lo veo como un acto populista.

Cuando le preguntamos al licenciado en derecho Luis Rubio acerca de la diferencia entre la antigua y nueva Ley 32108 nos respondió: “La diferencia principal radica en la ampliación del concepto de terrorismo para incluir actividades consideradas como disturbios urbanos, lo cual podría ser confuso para muchos, sobre todo para las fuerzas del orden. Actualmente, el Código Penal se enfoca en actos terroristas organizados, mientras que la nueva ley busca abarcar delitos menores bajo el mismo término, lo cual plantea riesgos de interpretación con las manifestaciones pacíficas a las que los ciudadanos tienen derecho.”

Uno de los mayores riesgos que puede traer el cambio de definición de esta ley es una clara transgresión a la libertad de expresión y reunión de todos los ciudadanos, esto sin mencionar que es muy probable que las autoridades tomen esta medida como un método de retención para la participación ciudadana en temas políticos y sociales, como se ha visto en los últimos meses. 

Policía Nacional sobrecargada

Con la delegación de las investigaciones preliminares, la PNP ahora tiene la responsabilidad de llevar a cabo tareas que previamente correspondía al Ministerio Público. Sin embargo, la institución enfrenta limitaciones significativas en cuanto a recursos y entrenamiento especializado. 

Sin un incremento considerable en el presupuesto ni capacitación técnica para las diversas ramas de la policía, se teme que no se esté preparando a los efectivos policiales para llevar a cabo las investigaciones más complejas de forma eficiente. Esto podría resultar en un sin fin de archivos deficientes que afectan la forma de analizar los casos criminales, esto daría como resultado la poca efectividad para cerrar las investigaciones y comprometiendo los derechos de los investigados. 

El suboficial Francisco Saavedra describió cómo estas reformas han impactado la labor de la Policía Nacional. “Ahora asumimos investigaciones que antes le correspondía al Ministerio Público, lo que ha generado un incremento de trabajo sin precedentes y es algo a lo que no estábamos preparados”, afirmó. Saavedra mencionó que la PNP carece de suficiente entrenamiento en materia jurídica como para manejar casos complejos. “Nos enfrentamos a desafíos con la nueva ley de terrorismo urbano y todo el caos que puede haber tras de ella, pues si le soy sincero ni yo mismo como suboficial estoy muy de acuerdo con las nuevas terminologías que quieren incluir, si alguien como yo que lleva años en la fuerza no puede determinar cuándo es o no terrorismo urbano no quiero ni imaginar a los oficiales que recién están uniéndose.”  

Algo es claro, la relación entre la PNP y el Ministerio Público se ha visto afectada por estas medidas, con tensiones en torno a las nuevas responsabilidades asignadas a la policía.

Por: Deborah Madueño