A inicios del año 2003, organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente Peruano (ORPIO) solicitaron la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, en la región Loreto, con el objetivo de proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Aunque en 2018 el Estado peruano reconoció oficialmente la presencia de estos pueblos mediante decreto supremo, la reserva aún no ha sido aprobada.
La última fase del proceso, el estudio adicional de categorización del territorio, ha sido completada y la votación en la Comisión Multisectorial PIACI ha sido convocada para el 4 de septiembre de este año, según anunció el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla.
Esta comisión está conformada por entidades estatales y representantes de organizaciones indígenas nacionales como AIDESEP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), quienes deberán decidir si aprueban la creación de la reserva o postergan nuevamente su implementación.
Yavarí Mirim abarca una de las zonas más biodiversas y remotas del país, ubicada en la frontera con Brasil. Limita con la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, creada en 2022, y forma parte de un corredor ecológico y cultural donde existen pueblos no contactados pertenecientes a familias lingüísticas como los Matsés, Remo, Yagua o Tikuna.
Según ORPIO, estos pueblos enfrentan un alto riesgo de contacto forzado y enfermedades por no contar con defensas inmunológicas. “Estos son los pueblos más vulnerables de todos los grupos vulnerables que pueden existir en el país y tal vez en el mundo”, indicó Héctor Rodríguez, representante legal de la organización.
A pesar de los avances técnicos y legales, diversos factores han frenado el proceso. Uno de ellos es la falta de voluntad política del Estado, evidenciada en la suspensión temporal de la comisión encargada y la débil presencia institucional en la Amazonía. Rodríguez explicó que “el trabajo ha sido de arriba hacia abajo. Las decisiones se toman en Lima y las comunidades no siempre están informadas”.
El área propuesta como reserva está expuesta a múltiples amenazas, tanto legales como ilegales. Entre ellas destacan las concesiones forestales otorgadas por el Gobierno Regional de Loreto, los contratos para hidrocarburos gestionados por Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas, y el avance del narcotráfico en el eje fronterizo entre Perú, Brasil y Colombia.
Informes recientes de organizaciones como MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Project) y Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi) indican que solo en 2024 se registraron más de 9,500 alertas de deforestación en el área propuesta como reserva. Esta situación incrementa el riesgo territorial y sanitario para los pueblos indígenas en aislamiento.
Frente a ello, ORPIO ha promovido la figura de corredores territoriales PIACI, que busca integrar reservas, comunidades nativas y áreas naturales protegidas en un enfoque de protección articulada. “Nuestra propuesta busca articular territorios para una mejor coordinación desde las comunidades”, señaló Rodríguez.
La organización también ha firmado convenios con entidades como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), para ejecutar monitoreos conjuntos en territorios superpuestos, y mantiene cooperación con agencias internacionales para financiar labores de vigilancia indígena y defensa legal.
La creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim continúa siendo un tema pendiente. Su aprobación definirá no solo la seguridad territorial de los PIACI, sino también el cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano en materia de derechos humanos, salud pública y conservación ambiental.
Por: Valia Baldeon
