La presidenta Dina Boluarte no firmó el Decreto Supremo emitido el 29 de junio de 2023, mientras se recuperaba de una cirugía estética. Así lo concluyó una pericia grafotécnica del Ministerio Público, que determinó que la rúbrica del documento no corresponde a su trazo habitual, hecho que ha generado dudas sobre la legalidad de los actos ejecutivos suscritos en ese periodo.
El Decreto Supremo N.º 017-2023, publicado el 29 de junio de 2023, tenía como objetivo modificar el manual de advertencias publicitarias exigidas por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. En el documento aparece una firma atribuida a la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, una pericia grafotécnica concluyó que esta rúbrica no fue realizada por ella.
El informe pericial elaborado por el Instituto de Medicina Legal, fue presentado el 13 de junio de 2025 ante el Ministerio Público. La evaluación fue solicitada como parte de las investigaciones iniciadas tras conocerse que Boluarte se habría sometido a una cirugía estética alrededor de la fecha en que se emitió el decreto. El procedimiento médico habría impedido que firmara documentos oficiales.
La pericia también cuestiona la autenticidad de otra firma atribuida a la mandataria en una carta enviada el 3 de abril de 2023. Esto ha ampliado el margen de duda sobre posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante ese periodo.
Durante los días en que se presume que la presidenta estaba en recuperación, no se emitió ningún comunicado oficial sobre su ausencia temporal, ni se delegaron funciones al presidente del Consejo de Ministros, como establece la Constitución en caso de impedimento del jefe de Estado.
Según el abogado Juan Rodríguez, especialista en Derecho Penal y Administrativo Disciplinario, y oficial de la Policía Nacional del Perú, este caso podría configurar un posible delito de falsedad ideológica en documento público, si se confirma que la firma fue insertada sin la intervención directa de la mandataria. La firma de documentos oficiales sin presencia ni delegación expresa de la autoridad competente vulnera principios fundamentales del derecho administrativo y del orden constitucional. Desde el punto de vista disciplinario, el hecho podría representar una omisión de funciones, al no haberse comunicado oficialmente la imposibilidad de la presidenta para ejercer el cargo. Toda ausencia del jefe de Estado, especialmente por razones médicas, debe ser comunicada formalmente para preservar la legalidad y la transparencia del acto administrativo.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha ofrecido una explicación pública sobre la firma cuestionada ni sobre los procedimientos adoptados durante el periodo en el que la mandataria estuvo fuera de funciones. El Ministerio Público continúa con las investigaciones, y no se descarta que se abran nuevas diligencias en el ámbito penal y constitucional. El caso reabre el debate sobre los límites del poder presidencial, la necesidad de transparencia en el ejercicio del cargo y la importancia de garantizar que los actos oficiales se ajusten a la legalidad.
Por: Diego Chávez
