En los últimos años, se observa el uso frecuente del estado de emergencia, una medida extraordinaria que suspende o limita derechos constitucionales por parte de gobiernos que enfrentan crisis de diversos tipos como podrían ser la inseguridad ciudadana, protestas sociales, salud pública, entre otros. En principio, se tiene esta medida para responder a situaciones graves y puntuales, pero lo que se ve últimamente es un patrón repetitivo que pone en riesgo la credibilidad institucional y los derechos humanos.
En el contexto peruano, éste se ha convertido en una práctica recurrente por parte de los gobiernos de turno. Según datos recopilados por Diario La Otra Cara, la exmandataria Dina Boluarte fue la presidenta que más veces recurrió a esta figura legal, con nueve declaratorias, que acumuló un total de 343 días bajo restricciones, equivalente a cerca de un año. Por su parte, Pedro Castillo, decretó siete estados de emergencia en su mandato, que en conjunto sumó 315 días.
Expertos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) advierten que esta repetición constante refleja una dependencia política del recurso de emergencia como mecanismo de respuesta ante crisis, especialmente frente a la inseguridad ciudadana. Según el organismo, estas acciones “no han demostrado ser efectivas para combatir la delincuencia”, sino que funcionan como una señal simbólica de autoridad ante la presión pública.
Además, especialistas sostienen que la continua aplicación de estados de emergencia erosiona los derechos constitucionales y debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La suspensión prolongada de libertades, como la libre reunión o el tránsito, genera un escenario en el que las medidas excepcionales pierden su carácter temporal y se transforman en una herramienta política de control social.
Actualmente, la tendencia se repite. La reciente decisión del Gobierno de declarar en emergencia a Lima y Callao por motivos de seguridad ciudadana refuerza la percepción pública acerca del Estado y su recurrencia automática a esta medida. Los analistas coinciden en que, mientras no existan políticas estructurales en materia de seguridad, justicia y prevención, el Perú seguirá atrapado en un ciclo repetitivo de crisis y emergencia, sin resolver las causas profundas de la violencia y el desorden social.
Por: Massiel Vasquez
