El periodista Jaime Chincha, falleció a los 48 años por un infarto en su vivienda en Miraflores. Su deceso generó conmoción en medios de comunicación, redes sociales y entre sus colegas. A su vez, desató un debate sobre el manejo institucional de su certificado de defunción y los vacíos entre lo institucional y lo ciudadano.
Jaime fue hallado sin vida en su vivienda de Miraflores el domingo 7 de septiembre. Según el parte policial, la muerte habría ocurrido por un infarto. Al llegar al lugar, personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público realizaron las diligencias preliminares, mientras la noticia circulaba por las redes sociales y medios de comunicación.
La Policía reveló que el certificado de defunción había sido emitido de manera irregular. El médico firmante declaró ante las autoridades que no era el tratante de Chincha ni acudió al domicilio, sino que firmó el documento a pedido de un familiar, a través de una agencia funeraria. Esta situación generó preocupación, ya que contraviene los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para el levantamiento de cadáveres.
Tras conocer estas irregularidades, la PNP informó que solicitó al Ministerio Público la realización de una necropsia de ley y el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, la Fiscalía decidió no abrir investigación preliminar ni autorizar la necropsia, al considerar que no existían indicios suficientes de un hecho delictivo. Esta decisión ha generado cuestionamientos públicos y abrió un debate sobre la actuación de las instituciones.
El manejo de este caso ha provocado reacciones divididas: mientras colegas, gremios periodísticos y ciudadanos lamentan su muerte, también expresan preocupación por la falta de transparencia y rigurosidad institucional. El hecho de que existan dudas en un procedimiento tan sensible refleja una crisis de confianza que afecta directamente el vínculo entre Estado y ciudadanía.
Según Hilda Otoya, socióloga y docente universitaria, la muerte de una figura mediática como Jaime Chincha no solo genera conmoción por su repentina partida, sino también porque revela las grietas de confianza que existen entre la ciudadanía y las instituciones públicas.
Cuando aparecen irregularidades incluso en un procedimiento tan sensible como un certificado de defunción, la percepción social es que nada funciona con transparencia.Este tipo de hechos refuerzan un sentimiento de desprotección: si ni en la muerte se garantiza rigurosidad, la gente se pregunta qué pueden esperar en situaciones cotidianas. Por eso, más allá del impacto emocional, el caso de Jaime Chincha abre un debate urgente sobre la responsabilidad institucional y el derecho ciudadano a la verdad.
La muerte de Jaime Chincha no solo deja un vacío en el periodismo peruano, sino que también expone la fragilidad de las instituciones encargadas de resguardar la verdad. Las autoridades continúan evaluando el proceso tras su fallecimiento, luego de que la Policía informara sobre irregularidades en su certificado de defunción.
Por: Diego Chavez
