El imponente perfil de Machu Picchu no solo representa, desde hace décadas, la postal viva del turismo peruano, sino también la base de una economía local que respira entre senderos, trenes y manos que subsisten de cada visitante. La ciudadela inca, reconocida como una de las siete maravillas del mundo moderno, ahora figura en la lista negra de destinos turísticos globales elaborada por Travel and Tour World (TTW): una alerta que pone en riesgo su reputación y, sobre todo, los ingresos de cientos de familias.
Más que una ruina majestuosa, Machu Picchu sostiene cada año a cerca de 30 mil personas, según estimaciones de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu y gremios de operadores turísticos. En 2023, el sitio atrajo a más de 1.4 millones de turistas, generando alrededor de 180 millones de dólares en ingresos directos de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). A eso se suma la cadena de hoteles, transporte ferroviario y servicios básicos que alimenta la economía regional. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 70% de la población local depende de forma directa o indirecta del flujo de visitantes, un caudal frágil cuando la fama se convierte en advertencia global.
Detrás de cada fotografía en la cima y cada paso sobre la piedra ancestral surgen preguntas inevitables: ¿Qué pasa cuando la popularidad devora la historia que se busca proteger? ¿Hasta dónde resiste una economía informal cuando su mayor tesoro recibe una alerta mundial? En esa tensión entre maravilla y saturación se juega hoy el destino de la ciudadela inca y de la gente que la mantiene viva.
El costo de la fama: turistas sí, riqueza no
El flujo de visitantes que llega cada día a Machu Picchu parece una bendición que nunca se agota, pero la distribución de esa riqueza deja un paisaje desigual. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), destinos con alta dependencia de un solo atractivo corren el riesgo de concentrar ingresos en grandes operadores, mientras la base local se queda con lo mínimo. En el caso de Machu Picchu, un informe de CooperAcción (2024) detalla que cerca del 55% de lo que gasta un turista se destina a boletos de tren y entradas, operados principalmente por grandes concesionarias, y apenas un 30% beneficia directamente a negocios locales como hospedajes, restaurantes y guías independientes.
Datos de la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Machu Picchu revelan que el ingreso promedio de un trabajador del sector informal ronda los 50 a 70 soles diarios, mientras que el gasto promedio de un turista por día puede superar los 250 dólares, sumando transporte, ingreso y alimentación. Esta brecha se refleja también en la falta de servicios básicos: menos del 40% de trabajadores informales vinculados al turismo accede a seguro de salud o aportes a pensiones, según cifras de la OIT.
Para la mayoría de familias locales, la prosperidad turística se convierte en una carrera contra la inestabilidad. Cada bloqueo de vías, cada protesta por la gestión de boletos o una alerta internacional como la reciente lista negra de Travel and Tour World dispara cancelaciones y pérdidas inmediatas. Mientras las imágenes de la ciudadela se viralizan, la distribución de la bonanza sigue sin cerrar la brecha entre la postal perfecta y la precariedad que se respira en el pueblo.
¿Quién controla la puerta de la ciudadela?
El acceso a Machu Picchu siempre ha sido más que un boleto: es un negocio millonario que pocos manejan con transparencia. Solo en 2023, la venta de entradas generó cerca de US$ 55 millones, según datos del Ministerio de Cultura, mientras que los servicios de tren, operados principalmente por concesionarias privadas, facturaron más de US$ 100 millones ese mismo año, de acuerdo con el último informe de PerúRail. A pesar de estas cifras, la comunidad local asegura que no recibe una parte justa de la recaudación.
La tensión estalló a inicios de 2024, cuando la implementación de la plataforma Joinnus para la venta online de entradas provocó protestas y bloqueos de vías férreas. Los gremios locales denunciaron que este sistema se adjudicó sin consulta y que favorece a revendedores. Según la Defensoría del Pueblo, solo en la primera semana de operación se detectaron irregularidades como boletos revendidos hasta un 300% por encima de su precio oficial. La presión obligó al gobierno a suspender el contrato y prometer un nuevo sistema más transparente.
En paralelo, la falta de un control único y eficiente alimenta la corrupción y la sobreventa de cupos. Para la Contraloría General de la República, cada entrada ilegal o clonada significa una pérdida directa para el Estado y para las comunidades que dependen de ese ingreso para infraestructura básica. Mientras no exista un modelo de gestión claro y participativo, la pregunta sobre quién vigila la puerta de la ciudadela seguirá sin respuesta.
Cuando la tierra sagrada se fragmenta
El esplendor de Machu Picchu no se limita a sus muros de piedra: abarca valles, rutas alternas y comunidades que, durante siglos, protegieron este legado sin recibir parte justa de los beneficios. El crecimiento del turismo concentrado solo en la ciudadela ha marginado a más de 10 comunidades que podrían integrarse como rutas complementarias, según la Asociación Nacional de Guías Oficiales de Turismo del Perú (ANGOTUR PERÚ).
Datos de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC) revelan que, mientras Machu Picchu recibe en promedio 5,000 turistas diarios, rutas como Choquequirao, Vilcabamba o Lares Trek apenas alcanzan los 300 visitantes al mes. Esta brecha limita la generación de empleo rural y deja sin fondos la conservación de otros sitios arqueológicos que podrían aliviar la presión sobre la ciudadela inca.
Organizaciones como la Red de Turismo Comunitario del Perú calculan que la diversificación de rutas permitiría beneficiar directamente a más de 2,500 familias campesinas, a través de albergues rurales, venta de artesanías y guías locales. Sin embargo, la falta de inversión en caminos, señalización y promoción mantiene estas alternativas invisibles para la mayoría de turistas. En el debate sobre la lista negra, muchos líderes comunales recuerdan que proteger Machu Picchu también significa abrir nuevas puertas para que la historia viva no se fragmente.
Machu Picchu, alerta global y economía en vilo
Para algunos especialistas, aparecer en la lista negra de destinos saturados representa una advertencia ética para frenar la destrucción ambiental y cultural de Machu Picchu. Cuando hablamos de Machu Picchu, hablamos de economía, señala el economista César García, añadiendo que mueve una cadena enorme de actividades económicas como hotelería, gastronomía, transporte, entre otros. Para otros, se siente como una condena directa a una economía local sin redes de protección. Según el ranking 2024 de Travel and Tour World, Machu Picchu ingresó junto a Venecia, Dubrovnik y Santorini, todos marcados por el exceso de turistas, la falta de planificación y la presión sobre sus comunidades.
La Red Internacional de Turismo Sostenible (ISTN) estima que la sobrecarga de visitantes eleva hasta en 500% los costos de mantenimiento de sitios arqueológicos y acelera el desgaste estructural. El Plan Maestro de Conservación de Machu Picchu 2023–2027, validado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, recomienda un máximo de 2,500 a 3,000 turistas diarios, pero reportes internos señalan que en temporadas pico la cifra real supera los 5,200 ingresos cada día. Había demasiada gente, se empujaban y hubo una gran incomodidad, señaló Yessenia Arteaga sobre su viaje en tren hacia Machu Picchu. “Una cosa de locos”, afirmó.
Mientras las autoridades peruanas debaten nuevas reglas para balancear conservación y acceso, guías turísticos y emprendedores locales advierten que la etiqueta de ‘saturado’ frena reservas, cancela paquetes y ahuyenta inversiones. La Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) calcula que un descenso del 20% en la llegada de turistas internacionales generaría una pérdida de más de US$ 35 millones anuales para la economía local. Entre la protección del patrimonio y la subsistencia, la pregunta sigue abierta: ¿Qué tan caro puede costar ser famoso?
Más allá de la ciudadela: un futuro que no depende de una sola piedra
Machu Picchu no debería cargar sola con el peso de toda una región. Para muchos expertos en planificación territorial, la verdadera salida a la crisis pasa por diversificar la oferta y repartir el beneficio turístico a lo largo del valle. Según cifras del Centro Bartolomé de Las Casas, solo el 15% de los visitantes que llegan a Cusco se animan a conocer rutas alternas como Choquequirao o Lares Trek, a pesar de su enorme potencial arqueológico y natural.
Estudios de la Cámara de Turismo del Valle Sagrado calculan que un plan de integración turística bien financiado podría duplicar los ingresos de más de 3,000 familias campesinas que hoy viven con ingresos estacionales. Sin embargo, la falta de infraestructura básica —carreteras, señalización, servicios sanitarios— convierte estas alternativas en rutas invisibles. A eso se suma la débil articulación entre municipios y comunidades para gestionar la llegada de visitantes de forma sostenible.
El futuro, advierten organizaciones como Turismo Cuida, se juega en abrir la mirada a toda la red de sitios históricos, centros de producción agrícola y experiencias culturales vivas. Si Machu Picchu enseña hoy una lección, es que depender de un solo atractivo vuelve frágil la economía regional. Repartir el flujo, compartir la historia y conectar a más pueblos puede ser la única forma de mantener viva la maravilla sin sacrificar a quienes la sostienen.
