Las organizaciones criminales han hecho que la extorsión sea su método de control afectando a diferentes gremios, y las empresas de transporte han sido uno de los sectores más perjudicados. Ante esta situación se realizó un paro de transportistas, ocurrido el 26 de septiembre, en el que exigieron medidas más contundentes de las autoridades para frenar la violencia y recuperar la seguridad.
En respuesta a la creciente inseguridad, el Congreso empezó a discutir sobre la implementación de la ley de terrorismo urbano que busca la tipificación del delito de terrorismo urbano, centrado en sancionar a los que cometen sicariato, extorsión, secuestro y otros actos criminales. Sin embargo, esta propuesta legislativa que busca frenar la ola de extorsiones, ocasionó un intenso debate, pues según expertos señalan que la creación de esta nueva categoría en el Código Penal, no resolvería los crímenes.
El abogado Ángel Valverde Cruz, especializado en gestión pública en área penal, señaló que esta iniciativa legal es una medida populista y que no tendrá efecto para combatir estos actos criminales.
Por: Zoila Tito
