La región de Moquegua, en medio de una creciente protesta. La población local inició un paro indefinido desde el 3 de diciembre, exigiendo soluciones inmediatas al gobierno ante presunta contaminación por actividad minera que afectaría a los ríos Coralaque y Tambo. Estos ríos son importantes fuentes hídricas para la agricultura y consumo de agua en la región. El conflicto ha escalado en las últimas semanas, ya que tanto la población como las autoridades locales expresan su preocupación por posible pérdida de recursos hídricos.
Contaminación de ríos
El principal motivo del paro proviene de las operaciones de la empresa minera Aruntani SAC, acusada de estar vinculada a la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo con residuos de metales pesados, lo que habría generado que el río Coralaque transportara líquidos ácidos. Esta situación ha generado graves estragos tanto en la salud pública como la agricultura de la zona. Se estima que más del 60% de los hogares en Moquegua dependen directamente de la actividad agrícola, y la situación es aún más grave en las zonas rurales, donde el acceso al agua potable es limitado.
Según el Gerente General del Gobierno regional de Moquegua, Hugo Espinoza: “La situación es insostenible, no se puede permitir que los recursos naturales sean destruidos de esa manera. El estado no debe quedarse de brazos cruzados”.
Antecedentes de la empresa minera
La empresa minera Arutani SAC, ha recibido numerosas sanciones a lo largo de los años debido a sus prácticas ambientales, particularmente relacionadas con la contaminación de fuentes hídricas en regiones como Moquegua, Arequipa y Puno.
La intensificación de la actividad minera ha generado preocupación por la calidad del agua y el impacto en las comunidades cercanas. Las sanciones están relacionadas con la detección de niveles de metales pesados, como arsénico, zinc y cobre, que habrían superado los límites establecidos por la normativa ambiental, lo que derivó en la imposición de multas por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). No obstante, sectores de la población y autoridades locales han señalado que Aruntani no habría asumido plenamente sus responsabilidades de remediación, generando cuestionamientos sobre un posible traslado de estas obligaciones al Estado.
Por otro lado, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió la Resolución Directoral N° 0518-2024 en el mes de septiembre de este año, donde se le atribuye responsabilidad a la empresa Aruntani por la contaminación de fuentes naturales de ríos como Chacapalca y Llallimayo, ubicados en Puno. Además, se le acusa de infringir la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que prohíbe la contaminación de fuentes naturales de agua.
Principales demandas
Diversas autoridades regionales, provinciales y distritales de Moquegua emitieron un pronunciamiento ante la crítica situación que atraviesa la región. En dicho documento se plantean demandas dirigidas al gobierno, principalmente relacionadas con la contaminación de los ríos. Entre las peticiones destacan el cumplimiento de los acuerdos previos alcanzados en la mesa de diálogo, la implementación de medidas inmediatas para revertir y recuperar las aguas contaminadas, así como una distribución equitativa de los recursos hídricos, entre otras. Estas demandas reflejan la necesidad urgente de acciones concretas que mitiguen el impacto en la salud pública, la agricultura y la calidad de los recursos hídricos en la región.
Impacto en la economía local
Las huelgas tienen un impacto directo en la economía de la zona, especialmente en el sector agrícola. Miles de camiones cargados con frutas y verduras han quedado varados debido a los bloqueos en las principales vías de la ciudad. Según la Asociación de Productores Agropecuarios de Moquegua, al menos 200 toneladas de productos están paralizadas, lo que representa pérdidas significativas para los agricultores locales.
Según Carlos Sánchez, agricultor de la zona, el malestar sigue creciendo y se espera que las autoridades hagan algo al respecto. “Estamos perdiendo las cosechas, nuestras inversiones, por culpa de la contaminación de los ríos, y el gobierno no hace nada. Este paro es nuestra última carta”.
Falta de respuestas claras
A pesar de las numerosas denuncias, las autoridades correspondientes no han logrado garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales por parte de las empresas mineras. Desde el gobierno central se ha expresado preocupación por el paro indefinido en Moquegua; sin embargo, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas ni respuestas a los requerimientos de la población. Las autoridades de Moquegua, por su parte, han asegurado estar dispuestas a establecer una mesa de diálogo con el objetivo de llegar a un acuerdo sostenible.
Según Dereck Quispe, relacionista comunitario, es importante que se trabaje en generar confianza con la población, con el fin de llegar a un acuerdo que los beneficie. “En estos casos, la población puede sentir desconfianza, porque, a pesar de que la empresa haya recibido sanciones, no han sido asumidas completamente. Las comunidades locales, dependientes de estos ríos para su consumo, al no recibir una respuesta o solución, sienten frustración. Es importante que el gobierno, junto con las autoridades locales y la empresa, tengan una mesa de diálogo para encontrar soluciones que, de alguna manera, restauren la confianza de las poblaciones afectadas”.
Redactado por: Perez Saavedra Yudith