El aire limeño se ha cargado de la familiar tensión judicial que envuelve a Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, enfrentando una contundente acusación fiscal en el emblemático «Caso Cócteles». Esta vez, el Ministerio Público, a través del Equipo Especial Lava Jato, ha elevado la vara solicitando 35 años de prisión para la excandidata presidencial, una cifra que resuena con fuerza en el panorama político.
La noticia que ha dominado los titulares en los últimos días no es un eco del pasado, sino el resultado de un persistente proceso judicial. Apenas el 3 de julio, el fiscal Domingo Pérez, rostro visible de la lucha anticorrupción, presentó formalmente esta nueva acusación penal. Los cargos no han cambiado en esencia, se mantiene en organización criminal y lavado de activos, sumados a delitos como obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La tesis fiscal fundamenta que Fuerza Popular, habría funcionado como una organización criminal para lavar dinero ilícito recibido de la constructora brasileña Odebrecht y de grandes grupos económicos peruanos, disfrazando estos aportes a través de una serie de eventos, llamado los famosos «cócteles», que sirvieron de fachada para la recaudación de fondos en las campañas electorales de 2011 y 2016.
A estas alturas la pregunta es: ¿por qué una «nueva» acusación? La respuesta se encuentra en una reciente decisión judicial realizada en enero de 2025, donde el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, con un voto en contra, anuló el juicio oral del “Caso Cócteles”. Esta decisión fue ratificada en abril de 2025 donde el Poder Judicial, cumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023, que ya había señalado «vulneraciones al debido proceso» en la acusación original, se vio forzado a invalidar el enjuiciamiento. La anulación no implicó que se archivara el caso, sino la exigencia de que la Fiscalía replanteara su acusación, corrigiendo los errores señalados por las instancias superiores.
Este retroceso no fue visto como una derrota por el Ministerio Público, sino como una oportunidad para blindar su caso. Con el respaldo del coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, el fiscal Pérez se ha embarcado en la tarea de presentar una acusación que a su juicio subsane las observaciones y resista futuras defensas. El resultado es esta nueva embestida, con la notable elevación de la pena solicitada de 30 a 35 años de cárcel, no solo para Keiko Fujimori, sino también para su exesposo Mark Vito Villanella y otros acusados como Jaime Yoshiyama, entre otros dirigentes y aportantes de Fuerza Popular.
La defensa no ha tardado en reaccionar, las declaraciones han sido contundentes y reflejan una posición inamovible: «No solo es carente de objetividad, sino que está al margen de la ley», afirmó Loza el mismo día en que se conoció la nueva acusación. Para la abogada, es una muestra más de una «persecución política sistemática» que busca anular a Keiko Fujimori sin pruebas contundentes ni garantías procesales. La estrategia defensiva se centra en denunciar la arbitrariedad del proceso y la supuesta falta de fundamentación probatoria de los cargos.
El camino judicial para el Caso Cócteles no será corto, ya que, con la nueva acusación presentada, el juez de investigación preparatoria, Wilson Verástegui Gálvez, ha ordenado el traslado de la nueva denuncia a todas las partes involucradas. Esto marca el inicio formal del proceso, una fase crucial donde ambas partes tendrán un plazo de 30 días para revisar la carpeta, absolver observaciones y preparar el terreno para un eventual nuevo juicio oral.
El Caso Cócteles no es solo un expediente judicial, sino un reflejo de la polarización política y la profunda desconfianza en las instituciones peruanas. Para la Fiscalía, representa la prueba de un esquema de lavado de activos sofisticado en las altas esferas del poder. Para la defensa se trata de una persecución política que busca destruir a una de las figuras más influyentes del país.
Mientras la maquinaria judicial avanza, la opinión pública permanece dividida. Cada nueva revelación y cada decisión judicial se convierte en munición para un lado u otro. Keiko Fujimori sigue siendo una pieza clave en el ajedrez político. El desenlace de este «nuevo» capítulo del Caso Cócteles no solo determinará el destino de la lideresa fujimorista, sino que también sentará un precedente sobre la independencia y la eficacia de la justicia en el Perú en una batalla legal que parece no tener un final cercano. La cuerda sigue tensándose, y el futuro del caso, así como el de la política peruana, permanece en el aire.
Por: Belén Arce
