En meses marcados por la inestabilidad política y social, conversamos con el economista Carlos Juscamayta, también candidato a la alcaldía de El Agustino, para analizar el estado actual de la economía peruana. En esta entrevista exclusiva, el especialista aborda temas fundamentales como el comportamiento del PBI, el impacto de la crisis política en la economia, el avance de la informalidad y la precariedad del empleo en el país. Juscamayta advierte que el rumbo de la economía dependerá en gran medida de la claridad política y de quién asuma el liderazgo del país en las próximas elecciones generales.
¿Cuál es su análisis general de la economía peruana?
La economía peruana muestra algunas fortalezas, pero también enfrenta desafíos que no han sido debidamente atendidos en los últimos años. A nivel macroeconómico, mantenemos cierta estabilidad. El 2024 cerramos con una inflación en torno al 2 %, dentro de lo previsto por el Banco Central de Reserva del Perú, y un crecimiento del PBI de aproximadamente 3 %. Además, el inicio de operaciones del megapuerto de Chancay abre nuevas oportunidades; se estima que su impacto sumaría entre 1.2 y 1.3 puntos porcentuales al PBI. En el primer semestre de este año, la recaudación tributaria también creció en unos 400 millones de soles, lo cual es un indicador positivo.
A pesar del crecimiento del PBI, ¿por qué no se percibe desarrollo y cuáles son los riesgos que afectan a la sociedad?
Porque el crecimiento económico no necesariamente se traduce en bienestar. Existen múltiples riesgos que limitan el desarrollo: la inestabilidad política, los fenómenos climáticos —como El Niño, que en 2017 redujo el PBI en 1.5 %—, y los conflictos sociales, que superan los 200 a nivel nacional, con más del 70 % aún activos. La inseguridad también afecta: este año ya se han cerrado mil bodegas y más de 100 colegios privados, sumando 400 en los últimos dos años. A esto se suma el retroceso en el Índice de Desarrollo Humano, de 7.9 a 7.6, y un aumento de la pobreza extrema, que afecta a quienes viven con menos de 255 soles al mes.
¿Cómo se está manejando la política económica por parte del Estado y cómo afecta esto a los recursos?
El manejo económico enfrenta tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. Recientemente, el Congreso modificó el IGV, reduciéndolo de 18 % a 14%, y aumentó el impuesto de promoción municipal de 2 % a 2.5 %. Además, se ha proyectado un incremento gradual de este impuesto hasta alcanzar el 4 % en 2029. Estas decisiones impactan en la recaudación y podrían generar distorsiones en la asignación de recursos, afectando la capacidad del Estado para atender necesidades clave.
¿Cuál es la magnitud y el impacto de la informalidad en el Perú?
La informalidad en el Perú supera el 71.7 % del PBI. En las zonas rurales alcanza el 90 %, y en áreas urbanas fluctúa entre 60 % y 65 %. Actualmente, más de 13 millones de personas trabajan sin contrato ni protección laboral. Esto limita la recaudación fiscal, reduce la productividad y deja desprotegidos a millones, especialmente a los jóvenes, quienes carecen de seguridad social y oportunidades de crecimiento.
¿Cómo se compara el empleo en el sector público y privado, y qué se necesita para generar más oportunidades?
De los 13 millones de trabajadores que hay en el país, unos 4.5 millones están en el sector público, y el resto en el privado. Si queremos generar más empleo, el motor debe ser el sector privado. Para lograrlo, es necesario que el PBI crezca entre 6 % y 7 %. Ese nivel de expansión generaría un entorno más favorable para la contratación formal y la inversión en nuevas actividades productivas.
¿Cuáles son los principales desafíos en el empleo juvenil y cómo se ha intentado abordar esto legislativamente?
El empleo juvenil enfrenta serias dificultades. Más del 75 % de jóvenes entre 18 y 29 años trabaja en la informalidad. Solo el 40 % estudia, y apenas el 10 % estudia y trabaja. Lo más alarmante es que un 20 % no estudia ni trabaja: son los llamados NINI. En 2014 se intentó aprobar la conocida «ley pulpín», que permitía contratar jóvenes sin beneficios laborales, pero fue derogada gracias a la movilización estudiantil. Hoy, urge reforzar la fiscalización y garantizar condiciones dignas para los jóvenes.
¿Cuál es su mirada al futuro, en función de las próximas elecciones que marcarán el rumbo del país?
Veo con preocupación el escenario político. Entre 2016 y 2023 tuvimos seis presidentes y más de setenta ministros, lo que evidencia una fuerte inestabilidad. El Banco Mundial ha señalado que el verdadero reto del Perú es institucional. Actualmente, el Congreso tiene una desaprobación superior al 95 %, y la presidenta cuenta con menos del 3 % de respaldo. Esta crisis de representación dificulta la implementación de políticas sostenidas y debilita la confianza en las instituciones.
