El Ejecutivo dispuso un aumento significativo en los montos ofrecidos por el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Las recompensas por información que conduzca a la captura de cabecillas criminales podrán superar los S/ 100 mil, el doble del monto previamente establecido.
Mediante el Decreto Supremo N.º 005-2025, el Gobierno modificó las condiciones del programa de recompensas para personas involucradas en organizaciones criminales, ajustando los montos en función del nivel de peligrosidad y jerarquía del prófugo. Esta nueva disposición responde al aumento de casos de crimen organizado en regiones como La Libertad, Piura, Lima y San Martín, donde se ha reportado crecimiento de redes dedicadas al sicariato, el cobro de cupos y el narcotráfico.
La medida permite elevar el tope del beneficio económico para quienes entreguen información útil sobre los delincuentes más buscados del país, priorizando a aquellos que lideran organizaciones con gran capacidad operativa. De acuerdo al Ministerio del Interior, solo en el periodo 2023-2024 se logró la detención de más de 180 personas mediante este sistema de recompensas, aunque la cifra representa apenas una fracción del total de requisitoriados por delitos graves.
Durante el 2024, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ya registró resultados significativos: se pagaron más de S/ 2,3 millones y se capturaron 102 prófugos. Estas cifras demuestran que las recompensas pueden producir resultados efectivos, pero también evidencian que el programa dependía antes de montos menores, por lo que ahora debe evaluarse si el aumento de las cifras representa una mejora real en su efectividad.
El decreto señala que la confidencialidad del colaborador será protegida y que el pago se realizará solo si la información es verificada y conduce efectivamente a una captura.
Según el oficial y abogado Juan Rodríguez, especialista en Derecho Penal y Administrativo Disciplinario, esta decisión puede ser útil como medida de apoyo, pero no debe confundirse con una solución estructural. Aumentar las recompensas puede incentivar la colaboración ciudadana, pero si no hay inteligencia policial fortalecida y un sistema de validación serio, puede haber abusos o información falsa. También advierte que, sin transparencia en el uso de fondos y protección real al informante, el programa corre el riesgo de perder legitimidad. No basta con duplicar el monto si no hay garantías del debido proceso.
El Ejecutivo trata de combatir al crimen organizado con incentivos económicos más altos, en un contexto donde la inseguridad sigue escalando. Sin embargo, el éxito de la medida depende de la articulación institucional entre la Policía, el Ministerio Público y los mecanismos de control.
Por: Diego Chávez
