Ante el aumento de la delincuencia, el crimen organizado y las extorsiones al sector del transporte público, el Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao. Esta medida busca combatir la creciente inseguridad que afecta a estas zonas y permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, así como la suspensión temporal de derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión, en un esfuerzo por controlar la situación.
El abogado especialista en Derecho Constitucional, Mg. Colin Fernández Méndez, explicó que el decreto de urgencia estipulado en el artículo 137° de la Constitución suspende ciertos derechos constitucionales, y que es necesario que el Estado cumpla con su deber aplicando reformas más radicales para tener resultados más favorables para el ciudadano peruano.
Dentro del conjunto de acciones para enfrentar la criminalidad, el Gobierno también enviará al Congreso de la República un proyecto de ley que propone tipificar el delito de terrorismo urbano, que busca sancionar con mayor rigor el sicariato, secuestro, extorsión y la posesión ilegal de armas de fuego.
Por: Yoselin Duran
