El feminicidio de Sheyla Cóndor conmocionó al país y evidenció la falta de una respuesta efectiva frente a la violencia de género. La joven desapareció el 13 de noviembre tras salir de su casa en Santa Anita, y cuatro días después, su cuerpo desmembrado fue hallado dentro de una maleta en el departamento del suboficial de tercera PNP Darwin Marx Condori Antezana.
La búsqueda, liderada por su familia, culminó en este macabro hallazgo, que incluyó herramientas y restos biológicos en el lugar, evidencias que incriminaban directamente al agente policial. Las cámaras de seguridad del condominio Torres de la Pradera confirmaron que la joven ingresó al inmueble del suboficial la tarde de su desaparición, sin que volviera a ser vista con vida. Según relató la madre de Sheyla, el ingreso al apartamento estuvo marcado por enfrentamientos verbales con quienes estaban dentro. “Tuve que entrar a empujones porque dijeron que no estaba allí”, explicó en los medios de comunicaciones.
Lo más alarmante es que Darwin Condori, señalado como principal sospechoso, tenía antecedentes por abuso sexual y violencia. En enero de 2023 fue denunciado por su presunta participación en una violación grupal en el mismo departamento donde ocurrió el feminicidio. A pesar de estas graves acusaciones, continuaba en servicio activo dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que generó una ola de indignación y críticas hacia las autoridades que permitieron esta situación.
Tras descubrirse el cuerpo cercenado, Condori huyó y fue encontrado el 19 de noviembre en un hotel en San Juan de Lurigancho, donde, según las autoridades, intentó suicidarse al autoinfligirse lesiones. Sin embargo, su muerte genera dudas en la familia, que exige acceso al cuerpo para confirmar su identidad y claridad sobre las circunstancias de su fallecimiento.
“Queremos ver el cadáver para estar seguros de que él es quien murió. No confiamos en las versiones oficiales”, señaló el hermano de Sheyla, quien también exigió justicia y sanciones para los responsables de mantener a Condori en funciones pese a su historial.
Un llamado a la justicia y la reforma del sistema
La madre de Sheyla, profundamente afectada, expresó su dolor y frustración: “No es solo la muerte de mi hija, es la de muchas mujeres que desaparecen y nadie hace nada. Esto tiene que parar”. Este caso revivió el debate sobre las cifras alarmantes de feminicidios en Perú y las deficiencias del sistema judicial y policial.
En respuesta, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, condenó el crimen y anunció medidas inmediatas, como la prohibición de rendir honores al suboficial acusado y sanciones para quienes participen en su sepelio. Además, la Comisión de Justicia del Congreso prometió revisar los protocolos de la PNP para atender denuncias de violencia de género y prevenir que agentes con antecedentes continúen en servicio activo.
Violencia de género: una problemática nacional
En Perú, la violencia contra las mujeres es una crisis nacional. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2023 se reportaron más de 150 feminicidios y miles de desapariciones de mujeres, muchas de las cuales terminan vinculadas a crímenes similares. Organizaciones civiles señalan que estas desapariciones no siempre son investigadas con la diligencia necesaria y prorrogan la impunidad.
Los especialistas advierten que la falta de seguimiento a denuncias de desapariciones, la ausencia de protocolos efectivos para proteger a mujeres en riesgo y la burocracia judicial son algunos de los problemas más graves. Aunque el gobierno implementó programas como Aurora y líneas de emergencia, las demoras en los procesos judiciales y la limitada respuesta policial dificultan la prevención de nuevos casos.
El caso de Sheyla Cóndor se suma a una larga lista de tragedias que reflejan la urgencia de reformar el sistema de justicia y protección en el país. La familia de Sheyla, colectivos feministas y la sociedad civil claman por justicia, por ella y por todas las mujeres que perdieron la vida en medio de la indiferencia y la inacción del Estado.
Vecinos conmocionados
Este caso de feminicidio, refleja no solo la violencia de género en Perú, sino también las fallas profundas en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. Una habitante de un edificio paralelo al condominio Torres de la Pradera, donde se halló el cuerpo de Sheyla Cóndor, contó que vio a la madre de la joven salir del lugar junto a varios policías, gritando y llorando desconsoladamente.
Según relató, mientras pasaban con el cuerpo de la joven, se percibía un olor fuerte y fétido, lo que la dejó profundamente impactada. Luz Huamán, vecina del edificio, recordó que nunca imaginó que lo que parecía ser un hecho aislado en el edificio terminaría convirtiéndose un feminicidio de tal magnitud. “Fue terrible, nunca olvidaré esa imagen. Vi a la madre destrozada, acompañada por los policías, mientras el olor se hacía cada vez más insoportable. Fue un momento muy difícil de similar”.
Tras el hallazgo del cuerpo y la conmoción que generó en la comunidad, las autoridades vecinales tomaron medidas inmediatas en el edificio. Se reforzarán las rondas de patrullaje interno y se instalarán cámaras de seguridad adicionales en las áreas comunes, aunque los residentes reconocen que estas acciones no remediaran el caso, servirá para prevenir un crimen de tal magnitud. “El edificio está más vigilado ahora, pero todos sabemos que la seguridad no depende solo de la presencia policial, sino también de una acción más efectiva del Estado en la protección de las mujeres”, señaló la vecina.
Por: Milagros Calvay
