En horas de la tarde del lunes 14 de julio de 2025, Lima fue testigo de un episodio que mezcló apuesta política, logística y técnica en un solo suceso. Un desfile conformado por cinco vagones y una locomotora, parte del lote que Caltrain donó a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sufrió un descarrilamiento mientras se llevaba a cabo una exhibición en el Parque de la Muralla. La unidad afectada, identificada como coche 4008, se salió de los rieles a baja velocidad. El tren con poco más de treinta años de antigüedad, acababa de ser desembarcado en el puerto del Callao y todavía no contaba con autorización formal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni atendía las normas básicas de infraestructura según las autoridades técnicas.
La escena fue de tensión visual: grúas, operarios y maquinaria intentaron recolocar el vagón, dicho proceso demandó casi tres horas según consta en el informe remitido al MTC. El maquinista a bordo de las locomotoras, se limitaba a maniobrar levemente, pero eso bastó para que se encendieran las alarmas operacionales y un clima de desconfianza brotara en los presentes.
Los trenes fueron presentados por el alcalde López Aliaga como una solución fugaz para adelantar la reactivación de la línea ferroviaria entre Lima y Chosica. Lo que para él era un paso firme hacia la modernización, para sus detractores era una carrera sin sentido: vagones antiguos, contaminantes por su mecanismo, sin reparaciones integrales y con un valor contable que se alejaba mucho de la realidad. Sin empresa operadora, ni respaldo normativo, la exhibición era apenas un gesto político. El propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto a Ositrán y la ATU, se deslindaron de responsabilidades y señalaron que el proyecto no contaba con los requisitos mínimos de señalización, cruces peatonales, doble vía, ni permisos, ni fiscalización técnica vigente. El día anterior al incidente, se mostraron reportes de que varias zonas designadas para el recorrido se encontraban saturadas por el tráfico.
Medios nacionales y especialistas calificaron la presentación pública como un show técnico mal armado, como es el caso de Octavio, un conductor de Canal N, observó la forma en que automóviles, motos y peatones invadían sin control puntos clave de la ruta como el cruce de la avenida Universitaria y Enrique Meiggs, áreas que resultan impracticables para cualquier servicio ferroviario. El exjefe de transporte de Lima, Rodríguez Erazo, advirtió sobre la altura limitada de puentes como Ricardo Palma y cuestionó la inadecuada compatibilidad dimensional del trazado.
Tampoco faltó la voz del ciudadano. En foros públicos, se recordó que el costo real superaría ampliamente lo donado y que sin estudios ni planificación el proyecto se asemejaba a una jugada electoral más que a una solución de movilidad. Más allá del espectáculo, el descarrilamiento adquirió fuerte simbolismo, fue considerado el tropiezo público de un plan político que intentaba acelerar una reactivación sin respaldo técnico ni redes operativas. El hecho de que no hubiera heridos ni fallos mayores salvó la credibilidad de quienes lo promovían, pero abrió una brecha difícil de cerrar. Nadie ignora que solo se trató de una marcha de prueba, pero sí deja expuesto el déficit técnico, financiero y normativo con el que fue concebido.
¿Qué sigue ahora? El MTC espera el informe final sobre las causas técnicas del descarrilamiento. Mientras tanto, se anuncian audiencias, marchas y presión política para iniciar lo que llaman “marcha blanca” antes del 28 de julio, como si el reloj marcara una fecha límite para salvar su apuesta. Los ciudadanos, por su parte, mantienen los ojos en la infraestructura, la transparencia financiera y el costo real. Si esta aventura se consolida, podría aliviar las congestiones. Si falla, se convertirá en otro símbolo de promesas políticas vacías, como muchos ya lo esperan.
Por: Belén Arce
