Tras semanas de incertidumbre política y económica en el país, conversamos con el economista Raúl Mauro para entender mejor el impacto de esta crisis en el crecimiento, la inversión y la productividad económica del país. Menciona que el futuro de la economía del país pasa por ver quién toma las riendas del país para decidir si las inversiones aumentaran o decaerán en el tiempo, esto en miras al nuevo mandatario que asumirá el próximo año en las elecciones presidenciales. A través de esta entrevista exclusiva, el especialista comparte un análisis económico de la coyuntura actual y sus implicancias de cara a los próximos meses.
¿Cuál es su evaluación general sobre la situación económica actual del país?
La situación económica puede analizarse desde dos planos: el coyuntural y el estructural. En el corto plazo, el Perú ha mostrado señales positivas de crecimiento en sectores como minería, pesca y construcción. Esto ha permitido proyecciones optimistas, incluso desde el Ministerio de Economía, que llegó a prever un crecimiento del 4% para 2025, aunque luego lo corrigió a 3.5%. Sin embargo, el Consejo Fiscal ha cuestionado estas estimaciones, señalando que no hay suficientes fundamentos para ese nivel de optimismo. Más allá de los números, el verdadero problema es que el país no logra retomar las tasas de crecimiento vigoroso que tuvimos entre 2001 y 2008, donde promediábamos entre 6% y 7%. Desde 2012, nos hemos estancado en crecimientos de apenas 2% o 3%, lo cual no es suficiente para mejorar los niveles de vida de la población ni absorber a los nuevos profesionales que ingresan al mercado laboral.
¿Cómo afectan las crisis políticas constantes al desempeño económico del país?
Durante años se mantuvo la idea de que la economía peruana era inmune a la política. Sin embargo, eso ha cambiado. Las tensiones constantes entre el Congreso y el Ejecutivo han deteriorado el clima de inversión. Un caso claro fue el del ministro Arista, quien, ante el proyecto legislativo del retiro de las AFP, no enfrentó al Congreso pese a los cuestionamientos técnicos. Este debilitamiento institucional generó una reacción inmediata de calificadoras como Standard & Poor’s, que rebajaron la perspectiva de los bonos peruanos.
Esto muestra que el Ejecutivo ha perdido el capital político necesario para gobernar y brindar seguridad económica. El resultado es una desconfianza creciente entre inversionistas, quienes prefieren mantenerse cautos ante tanta volatilidad política.
¿Qué escenarios económicos crees que podrían desarrollarse en el corto y mediano plazo?
Todo dependerá de las señales que el país pueda dar de aquí a las próximas elecciones. Hoy, los empresarios están en una posición conservadora: esperan a ver quién tomará las riendas del país para decidir si invertirán o no. Si persiste el clima de incertidumbre, es probable que se mantenga la cautela y no se reactive la inversión privada.
Asimismo, mientras no se corrijan los problemas estructurales como la baja productividad o la informalidad laboral, el crecimiento seguirá estancado. Es urgente mejorar las condiciones para invertir, pero también redistribuir mejor los beneficios del crecimiento.
¿Considera que el Banco Central y el MEF han logrado independencia respecto a la crisis política?
El Banco Central ha sido clave para mantener cierta estabilidad, bajando incluso la tasa de interés para incentivar el crecimiento. Pero no es suficiente si el otro ´pedal de la bicicleta´, es decir, el Ejecutivo y el MEF, no coordinan adecuadamente. La economía peruana está hoy fuertemente arraigada a la crisis política, pese a intentos institucionales de separarla.
¿Qué papel juega la informalidad y la baja presión tributaria en esta coyuntura económica?
La informalidad supera el 70% en el país. Y si bien hay esfuerzos por simplificar trámites, el problema de fondo es la desconfianza en el Estado. Muchos prefieren mantenerse al margen porque no ven una retribución justa por los impuestos que podrían pagar.
El contrato social está roto. Los servicios públicos son percibidos como bienes de mala calidad, y eso aleja a la población del sistema formal. Cambiar esta percepción exige reformas profundas y una apuesta real por mejorar la educación fiscal y la calidad del gasto público.
