La industria textil en zonas urbanas como Gamarra y Villa El Salvador representa un desafío ambiental creciente, debido a la generación de emisiones, residuos y vertimientos no controlados.En este escenario, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) enfrenta barreras técnicas y burocráticas para asegurar el cumplimiento ambiental, mientras muchas empresas operan sin instrumentos de gestión ni conciencia sobre su impacto.
Aunque la normativa ambiental establece obligaciones claras para las empresas textiles, ¿qué limitaciones prácticas enfrentan la OEFA para fiscalizar este sector, especialmente en zonas urbanas densas como la de Gamarra o Villa El Salvador?
La normativa ambiental no busca controlar directamente la producción o el consumo, sino los impactos ambientales que generan las actividades industriales, como efluentes, emisiones, residuos o ruido. El reto para OEFA en zonas como Gamarra o Villa El Salvador está en la densidad urbana, donde conviven actividades industriales con viviendas y comercios, lo que complica la fiscalización directa y requiere enfoques diferenciados, especialmente con pequeños empresarios y negocios dispersos.
¿Existen algunas áreas específicas en las que se debería implementar una normativa mucho más específica o exhaustiva?
Si bien el marco normativo ambiental no está desactualizado en su conjunto, existen normas técnicas específicas que podrían mejorarse. Sin embargo, su actualización no es inmediata ni sencilla, ya que debe coordinarse con el ente rector (Ministerio del Ambiente), los certificadores y fiscalizadores, requiriendo un análisis técnico riguroso y una articulación institucional que garantice su pertinencia y aplicabilidad.
¿Nos podría dar algún porcentaje aproximado de sanciones impuestas a empresas textiles en los últimos años y si estas sanciones han sido efectivamente cumplidas?
Aproximadamente 50 empresas textiles han sido sancionadas históricamente por OEFA, con montos que van desde 2 hasta 80 UIT. Las sanciones provienen de un proceso estructurado que incluye una etapa de supervisión (verificación de cumplimiento) y otra de fiscalización (evaluación y sanción). Aunque OEFA es el ente fiscalizador, el procedimiento es complejo y cuenta con plataformas virtuales de datos abiertos donde cualquier ciudadano puede consultar esta información.
¿Existe también un seguimiento de las medidas sancionadoras? ¿O sí existe en parte de su planificación el seguimiento a estas sanciones, si es que se dan?
Sí, OEFA realiza un seguimiento continuo a las medidas sancionadoras, empezando desde la supervisión. Se priorizan obligaciones según cada caso y se verifica el cumplimiento de medidas correctivas impuestas durante la fiscalización. Además, si no se cumple con los pagos o acciones requeridas, se activa el área de ejecución coactiva para exigir su cumplimiento, garantizando así la trazabilidad completa del proceso.
¿Qué aprendizajes ha dejado el OEFA tras intervenciones en conglomerados textiles en Perú específicamente?
Cada supervisión aporta aprendizajes distintos, ya que OEFA no fiscaliza conglomerados completos, sino empresas individuales debido al crecimiento desordenado de las zonas industriales. En muchos casos, se ha logrado promover el cumplimiento voluntario gracias al fortalecimiento de capacidades y la educación ambiental. Algunas empresas con múltiples incumplimientos han mejorado significativamente sin necesidad de sanciones, priorizando la prevención sobre la penalización.
Con respecto a estas sanciones o estas investigaciones a empresas textiles en Perú, ¿cuáles serían las prácticas más recurrentes de evasión ambiental, por ejemplo, en empresas textiles y cómo enfrentan la fiscalización de estas prácticas?
La práctica más recurrente de evasión ambiental en el sector textil es la informalidad, especialmente entre micro y pequeños empresarios, quienes muchas veces no tienen recursos ni conocimiento para cumplir con las normativas. OEFA enfrenta esta realidad articulando con municipios para identificar y educar a estos actores. Cuando hay resistencia o negativa a cumplir, se traslada el caso a fiscalización formal con posibilidad de sanción.
¿Considera que es necesario un cambio de enfoque en la fiscalización? Como, por ejemplo, con evaluaciones multisectoriales.
Sí, dado que la fiscalización ambiental aborda solo una parte del problema, se requiere una articulación multisectorial. La industria textil en Perú está mayormente en zonas urbanas con acceso a redes de alcantarillado, lo que reduce algunos riesgos. Sin embargo, OEFA se enfoca en controlar emisiones atmosféricas y residuos, promoviendo el uso de instrumentos de gestión ambiental y medidas como plantas de tratamiento y sistemas de control para minimizar impactos.
¿Qué políticas públicas, por ejemplo, faltarían para cerrar esta brecha entre producción y sostenibilidad ambiental?
Las principales políticas faltantes son: el ordenamiento territorial, ya que el crecimiento urbano desordenado mezcla industrias con viviendas y comercios; la reducción de la informalidad, presente en todos los sectores económicos; y una mejora sustancial en la educación ambiental y empresarial. Estas carencias impiden un control eficiente y sostenible de la producción industrial, y dificultan el cumplimiento ambiental, incluso cuando hay voluntad empresarial.
Si usted tuviera que señalar algún ámbito a reforzar dentro de la organización del OEFA en relación con la industria textil, ¿cuál sería?
El ámbito clave a reforzar es la articulación interinstitucional. OEFA depende de la coordinación con otros organismos públicos como el Ministerio de la Producción, la Autoridad Nacional del Agua, gobiernos regionales y municipales. Las barreras burocráticas entre entidades dificultan una fiscalización eficiente. Reducir estos obstáculos permitiría agilizar procesos y hacer más efectiva la labor fiscalizadora, no solo en el ámbito ambiental, sino en toda la cadena regulatoria.
Por: Valia Baldeon
