A más de 4,400 metros de altura, se extiende el distrito de Marcapomacocha, una zona de bofedales, lagunas y represas que no solo forma parte de un ecosistema frágil, sino también del sistema hídrico que alimenta a Lima y Callao. Allí se levanta el Proyecto Minero Ariana, impulsado por la empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C., que busca extraer cobre y zinc en una zona considerada estratégica para el abastecimiento de agua de la capital.
Aunque su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2016, el proyecto ha retomado fuerza en los últimos años, generando preocupación en comunidades, expertos y organizaciones ambientales. En un contexto de crisis climática y vulnerabilidad hídrica, la posibilidad de que la minería opere sobre una cabecera de cuenca activa una alarma: ¿vale la pena comprometer la seguridad hídrica de más de once millones de personas por intereses extractivos?
Ariana amenaza el agua de Lima
En la región Junín, a unos 100 km de Lima, el sistema hídrico de Marcapomacocha —conformado por 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas— alimenta, a través del túnel Trasandino Cuevas‑Milloc, el 62 % del agua potable consumida por Lima y Callao en la temporada seca. Dionel Martínez, geógrafo y uno de los demandantes en el proceso judicial en curso, advierte: “El sistema hídrico de Marcapomacocha fue declarado activo crítico nacional. Si deja de funcionar, Lima enfrentaría una crisis hídrica sin precedentes”.
La concesión ocupa aproximadamente 732 hectáreas, muchas de ellas superpuestas con la denominada zona Marca I: el núcleo del sistema hídrico que abastece de agua potable a Lima y Callao. Este complejo incluye lagunas como Antacoto, Marcapomacocha, Marcacocha y Pucrococha, además de bofedales, canales y el túnel trasandino Cuevas‑Milloc, que trasvasa agua desde la cuenca del Mantaro hacia el río Rímac.
Según un informe de Sedapal, existen al menos cuatro riesgos: la afectación directa al túnel, la filtración de metales pesados en suelos porosos como la formación jumasha, la reducción de caudales y la pérdida de acceso técnico por cercado minero. A esto se suma el impacto ecosistémico sobre bofedales y lagunas estratégicas como Marcapomacocha, Antacoto y Sangrar.
Donde nace el agua, crece el peligro
Diversas entidades como Sedapal, Enel (propietaria del Túnel Trasandino) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) han expresado su preocupación por la proximidad del Proyecto Minero Ariana al Túnel Trasandino, infraestructura clave que permite el trasvase de agua desde la cuenca del Mantaro hacia el Rímac. Los especialistas advierten que la geología altamente permeable de la zona podría provocar filtraciones o daños estructurales en este túnel, lo que afectaría directamente el abastecimiento de agua para Lima y Callao.
El impacto ecológico también es motivo de alarma. La posible alteración de lagunas altoandinas, humedales y bofedales comprometería los mecanismos naturales de regulación hídrica en la zona. Estos ecosistemas cumplen un rol esencial en la retención, purificación y liberación gradual del agua que fluye hacia la costa. Su afectación podría traducirse en una menor calidad y cantidad de agua disponible para consumo humano y uso agrícola.
Aunque la empresa asegura que recuperará hasta el 97 % del agua utilizada mediante un sistema de relaves filtrados, la cercanía de estos depósitos a menos de 500 metros del Túnel Trasandino genera desconfianza. El riesgo de filtraciones o posibles fugas tóxicas eleva la preocupación de expertos y autoridades, quienes consideran que cualquier falla podría comprometer un ecosistema frágil y estratégico para la seguridad hídrica de más de once millones de personas en la capital peruana.
Declaraciones y controversia pendiente
Organizaciones ambientales como CooperAcción, con respaldo del Instituto de Defensa Legal (IDL), grupo liderado por figuras como José de Echave y la excongresista Marisa Glave, presentaron la demanda en 2019 argumentando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no incluye una evaluación integral del potencial impacto sobre las lagunas, canales y el túnel de trasvase. Según los demandantes, además, el funcionario que aprobó el estudio laboró previamente en empresas mineras, lo que compromete la imparcialidad del proceso.
En enero de 2025, el Poder Judicial ordenó la anulación parcial del EIA y exigió la elaboración de uno nuevo antes de iniciar operaciones. La empresa ha presentado un tercer informe técnico con ajustes por más de US$ 76 millones, mientras se mantiene vigente la medida judicial que impide el inicio de operaciones plenas.
El fallo judicial sobre el Proyecto Minero Ariana mostró posturas divididas. La mayoría de jueces (Vílchez Dávila, Romero Roca y Ruiz Arrieta) decidió mantener parcialmente la sentencia previa: revocar la suspensión total, exigir un nuevo EIA complementario en 12 meses y frenar la explotación hasta su aprobación.
Un grupo minoritario (Tapia Gonzales y Ordoñez Alcántara) votó por anular todas las resoluciones del Minem y solicitar un nuevo estudio ambiental elaborado por una entidad extranjera e imparcial. Otros dos jueces (Cueva Chauca y Suárez Burgos) consideraron infundada la demanda, al no encontrar amenaza ambiental comprobada.
“Pueden construir, pero no iniciar operaciones. Vamos al Tribunal Constitucional”, señaló Ana Leyva de CooperAcción.
El Ministerio de Energía y Minas y la ANA han defendido el EIA aprobado, afirmando que el proyecto cuenta con medidas ingenieriles robustas para operar. Entre ellas, destacó el uso de relaves filtrados al 97 % y diques antisísmicos con geomembranas impermeables para evitar filtraciones al túnel. No obstante, organismos y expertos independientes consideran estos supuestos puntos de mitigación insuficientes.
Los demandantes y sus representantes estudian presentar un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de lograr la nulidad definitiva del EIA y de las resoluciones autorizadas. El desenlace de este caso será clave para definir las normas de protección ambiental frente a megaproyectos en zonas estratégicas para el abastecimiento hídrico del país.
Los momentos clave de un proyecto que despierta alarmas ambientales
Mientras se proyecta como un motor de inversión, el Proyecto Minero Ariana ha generado una fuerte resistencia en la sierra de Lima. La preocupación por el impacto ambiental y la amenaza a fuentes hídricas estratégicas han convertido esta iniciativa en un símbolo del debate entre desarrollo económico y sostenibilidad. Desde movilizaciones locales hasta una reciente decisión judicial, el caso ha escalado tanto en lo social como en lo legal.
La historia del proyecto está marcada por una cadena de hitos técnicos, legales y ciudadanos que han puesto en entredicho su viabilidad. Cuestionamientos sobre el Estudio de Impacto Ambiental, demandas judiciales y llamados de atención de expertos han mantenido encendida la polémica durante casi una década.
Hoy, el inicio de la explotación aún está en suspenso. Las obras avanzan, pero están supeditadas a una nueva evaluación ambiental exigida por el Poder Judicial. En esta cronología, repasamos los momentos clave que han dado forma a este conflicto aún sin desenlace definitivo.
El agua como derecho, no como riesgo
La aprobación del Proyecto Minero Ariana ha generado un sostenido rechazo desde sectores ciudadanos que advierten un posible atropello al derecho al agua. Organizaciones ambientales y sociales de Lima y Junín han realizado plantones frente al Ministerio de Energía y Minas exigiendo transparencia y priorización del bien común. Uno de los mensajes más reiterados es que el acceso al agua potable debe primar sobre cualquier interés extractivo.
Dionel Martínez, geógrafo y uno de los demandantes en el proceso judicial contra el proyecto, señala: “No se trata de estar en contra de la minería. Se trata de proteger una zona estratégica para la seguridad hídrica de Lima. Si se daña ese sistema, no hay plan B”. Su declaración, recogida por medios como OjoPúblico y Servindi, resume el sentir de un sector de la ciudadanía organizada que ve en Ariana una amenaza directa a su derecho al agua.
El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), junto con otras 70 organizaciones, firmó en 2023 un pronunciamiento demandando la paralización del proyecto. En el documento, los firmantes acusan al Estado de “incumplir su deber de proteger ecosistemas vitales” y advierten que la minería en cabeceras de cuenca contradice los compromisos climáticos del país.
¿Minería o agua? Una decisión urgente
El caso Ariana representa un punto de inflexión en la gestión ambiental del país: plantea con crudeza si el desarrollo minero debe imponerse sobre la protección del agua, un recurso vital para millones. En un contexto de emergencia climática y creciente escasez hídrica, resulta inaplazable que el Estado actúe con transparencia, rigor técnico y responsabilidad ecológica. Lima no puede darse el lujo de comprometer su fuente de agua más estratégica por decisiones apresuradas o intereses extractivos.
| GLOSARIO
Cuenca hidrográfica: Área que recoge y canaliza agua hacia ríos o lagos, esencial para el equilibrio ecológico. Zonificación ecológica: Asignación del uso del suelo según su valor ambiental y vulnerabilidad. |
Por: Lesly Malma
