El Proyecto de Ley 8112/2023, impulsado por el congresista Jorge Flores Ancachi, tiene como objetivo que todos los profesionales titulados de universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), así como aquellos con títulos obtenidos en universidades extranjeras reconocidos en Perú, estén obligados a inscribirse en alguno de los 31 colegios profesionales del país.
El proyecto también estipula que los colegios emitan constancias de habilitación profesional de manera gratuita hasta dos veces al año. Este beneficio se propone como una medida para aliviar la carga económica de los egresados, quienes además tendrán la posibilidad de fraccionar el pago de deudas colegiales superiores a tres años en hasta tres partes.
Otro aspecto relevante es la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, que exigirá constancias de habilitación profesional actualizadas para quienes deseen abrir negocios. Esto supone un nuevo desafío para los emprendedores, quienes deberán cumplir con este requisito adicional.
Próximos pasos y reglamentación
El texto sustitutorio de este proyecto de Ley, aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso este 27 de noviembre, deberá ser debatido y aprobado en el Pleno del ejecutivo antes de convertirse en ley. De ser promulgada, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para reglamentarla, mientras que los colegios profesionales dispondrán de 60 días para adaptar sus normativas internas.
Repercusiones laborales y económicas
De aprobarse la norma en el Pleno del Congreso, se establecería un marco obligatorio que afectará tanto a los nuevos egresados como a los profesionales en ejercicio. Si bien la propuesta busca formalizar y estandarizar el ejercicio de las profesiones, podría representar una barrera para aquellos que enfrentan dificultades económicas.
Los egresados no solo deberán cubrir los costos asociados a la colegiatura, sino también solventar los gastos de titulación, un proceso que ya es oneroso en muchas universidades. En algunos casos, las tarifas de inscripción en los colegios profesionales superan los S/ 1,000, y las cuotas anuales pueden oscilar entre S/ 300 y S/ 600, dependiendo de la profesión.
Además, esta regulación excluye explícitamente a los técnicos no titulados, lo que limita su participación en el mercado formal y podría generar desigualdades en el acceso laboral.
Impacto en los colegios profesionales
Aunque los colegios profesionales manifestaron su respaldo a la colegiatura obligatoria, solicitaron ajustes al proyecto. Uno de los puntos más debatidos es la disposición que exige emitir constancias gratuitas dos veces al año, una medida que podría comprometer la sostenibilidad financiera de estas entidades.
Por ejemplo, representantes de algunos colegios señalan que esta obligación podría reducir significativamente sus ingresos, lo que afectaría la calidad de los servicios que ofrecen, como capacitaciones y programas de actualización profesional.
Posturas encontradas
El congresista Jorge Flores Ancachi defiende la medida y argumenta que promoverá la actualización continua de los profesionales, elevará los estándares de calidad y garantizará un mejor servicio en todos los sectores. Sin embargo, su propuesta es cuestionada por especialistas, quienes advierten que la obligatoriedad de la colegiatura podría incentivar prácticas fraudulentas, como la aceleración irregular de procesos de titulación en algunas universidades.
Asimismo, existen dudas sobre la capacidad del sistema educativo y los colegios profesionales para manejar el incremento en la demanda de servicios derivados de la norma, especialmente considerando que muchos colegios ya enfrentan problemas de gestión y transparencia.
Sanciones para empleadores
El proyecto también responsabiliza a las entidades públicas y privadas de verificar que sus empleados cumplan con los requisitos de colegiatura y habilitación profesional. En caso de incumplimiento, se establecen sanciones que van desde multas administrativas hasta responsabilidades civiles y penales.
Esto genera inquietudes entre empleadores, quienes tendrán que asumir un papel más activo en la supervisión del cumplimiento normativo, lo que podría traducirse en mayores costos operativos y posibles litigios legales.
Por: Milagros Calvay
