Con una votación ajustada de 57 votos a favor y 40 en contra, el Congreso peruano aprobó un dictamen que permitirá juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos en casos de delitos graves, tales como homicidio, violación y extorsión. La propuesta, impulsada por el congresista Alejandro Muñante del partido político Renovación Popular, tiene como objetivo reducir la criminalidad juvenil, que en los últimos años ha mostrado un alarmante incremento.
#PlenoDelCongreso aprobó la iniciativa legislativa que sanciona penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos graves. pic.twitter.com/LuZrz9YjOe
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 7, 2024
Aumento de la criminalidad juvenil
Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y octubre de 2024, más de 250 adolescentes fueron detenidos en Lima y Callao por su implicación en crímenes graves. El suboficial Palermo Arce, destacó que la reincidencia es uno de los mayores problemas en la lucha contra la delincuencia juvenil: “Muchos jóvenes de 16 y 17 años reinciden en delitos graves porque son conscientes de que, al ser menores, no enfrentan sanciones severas. Esto genera un círculo vicioso en el que los delincuentes se aprovechan de su inimputabilidad”, comentó Arce
En ese sentido, Arce añadió que la policía ha identificado un patrón en el que las organizaciones criminales reclutan a menores, precisamente por la laxitud de las sanciones que reciben: «Con esta nueva ley, enviamos un mensaje claro: no se tolerará que los jóvenes sean utilizados para el crimen. Necesitamos proteger a la sociedad y, a la vez, disuadir a los adolescentes de seguir por ese camino», afirmó
Aquí también señala la difícil labor que los centros de rehabilitación para adolescentes cumplen pues son los encargados de recibirlos al momento de su captura para posteriormente integrarlos a la sociedad con éxito, sin embargo, en los últimos años el incremento de ingresos a estos centros ha sido una clara señal de alarma. Arce también recalca su importante función y servicio con el país: “La principal labor de estos establecimientos es reformar a los jóvenes para prevenir su recaída en los crímenes, pero cómo pueden funcionar si los últimos meses su aforo ha sido totalmente sobrepasado”, comentó.
DATA EXPERTA
En cuanto a la Población de Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (C.J.D.R.) anivel nacional, el boletín muestra que la mayor parte de ella se concentra en el CJ de Lima en donde se encuentra el 35% (529) de los adolescentes, en el CJ de Trujillo el cual contempla el 10% (146) y en el CJ de Chiclayo con 9% (136). El CJ Santa Margarita que es el único a nivel nacional que atiende adolescentes mujeres tiene 58 internas que representan el (4%) de la población total a nivel nacional.
Respecto a las edades, del total de la población de los CJDR, 700 son menores de edad de 14 a 17 años y representan el 47%. El resto, 820 (54%) son mayores de 18 a 24 años de edad. Los menores de edad de 16 y 17 años (población objetivo de la presente iniciativa legislativa), representan el 40% de la población total (602).
Con respecto a los delitos cometidos, el reporte indica que la mayor parte de los ingresos es por robo agravado con 698 adolescentes (45.9%), seguida de violación sexual de menor de edad con 224 casos (14.7%), violación sexual serian 135 ingresos (8.9%), homicidio calificado con 101 (6.6%), tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas cada uno con 56 (3.7%) y homicidio simple con 55 adolescentes (3.6%).
Voces en contra de la ley
La medida, sin embargo, ha sido fuertemente criticada por defensores de derechos humanos y algunos sectores de la sociedad civil. Marlene Ascencio, miembro del movimiento conservador Con Mis Hijos No Te Metas, expresó su rechazo a esta normativa, argumentando que atenta contra los derechos fundamentales de los menores: “Estamos criminalizando a nuestros adolescentes sin considerar que aún están en una etapa de formación. En lugar de brindarles oportunidades de rehabilitación, los estamos condenando a un sistema carcelario que no está preparado para insertarse en la sociedad”, sostuvo Ascencio
A esta crítica se sumó la congresista Flor Pablo, quien calificó la medida como una salida simplista para abordar la problemática de la delincuencia juvenil: “Estamos enfocándonos en el castigo en lugar de invertir en políticas preventivas y programas de reintegración social. Este enfoque punitivo sólo agravará la situación a largo plazo, al no atacar las causas profundas que llevan a los jóvenes a la delincuencia”, señaló.
Un sistema penitenciario bajo presión
Otro de los desafíos que enfrenta esta ley es la capacidad del sistema penitenciario peruano para albergar a adolescentes en instalaciones separadas de los adultos, como lo exige la normativa internacional. Representantes de la defensoría del pueblo con sede en el distrito de San Martín de Porres advierten que, si bien la ley establece la separación de menores y adultos en los centros penitenciarios, el actual sistema carcelario peruano podría no estar preparado para implementar esta disposición.
“Es muy probable que al momento de la condena muchos jóvenes terminen viviendo en condiciones no aptas para ellos, las cárceles no están condicionadas para defender a los más jóvenes quienes dentro se tienen que valer por sí mismos. Al insertarlos en un ambiente que no está preparado para ellos genera que al cumplir su sentencia sea más difícil volver a la sociedad.”
El futuro de esta normativa sigue siendo incierto, mientras tanto, el debate continúa dividiendo a la opinión pública entre aquellos que consideran que esta medida es necesaria para frenar la criminalidad y quienes abogan por un enfoque más centrado en la prevención y la rehabilitación de los menores infractores.
La pregunta que queda en el aire es si endurecer las sanciones realmente evitará que los adolescentes se involucren con el crimen o tendremos un incremento de casos.
Por: Deborah Madueño
