Donde hubo equipo, hoy hay despedida. Última reunión mensual del personal de Pardos Chicken en el aeropuerto Jorge Chávez antes de su reubicación. 8/05/2025
Mientras el nuevo terminal aéreo del Jorge Chávez promete modernidad y eficiencia para los viajeros, para muchos trabajadores del área de alimentos representa incertidumbre laboral, condiciones impuestas y una transición poco clara. Algunos colaboradores del restaurante Pardos Chicken fueron asignados a otras sedes bajo nuevas razones sociales, perdieron beneficios y estabilidad.
“Nos informaron recién hace una semana, a pesar de que ya lo sabían desde antes. Nos dieron las tiendas a las que iríamos sin preguntarnos, ni por estudios, ni por distancia, ni por nada”, cuenta Luis Mejía, maestro de frituras.
El anuncio del traslado al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez no solo implicó una renovación de infraestructura, sino también una serie de cambios internos en los equipos de trabajo de las tiendas del patio de comidas. En el caso de Pardos Chicken, varias de sus áreas —como cocina, caja, frituras y atención al cliente— han sido severamente afectadas. Desde diciembre ya sabíamos del cambio, pero recién nos lo confirmaron oficialmente hace pocos días. Eso genera más ansiedad”, señala David, también maestro de frituras.
Según testimonios recogidos, los trabajadores recibieron notificaciones sorpresivas por parte del área de talento humano, encabezado por el representante Pablo Casas, quien visitó el local recientemente para explicar que la tienda del nuevo aeropuerto aún no tiene asegurada su operación. La solución temporal ofrecida ha sido reubicar al personal en otras tiendas de la cadena, pero bajo una nueva razón social y un nuevo contrato formal, distinto al de DT1, que es la razón social con la que opera Pardos en el aeropuerto actual. “Nos dijeron que firmaremos un convenio sin goce de haber por un mes. No nos explicaron bien qué pasará después”, comenta Kelly, maestra de ensaladas.
Esto ha generado preocupación, ya que el cambio contractual afectaría el cálculo de beneficios como la gratificación de julio, pues el tiempo trabajado durante junio no se reflejará en el historial laboral de DT1. Aunque se ha prometido que en julio los trabajadores volverán a ser reabsorbidos por DT1, no hay garantías claras sobre cómo se reconocerán los beneficios acumulados. “Dicen que no afectará la gratificación, pero sabemos que cambiar de razón social puede perjudicarnos. Es una estrategia que usan las empresas para evadir responsabilidades”, añade Kelly.
A partir de junio, esta familia laboral será separada. Cada uno de los integrantes será enviado a distintas tiendas de Pardos Chicken en Lima Metropolitana, bajo nuevos contratos y nuevas condiciones. “Las tiendas que nos ofrecieron están lejos y no se acomodan a nuestras necesidades. No hubo opción real de elegir”, afirma Kelly. La promesa de reencontrarse nuevamente bajo la razón social DT1 suena lejana, mientras el sabor amargo de la incertidumbre laboral y la desprotección legal se hace más fuerte entre quienes alguna vez formaron un solo equipo dentro del aeropuerto Jorge Chávez.
Muchos trabajadores aseguran haber sido obligados a tomar vacaciones sin haberlo solicitado, mientras que otros tuvieron que escoger entre opciones poco convenientes, bajo presión. Para algunos, la alternativa fue “aceptar o renunciar”. “Sí hubo compañeros obligados a renunciar. La empresa decía que si no firmaban, no había reubicación”, recuerda Luis.
Mientras algunos empleados aún intentaban entender lo que estaba pasando con la abrupta transición de Pardos Chicken, dentro del local ubicado en el patio de comidas del Jorge Chávez, una cajera se sentaba frente al mostrador. En una hoja blanca copiaba, palabra por palabra, un formato de carta de renuncia que la empresa le había entregado bajo condiciones impuestas, al hacerlo, perdía el derecho a una indemnización por despido, a pesar de que en los hechos no estaba abandonando el puesto por voluntad propia.
Un adiós que no eligió. Trabajadora de Pardos Chicken redacta su carta de renuncia como condición para ser trasladada a otra sede.
No había opción. Si quería ser transferida a otra tienda, debía renunciar voluntariamente. No importaban sus años o meses de servicio, ni que la medida contradijera la ley laboral: si no dimitía, no había reubicación.
Esta práctica documentada, dejó a muchos trabajadores desprotegidos. Al renunciar, la empresa se desligaba de sus responsabilidades legales de pago de liquidaciones e indemnizaciones completas. Algunos empleados, temerosos de quedarse sin trabajo, accedieron a esta exigencia. Otros, simplemente, no sabían que se trataba de una violación a sus derechos.
Sin embargo, no todos fueron obligados a firmar su salida. A otros se les ofreció una licencia sin goce de haber, un aparente «favor» de la empresa para mantenerlos en planilla bajo la misma razón social DT1 hasta julio. Nos dijeron que trabajaríamos un mes bajo otra razón social, luego nos harían renunciar para volver a DT1. No es ideal, afecta vacaciones y gratificación”, critica Luis. Durante ese mes, no percibirán sueldo ni beneficios, pero podrán ser reincorporados después a otras tiendas sin perder su línea de tiempo en la empresa.
Pausa forzada. Documento de licencia sin goce entregado a trabajadores que seguirán en DT1, pero sin sueldo ni beneficios por un mes.
Ambas opciones –renuncia obligada o licencia sin sueldo– se convirtieron en una trampa. Mientras la empresa preparaba su reorganización interna, los trabajadores quedaban en el limbo, cargando con el costo económico, emocional y legal de una crisis que no generaron. En cada hoja firmada, en cada renuncia escrita bajo presión, quedaba el rastro de una estrategia empresarial que antepuso el interés corporativo a los derechos laborales. “Algunas veces la necesidad de trabajar hace que uno acepte lo que sea, aunque no esté bien. Pero eso no lo hace justo”, reflexiona Kelly.
Por: Elias Menacho
