El alcalde de Lima autorizó la firma de tres contratos con estudios de abogados bajo cláusulas de confidencialidad, la decisión ha generado polémica por la falta de transparencia en el uso de fondos públicos. Según fuentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), los contratos no pasaron ni fueron publicados por el Consejo Municipal.
Los contratos fueron suscritos por la actual administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entre abril y mayo del presente año. En todos los casos se trata de contrataciones directas con estudios de abogados privados, especializados en temas administrativos, litigios judiciales y defensa legal de autoridades.
Fuentes internas confirmaron que los documentos contienen cláusulas de confidencialidad que impiden conocer aspectos clave del servicio, como el objeto detallado de la asesoría, los criterios de contratación, el plazo exacto de ejecución y el monto total pagado a cada estudio jurídico.
Aunque los contratos fueron firmados por funcionarios de alto nivel, ninguno fue sometido a votación ni análisis del Concejo Metropolitano. Tampoco se registraron en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), plataforma obligatoria para publicar procesos de contratación pública, lo que ha despertado alertas entre regidores de oposición y organizaciones de transparencia.
De acuerdo a investigaciones, el monto comprometido por la Municipalidad de Lima en estos contratos supera los S/ 33 millones.
Los documentos entregados públicamente fueron presentados con secciones tachadas o censuradas, lo que refuerza las críticas sobre la falta de transparencia. Esto contradice las declaraciones previas del alcalde, quien aseguró que su gestión no contrataría consultorías externas.
Según Juan Rodríguez, abogado penalista, la confidencialidad en un contrato municipal solo es válida si existe una causa que la justifique, como en casos de seguridad ciudadana o procesos judiciales estratégicos en donde se proteja el interés del Estado, pero en este caso no hay ninguna justificación pública.
Además, la Ley de Contrataciones del Estado obliga a todas las entidades públicas a actuar bajo los principios de transparencia, libre competencia y eficiencia. La omisión de publicar estos contratos podría ocasionar una infracción administrativa grave. La Contraloría podría iniciar un proceso de control y derivar el caso al Ministerio Público si encuentra indicios de delito.
No es la primera vez que la actual gestión es cuestionada por contrataciones con mecanismos irregulares. En febrero pasado, una contratación por más de S/ 1 millón a una empresa de consultoría también fue observada por falta de justificación y transparencia en su publicación.
Organizaciones como el Consejo de Prensa Peruana han pedido que las municipalidades refuercen sus políticas de acceso a la información y publicidad de actos administrativos, especialmente cuando se trata de gasto público.
Por: Diego Chávez
