En el Perú existen al menos 20 pueblos indígenas no contactados que habitan zonas remotas de la Amazonía, aunque el número varía según los estudios y las metodologías empleadas por las organizaciones que los monitorean. Estas comunidades —entre las más vulnerables del planeta— viven dispersas en reservas y territorios protegidos que las autoridades y ONG intentan delimitar y vigilar para evitar contactos forzados y desgaste cultural.
Las estimaciones difieren: una publicación regional apunta que Perú concentra cerca de 26 de los 66 pueblos en aislamiento voluntario identificados en Sudamérica, mientras que otras organizaciones internacionales calculan que el país acoge entre 15 y 20 grupos de los cientos de pueblos no contactados que aún quedan en el mundo. Estas diferencias responden a definiciones, criterios de identificación y nuevas evidencias de presencia humana en áreas remotas.
Estos pueblos habitan principalmente en corredores forestales profundos de la Amazonía peruana, en regiones como Madre de Dios, Ucayali, Loreto y áreas adyacentes a la Reserva de la Biosfera y la denominada Costa Jurásica, donde el bosque todavía ofrece recursos suficientes para su supervivencia. El Estado peruano cuenta con un registro y un marco legal específico: la política para Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y la creación de reservas indígenas destinadas a proteger sus territorios. En el portal del Ministerio de Cultura figuran reservas como Isconahua, Murunahua, Mashco Piro y otras, con mapas y memorias descriptivas oficiales.
A pesar de esta normativa, la implementación y la demarcación tardan años. Según reportes y organizaciones locales, hasta 2024 Perú había creado varias reservas pero seguían pendientes nuevas declaratorias y ampliaciones necesarias para blindar territorios frente a invasiones. La demora en la formalización de reservas expone a los PIACI a invasiones de madereros, minerías ilegales, narcotráfico y colonos.
La principal amenaza para los pueblos en aislamiento es la pérdida y fragmentación de su hábitat. Informes recientes muestran que la arremetida de tala, carreteras y proyectos extractivos empuja a estos grupos hacia los bordes de sus territorios, obligándolos a acercarse a poblaciones con riesgo de enfermedades y conflictos. El caso de los Mashco Piro —grupo que ha aparecido en playas y orillas cerca de comunidades y carreteras en Madre de Dios— ilustra cómo la deforestación y la invasión de su territorio pueden forzar salidas y encuentros peligrosos.
Los pueblos en aislamiento viven con economías de subsistencia basadas en la caza, pesca y recolección; su salud y demografía son extremadamente sensibles a enfermedades exógenas (resfriados, gripe) para las que no poseen inmunidad. El contacto forzado puede provocar brotes mortales y la desestructuración cultural. Por eso, tanto comunidades indígenas en contacto como organismos internacionales y el propio Estado insisten en la política de no contacto y en medidas que prioricen la autonomía de decisión de estas comunidades.
El Perú guarda en su selva a algunas de las últimas comunidades que han elegido vivir al margen del mundo moderno, pero su supervivencia depende hoy más que nunca de decisiones políticas urgentes y de la voluntad colectiva por proteger sus territorios. Preservar su derecho a permanecer en aislamiento no es solo un imperativo humanitario y cultural, sino también una apuesta por la conservación de la Amazonía y el conocimiento ancestral que esa región alberga.
Por:Massiel Vasquez
