Tras el devastador incendio ocurrido en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, la incertidumbre se ha apoderado de cientos de familias que vieron sus viviendas reducidas a cenizas. Más allá del drama, surge una pregunta que inquieta a los damnificados: ¿qué pasará ahora con ellos y con el terreno que ocupaban?
Durante años, esta parte de Pamplona Alta fue ocupada de manera informal por familias que buscaban un espacio donde vivir. La zona se consolidó con viviendas precarias levantadas sobre terrenos estatales que no contaban con servicios básicos ni títulos de propiedad. Según el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SBN), este tipo de predios está destinado a fines públicos y no puede ser transferido ni regularizado mientras mantenga dicha condición.
En el caso de Pamplona Alta, la titularidad del terreno recae en el MINEDU, lo que limita cualquier intento de reconstrucción o formalización. Las autoridades deben evaluar si el área puede ser destinada a otro fin o si los ocupantes serán reubicados mediante programas de vivienda social coordinados con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
Sin embargo, la normativa también contempla la obligación del Estado de brindar asistencia humanitaria a las personas afectadas por desastres. La Ley N.º 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), ordena que los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) deben garantizar albergue temporal, alimentación y atención médica, incluso si las familias se encontraban en situación irregular.
Informalidad y falta de vivienda digna
La falta de políticas sostenidas de vivienda social y la escasa planificación urbana han llevado a miles de familias a buscar refugio en cerros y quebradas, donde las condiciones de vida son precarias y los servicios básicos escasos. Tragedias como la ocurrida en San Juan de Miraflores no solo son producto del azar, sino también del abandono estructural de quienes viven de manera informal.
Mientras el Estado evalúa las acciones legales sobre el terreno del MINEDU y coordina la atención a los damnificados, el desafío de fondo es el mismo: garantizar acceso a vivienda segura, prevenir la expansión de invasiones y establecer una política clara de reubicación para las familias que habitan en zonas de riesgo o sobre predios públicos.
Por: Sebastian Campos
