Siempre con el lápiz. La ex-primera ministra apoyó en todo momento al expresidente Pedro Castillo. Fuente: La Razón
El máximo órgano de control constitucional resolvió a favor del hábeas corpus presentado por Betsy Chávez, cuestionando la prisión preventiva que cumplía desde junio de 2023.
La exministra recobra su libertad, aunque el proceso judicial en su contra sigue vigente, manteniéndose abiertas las investigaciones por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
Durante su reclusión en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, Chávez protagonizó una huelga de hambre en señal de protesta por lo que calificó como una medida desproporcionada e injusta.
Su acción, que se prolongó por varios días, atrajo la atención mediática y fue respaldada por sectores cercanos a Pedro Castillo, quienes denunciaron un trato arbitrario hacia la exministra.
En su resolución, el TC concluyó que no existían fundamentos suficientes para sostener la medida cautelar impuesta por el Poder Judicial.
Esta decisión se da luego de más de dos años de detención preventiva, período en el que Chávez fue procesada junto a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez.
El politólogo Julio Campos sostiene que la medida adoptada por el máximo tribunal “refleja un giro relevante en el escenario político-judicial, pues el TC ha puesto un límite al uso recurrente de la prisión preventiva en casos de alta exposición mediática.
Esto puede interpretarse como un llamado de atención al Poder Judicial y al Ministerio Público para que actúen con mayor rigurosidad en la fundamentación de sus decisiones”.
El fallo, además, podría incidir en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.
“Es una decisión que puede tensar aún más las relaciones. El Congreso podría usarla para cuestionar la independencia del TC, mientras que el Ejecutivo probablemente opte por no pronunciarse para evitar la confrontación”.
El especialista considera que el pronunciamiento del TC puede interpretarse como un mensaje político hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“No se trata de exonerar responsabilidades, pero sí de recordar que las medidas cautelares extremas deben aplicarse con criterios estrictos.
Por: Angel Chicasaca