El colmo. El entonces primer ministro había presentado como capturado al “número dos” de Sendero Luminoso, que en realidad ya había cumplido condena. Fuente: El Comercio
Juramento el pasado sábado 23 de agosto en reemplazo de Juan Alcántara. Su regreso al gabinete se da en medio de la polémica, pues apenas en marzo fue censurado por el Congreso tras su cuestionada gestión frente a la inseguridad ciudadana, y actualmente afronta investigaciones fiscales por presunta influencia indebida y tiene impedimento de salida del país por 18 meses.
Durante la ceremonia de presentación, el premier Eduardo Arana exclamó la “capacidad de gestión” del nuevo titular de Justicia, afirmando que su incorporación permitirá “fortalecer la gobernabilidad y las reformas institucionales pendientes”.
Santiváñez, por su parte, prometió impulsar la modernización del sistema penitenciario y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo; la designación ha recibido duras críticas. La congresista Susel Paredes del partido político Cambio Democrático anunció que presentará una nueva moción de censura, calificando el retorno de Santiváñez como “una afrenta al control político del Parlamento”.
La carrera de Santiváñez ha estado marcada por la controversia. Durante su breve paso por el Ministerio del Interior, fue criticado por sus declaraciones contra la prensa, a la que acusó de “empoderar a criminales”.
Además, medios como El País de España recordaron que enfrenta investigaciones por presunto tráfico de influencias en nombramientos clave dentro del Estado.
En ese sentido, el politólogo Alex Guevara sostuvo que la designación “no es ética ni moral”, pues un ministro previamente censurado y con investigaciones abiertas “no debería ser reincorporado por la presidenta a otro ministerio”.
Para Guevara, la mandataria estaría buscando “asegurar su posición cuando deje el cargo, promoviendo cambios y políticas desde el Ministerio de Justicia que puedan favorecerla en eventuales procesos judiciales”. Además, advirtió que este retorno refleja “un signo de inestabilidad política y de gobernabilidad precaria”, acentuado por la cercanía personal de Santiváñez con Boluarte.
El analista también cuestionó el rol de los medios, señalando que “la prensa debería cumplir una labor pedagógica de informar a la ciudadanía qué está bien y qué está mal, pero en muchos casos se priorizan intereses ideológicos, económicos o políticos, dejando de lado el bien común”.
Además, según su declaración jurada, Santivañez afronta más de diez investigaciones fiscales por presuntos delitos como negociación incompatible, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Por: Angel Chicasaca
