En la fría sala del penal de Barbadillo, el tiempo parece haberse detenido para Pedro Castillo, pero su voz, lejos de apagarse, retumbó con una intensidad familiar. El expresidente volvió a ocupar el centro de la escena, no en un mitin o un discurso presidencial, sino en el juicio oral que busca condenarlo por el intento fallido de golpe de Estado ocurrido aquel diciembre de 2022. Lo que prometía ser una audiencia judicial más, se transformó rápidamente en un púlpito improvisado para el exmandatario.
Con la solemnidad del estrado, la Fiscalía lo señaló directamente, acusándolo de haber intentado clausurar el Congreso. Pero Castillo, con la misma firmeza que caracterizó sus discursos, no solo negó los cargos. Giró la mirada hacia el Parlamento, señalándolo con una acusación directa y severa: el Congreso, dijo, «sostiene a un Gobierno asesino». La referencia a la presidenta Dina Boluarte era clara, una herida abierta que se niega a cerrar en el Perú.
El inicio de su defensa fue un despliegue de su particular estilo. Con un toque de ironía, relató cómo la Fiscalía supuestamente insistía en que él había usado «peluqueros, cocineros y hasta policía canina» para cerrar el Legislativo. «Jamás me hubiese atrevido a sacrificar estos animalitos», afirmó, con una pausa que buscaba el efecto en la sala, sugiriendo incluso que «hubiera usado un gato». La jueza Norma Carbajal intentó poner orden, interrumpiéndolo, pero la interrupción no frenó el ímpetu de Castillo. Con la mirada fija, insistió en su punto central: «Este Congreso nunca se cerró y el día de hoy sostiene a un Gobierno asesino que a los señores que salen a protestar por un derecho, primero los asesina y luego instala una mesa». Sus palabras dibujaban un cuadro sombrío de la situación política actual del país.
Pero la jornada no solo fue para la defensa de su inocencia. Castillo, consciente de los movimientos sociales fuera de los muros de la prisión, aprovechó para solidarizarse con los mineros informales. Estos trabajadores, que en ese preciso momento se manifestaban a las afueras del Congreso, encontraron en la voz del expresidente un inesperado aliado. Con un tono de advertencia, Castillo se refirió a los intentos del Parlamento de inhabilitarlo, un movimiento que, según sus partidarios, busca sacarlo de la carrera por las Elecciones de 2026. «Los pequeños mineros en el Perú no son delincuentes, los grandes sí», dijo, para luego lanzar una promesa velada: «Este Congreso que quiere inhabilitarme. No me cabe duda que cuando lo hagan van a tener las puertas abiertas y el pueblo con los brazos abiertos». Una clara señal de que, a pesar de su encierro, Castillo sigue viendo un futuro político para sí mismo y sus seguidores.
Mientras el proceso judicial avanza, con una solicitud fiscal de 34 años de prisión y una reparación civil que supera los S/64 millones por el presunto delito de rebelión, cada aparición de Pedro Castillo se convierte en un capítulo más de una crónica que mezcla el drama judicial, la política peruana y el descontento social. Desde Barbadillo, el expresidente sigue moviendo los hilos de un debate que se niega a morir.
Por: Diego Galindo
