Investigación fiscal y resistencia a colaborar
La presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta una denuncia constitucional por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración de documentos. La Fiscalía de la Nación sostiene que se ha detectado un incremento injustificado superior a los S/50.000 en su patrimonio. Esta investigación ha encontrado un obstáculo significativo debido a la negativa de la mandataria a autorizar el levantamiento de su secreto bancario, una medida indispensable para que la Contraloría General de la República pueda llevar a cabo un análisis exhaustivo y preciso de la evolución de sus bienes y cuentas.
El papel de la Contraloría
Dos analistas clave de la Contraloría, Martha Antezana Córdova y Sandra Calderón Lázaro, testificaron ante el Ministerio Público que la falta de cooperación de la presidenta impidió la elaboración de un informe detallado sobre su patrimonio. Explicaron que, aunque las normativas internas de la Contraloría permiten solicitar la autorización para el levantamiento del secreto bancario de las personas fiscalizadas, la presidenta Boluarte se negó explícitamente a firmar el documento necesario para este fin.
Debido a esta limitación, el análisis de la Contraloría se restringió únicamente a la información que la propia presidenta había reportado en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, así como a los datos bancarios que ella misma decidió entregar tras solicitudes de aclaración. Ambas analistas manifestaron su preocupación, indicando que, al no tener acceso completo y fidedigno a todas las cuentas bancarias, no podían validar si la información proporcionada correspondía a la totalidad de sus activos financieros. Sandra Calderón Lázaro, en particular, subrayó la imposibilidad de validar si los datos de cuentas de ahorro remitidos por Boluarte representaban la totalidad de sus fondos en el sistema financiero, asemejándolo a una «presunción de veracidad» donde se debe creer lo que el fiscalizado remite.
Detalles de la denuncia constitucional y los contraperitajes
La denuncia constitucional, presentada por la Fiscalía de la Nación el 16 de mayo de 2025, detalla que, entre julio de 2021 y marzo de 2024, Dina Boluarte habría omitido declarar joyas de su propiedad valoradas en USD 162.250. Además, el Ministerio Público identificó un incremento patrimonial injustificado de S/58.699 y la presencia de S/4.082 de origen desconocido en sus cuentas bancarias durante el mismo período.
En su defensa, la presidenta presentó un peritaje elaborado por Milton Solano Rodas, quien concluyó que no existía un aumento patrimonial injustificado. Sin embargo, este informe fue fuertemente cuestionado por los peritos de la Fiscalía, Richard Sanchez Solórzano y Margalida Salinas Moncada, quienes formularon 11 observaciones críticas. Entre sus objeciones, señalaron que el análisis de Solano Rodas no abarcaba el período completo de la investigación y que no había considerado montos importantes por renta de quinta categoría, a pesar de tener acceso a dicha información. Por el contrario, se incluyeron intereses de CTS como ingresos, aun cuando Boluarte no había realizado el retiro de dicho dinero. Adicionalmente, los saldos iniciales del depósito a plazo fijo de la mandataria en la Caja Raíz tampoco coincidían con los registros. Ante estas inconsistencias, los peritos fiscales se ratificaron en su informe original del 30 de octubre de 2024, que sí determinó un desbalance patrimonial.
Intentos de diálogo y nuevas negativas de información
En enero, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal Sánchez, solicitó al magistrado Juan Carlos Checkley que permitiera la toma de declaraciones a las analistas de la Contraloría y a los peritos de la Fiscalía para confrontar ambas versiones. Aunque la autorización prosperó para el primer caso, las funcionarias de la Contraloría, en sus declaraciones de inicios de marzo, reafirmaron que su informe preliminar había encontrado indicios de un aumento patrimonial injustificado de aproximadamente S/58.551. Sin embargo, con la información adicional proporcionada posteriormente por la presidenta, y sin acceso al secreto bancario, llegaron a la conclusión de que «no existían desbalances».
Por: Diego Galindo
