Relaves, desmontes y bocaminas abandonadas, conocidos como pasivos ambientales, que contaminan el suelo, el aire y el río en La Oroya, serán tratados por el Estado. Se trata de residuos peligrosos que dejó la minería hace más de cuatro décadas. El objetivo de esta intervención es reducir el daño acumulado desde el cierre de la empresa minera Río Pallanga en 1985.
Según el ingeniero ambiental con experiencia en minería Jhonathan Pérez, un pasivo minero es todo residuo o infraestructura que queda sin control después de una actividad minera. Si no se toman medidas, estos materiales liberan sustancias tóxicas que afectan la tierra, el agua, los animales y la salud de las personas. “Son residuos que, si no se controlan, generan drenaje ácido, polvo con metales y contaminación en el entorno”, advierte.
La empresa estatal Activos Mineros S.A.C. se encargará del proyecto. Actualmente, el equipo técnico trabaja en la actualización del expediente, y se prevé que las obras comiencen en 2026. La inversión supera los 80 millones de soles. En esta primera fase se atenderán 15 hectáreas de relaves. Estos serán cubiertos con materiales impermeables y vegetación. También se instalarán canales para conducir las aguas contaminadas hacia una planta de tratamiento.
El ingeniero Pérez señala que el proceso incluye tres tipos de estabilización. La física evita que los relaves se deslicen. La química impide reacciones que generen sustancias dañinas. La hidrológica evita que el agua entre en contacto con los residuos.
En el distrito de Carhuacayán, aún permanecen restos de la antigua operación minera. Durante las lluvias, el agua ácida brota de las bocaminas y arrastra metales como el plomo. En ese sentido, el especialista advirtió que “si no se hace nada, estos metales dañan a las plantas, los animales y, finalmente, a las personas”.
Pérez indica que muchos efectos ya son visibles, como el plomo detectado en la sangre de varios niños. Sin embargo, insiste en que aún es posible reducir el impacto. “El daño en muchos casos es irreversible. Pero intervenir puede evitar que más personas se enfermen o que los ecosistemas se deterioren aún más”, sostiene.
Aunque el país cuenta con profesionales capacitados y tecnología, el ingeniero advierte que estas intervenciones no siempre son prioridad. Considera que tratar estos residuos no solo es posible, sino urgente. Según Pérez, actuar ahora es una forma de proteger la salud pública y evitar que los costos sociales sigan aumentando.
Por: Astrid Cordova
