En la primera investigación realizada en la cuenca del Nanay, en la Amazonía de Loreto, el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú) encontraron que el 80 % de los 273 habitantes evaluados presenta niveles de mercurio en el cabello por encima del límite saludable, especialmente en niños de 0 a 4 años y mujeres en edad fértil.
El reciente estudio refiere que la minería ilegal, establecida en esta zona desde el 2000, tiene un impacto considerable en estas concentraciones de mercurio. El ingeniero ambiental con experiencia en minería, Jhonatan Pérez, explicó que este tipo de actividad, al operar sin ningún tipo de control ambiental, libera mercurio al entorno en todas sus etapas. “Para extraer el oro se usa mercurio, el cual se adhiere al mineral, pero no todo se recupera. Una parte termina en los cuerpos de agua y otra se libera al aire durante el proceso de quema”, describió.
También se halló que más del 90 % de los evaluados consume pescado al menos cuatro veces por semana, lo que incrementa la exposición. En peces como el zúngaro y la doncella, también se detectaron concentraciones de mercurio por encima del límite permitido.
Desde su experiencia, Pérez aclaró que la minería ilegal no cuenta con estudios de impacto ambiental ni medidas de mitigación, por lo que resulta particularmente dañina. En contraste, la minería informal o de pequeña escala sí podrían aplicarse tecnologías menos contaminantes, aunque más costosas. “La minería ilegal no debe darse. No podríamos buscar una alternativa para algo que, por definición, no está permitido”, indicó.
El ingeniero Pérez señaló que, ante la limitada presencia del Estado, los llamados monitoreos participativos se han convertido en una herramienta clave para que las comunidades afectadas reporten la contaminación. “La vigilancia es informar a las autoridades”, explica. Estos procesos permiten a los pobladores involucrarse directamente en la recolección de información ambiental y exigir acciones frente a los impactos de la minería ilegal.
Para enfrentar esta problemática, Pérez subrayó la necesidad de una respuesta articulada desde el Estado, con el liderazgo de los gobiernos regionales, el OEFA, la Fiscalía Ambiental y el apoyo de las fuerzas del orden. “La minería ilegal se defiende. Hay personas armadas. No basta con medidas técnicas, se necesita logística y decisión política para frenarla”, advirtió.
Reconoce también que la situación es compleja ya que parte de la población local trabaja para la minería ilegal como único medio de subsistencia, mientras que otra parte sufre directamente los efectos de la contaminación. Pérez destaca que “es un tema de educar a los pobladores, de involucrarlos más en los procesos de monitoreo y de exigir al Estado una acción más concreta y sostenida”.
Por: Astrid Cordova
