El pedido de aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte ha desatado una ola de críticas desde el Congreso, gremios ciudadanos y analistas políticos. La solicitud fue originada por el Despacho Presidencial y tramitada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el argumento de equiparar su remuneración con la de ministros de Estado y otros altos funcionarios públicos.
Diversos sectores han señalado que el aumento no se justifica en un país donde la canasta básica familiar supera los S/ 1,700 mensuales y donde más del 30% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad. Además, el pedido se conoce mientras el propio gobierno promueve un discurso de control del gasto.
Actualmente, la presidenta Dina Boluarte percibe un sueldo bruto de S/ 15,500 mensuales. Sin embargo, un informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propone elevar su remuneración a S/ 35,568.
El incremento propuesto podría incumplir la Ley 28212, que establece un límite máximo para la remuneración de altos funcionarios del Estado, superando el tope legal que es equivalente a S/ 26,000 aproximadamente para el año 2025, en más de S/ 9,000, por lo que varios constitucionalistas consideran que su aprobación requeriría una modificación legal.
La solicitud contradice el discurso de austeridad que la propia presidenta ha promovido públicamente en varias ocasiones. Dina Boluarte ha defendido la necesidad de racionalizar el gasto del Estado y limitar los privilegios en la alta función pública. Sin embargo, al solicitar una duplicación de su sueldo mientras gran parte de la población enfrenta inflación, desempleo e informalidad es considerado como una contradicción política.
Según Pedro Anton, economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en Economía y doctorado en Administración, el efecto económico de un eventual aumento del sueldo presidencial puede parecer abultado, pero en realidad es mínimo dentro del presupuesto nacional. El verdadero problema es simbólico, debido a que este pedido transmite una señal de prioridades poco claras en un momento de desconfianza ciudadana. Asimismo, advirtió que un incremento en la remuneración presidencial podría generar presión para que otros altos funcionarios soliciten también ajustes salariales, lo cual podría desencadenar un efecto dominó en la administración pública.
Hasta el momento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha oficializado ninguna aprobación sobre el incremento salarial. El pedido de aumento genera controversia y deja en claro la tensión entre el discurso gubernamental y las decisiones que afectan directamente la imagen y credibilidad del Ejecutivo.
Por: Diego Chávez
