La violencia en Pataz es parte de un patrón que se repite en distintas regiones del país. La informalidad, ausencia del Estado y crimen organizado que asumen el control como una autoridad paralela. Aunque el Gobierno decretó estado de emergencia, especialistas advierten que esta es una solución temporal frente a un problema estructural.Para entender el trasfondo social de esta crisis, entrevistamos al sociólogo Enver Vega, quien analiza por qué el crimen organizado gana terreno en estas zonas y cómo este fenómeno impacta en los pobladores.
¿Qué consecuencias genera vivir bajo un estado de emergencia constante para la población?
Lo primero que se muestra es que la decisión de implementar un régimen de excepción, específicamente un estado de emergencia, no tiene ningún tipo de efecto sobre la inseguridad estructural que está afectando a la sociedad peruana. Además, revela la precariedad de la institucionalidad del Estado y la debilidad de sus instituciones para contener una amenaza tan abierta, no solo a la seguridad, sino también al desarrollo integral del país. Las medidas de excepción, como los estados de emergencia, no están siendo eficientes porque atacan las consecuencias antes que los factores causales de los problemas ligados a la inseguridad.
¿Considera que estas medidas son soluciones reales o solo reacciones ante la presión mediática?
Desde una reflexión sociológica, se puede afirmar que en el Perú existen problemas con una vieja data, es decir, problemas estructurales. Estos requieren soluciones de largo plazo, con intervenciones sostenidas dentro de una política de Estado que oriente las decisiones de los gobernantes.Las medidas actuales son solo efectistas y coyunturales, parte de un discurso político sin estrategia real, sin un plan de operaciones ni una política de seguridad integral. Por ello, cada anuncio de estado de emergencia no detiene la criminalidad, y solo evidencia más la precariedad del Estado, mientras la población demanda más seguridad. Esto genera un círculo vicioso: el Estado reacciona con más castigos, reformas penales o represión, pero sin atacar las verdaderas causas del problema.
¿Qué factores sociales explican la presencia y crecimiento del crimen organizado en zonas como Pataz?
Existen tres dimensiones que permiten entender el avance del crimen organizado en zonas como Pataz. En primer lugar, una dimensión institucional, que refleja la precariedad de las instituciones del Estado, las cuales no gozan de la confianza ciudadana y erosionan el poder político hasta quitarle legitimidad. En segundo lugar, una dimensión estructural, ya que problemas como la criminalidad organizada no pueden resolverse con medidas de último momento, como el envío de policías o militares, sino con políticas públicas de desarrollo integral y sostenido en el tiempo. Finalmente, la dimensión cultural, la violencia ya forma parte de la vida cotidiana en estos territorios, donde las organizaciones criminales ejercen un poder real, incluso operando bajo formas legales e ilegales, como ocurre en el ámbito minero. En ese contexto, la criminalidad organizada termina funcionando como una especie de Estado paralelo que impone sus propias reglas.
¿Qué acciones estructurales debería tomar el Estado para romper el vínculo entre informalidad, pobreza y criminalidad en regiones mineras?
La minería ilegal o informal no es el problema, sino un síntoma de una crisis mayor, una crisis multidimensional que atraviesa a la sociedad peruana. Esta se manifiesta en diversas áreas como salud, educación, empleo, democracia y seguridad. En ese sentido, las soluciones no pueden ser superficiales ni temporales, sino deben apuntar a atacar las causas estructurales del problema. Es fundamental que el Estado tenga una presencia real y sostenida en estas zonas, que brinde servicios públicos de calidad, que genere oportunidades económicas formales y sostenibles, y que se comprometa a regularizar el mercado laboral. La falta de empleo y oportunidades lleva a muchas personas a involucrarse en actividades ilegales, fenómeno que se conoce como “la oportunidad del riesgo del crimen”,es decir, ante la ausencia del Estado, muchos optan por el camino ilegal como única alternativa. Por esta razón, no basta con atacar los efectos, sino que se debe intervenir sobre los factores causales que originan estas condiciones de inseguridad.
Por: Diego Chávez
