Por: Edith Vera
Tres trabajadores de Petroperú fueron retenidos por cinco días junto al maquinista de la embarcación que los transportaba al kilómetro 177 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano (ONP).
Retención de los trabajadores
El 24 de octubre, miembros de la comunidad Shoroya Nuevo, ubicada en el distrito de Morona (Loreto) y pertenecientes a la organización Gobierno Territorial Autónomo Chapra (GTACH), subieron el deslizador donde se trasladaban los trabajadores a tierra firme, impidiendo la salida de los mismos.
El conflicto habría iniciado por una descoordinación en el desembarque del personal, ya que los comuneros pensaron que la reunión se daría en Patria Nueva y no en Shoroya Nuevo. El relacionista comunitario y dos miembros del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) intentaron llegar a un acuerdo con la comunidad sin éxito.
“Estábamos desayunando en el deslizador hasta que empezaron a gritar y [los miembros de la comunidad] se pintaron las caras. Estábamos confundidos. Nos dijo que no saldríamos hasta que se solucionen los problemas de pago”, comentó Alex Zuñiga, auxiliar de seguridad industrial en Petroperú, uno de los retenidos.
En un comunicado oficial de Petroperú, afirmaron que las demandas para liberar a los trabajadores fueron el pago de actividades desde el 10 de septiembre sin evidencia alguna ni previo acuerdo y la contratación arbitraria de una empresa de remediación ambiental avalada por la comunidad.
“Ellos [los comuneros] dijeron que eran 99 personas que trabajaron 44 días y querían que se les pague 100 soles a cada una, ¡casi medio millón de soles! Y eso no había sido coordinado con la empresa, lo hicieron por iniciativa propia, pero querían que se les pague por su servicio de vigilancia”, agregó.
Por su parte, el líder de la comunidad Shoroya Nuevo alegó que cuidaban las tuberías de otros pueblos que querían provocar un incendio con el crudo derramado y, por ello, deberían recibir un pago a cambio.
Problemas con las tuberías
Los derrames pueden originarse de dos formas según el auxiliar en seguridad industrial, por corrosión o por corte. Petroperú contrata a personas de las comunidades aledañas para realizar el trabajo de limpieza cuando el daño es por corrosión. Asimismo, realiza el proceso de protección catódica para sellar las tuberías y alargar su vida útil.
Por otro lado, si el daño es ocasionado por cortes, se contrata a una empresa de remediación ambiental y no se trata directamente con las comunidades porque suponen que algunas están involucradas.
“De los 16 derrames, 13 son ocasionados por terceros. Llevan equipos especiales a la zona y cortan la tubería. Cuando hay estos tipos de cortes, llevo a la policía y a la fiscalía para hacer una indagación en la zona. Finalmente hacemos el acta y nada más, nadie sabe quién es el culpable”, afirmó Zuñiga.
Durante la retención los trabajadores recorrieron rutas de hasta 15km a pie junto a OEFA para realizar trabajos de inspección ambiental. Revisaron las tuberías dañadas por corrosión y confirmaron que alrededor de algunas de ellas se habían instalado campamentos artesanales designados al servicio de vigilancia como indicaban los miembros de la comunidad.
Los días siguientes fueron de tensas negociaciones, donde se involucraron seis efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Al no llegar a un acuerdo el cuarto día, los agentes se quedaron retenidos junto a los trabajadores de Petroperú en señal de solidaridad.
“No hubo agresiones físicas, nos dieron un pequeño espacio para dormir. Tuvimos que contratar a una señora para que nos cocinara, comíamos arroz con plátano y huevo todos los días. Incluso, tuvimos la fortuna de que había señal de Internet satelital, pagamos cinco soles para tener una hora de acceso y comunicar nuestra situación”, agregó Alex Zuñiga.
Conflicto entre la PCM y las comunidades
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también se comunicó con la comunidad para llegar a un acuerdo sin éxito, informó uno de los retenidos. El mismo resultado se obtuvo con el Ministerio de Energía y Minas. Un testigo que prefirió no identificarse comentó que los intentos de negociación terminaron cuando miembros del poder Ejecutivo calificaron de “secuestro” a la retención de los trabajadores.
Finalmente, las comunidades Chapra llegaron a un acuerdo con el gerente de Petroperú. Acordaron el pago de 30 de las 99 carpas de vigilancias y la contratación de la empresa de remediación que exigían.
La liberación fue inmediata, las personas retenidas fueron trasladadas a una clínica en Piura para la revisión médica correspondiente. Luego fueron enviados a sus respectivos hogares el 30 de octubre, donde se encuentran con descanso hasta la quincena de noviembre.
Sin embargo, el conflicto entre el Estado y las comunidades nativas no acabó allí, puesto que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, declaró ante los medios: “Algunos miembros de esas comunidades nativas son los que cortan el oleoducto para reclamar indemnizaciones”. Acusando a los residentes de las comunidades ser responsables de los derrames ocurridos en la selva.
Por su parte, el líder de la comunidad de Cuninico, Galo Vásquez, rechazó estas acusaciones ante RPP el 4 de noviembre: “Nosotros solo tenemos machetes, hachas y flechas para sobrevivir. No tenemos con qué cortar un tubo de esa magnitud. No somos capaces de hacernos daños a nosotros mismos».
Ante esta declaración, Zuñiga agregó: “Es posible que no tengan las herramientas, pero saben quiénes han sido [los que dañaron las tuberías] porque ellos más que nadie conocen su zona, son testigos y no quieren hablar. Tal vez por acuerdos con otras empresas, también buscan ser beneficiados”.
Petroperú en crisis
Las operaciones en el Oleoducto Norperuano (ONP) están detenidas hace más de un año. La gran inversión a la refinería Talara ha originado que proyectos como el ONP hayan sido desplazados. Si bien el Estado está brindando un apoyo económico a la empresa, este no es suficiente.
A pesar de que el ONP no se encuentra en funcionamiento al día de hoy, las tuberías contienen remanentes, es decir, residuos en los conductos que pueden derramarse al verse afectadas las tuberías.
Esta situación se ha vuelto insostenible, a tal punto que Humberto Campodónico renunció a la presidencia del directorio de Petroperú. La dimisión al cargo se hizo oficial el 3 de noviembre en la Junta General de Accionistas de la empresa.
Las diferentes formas de protesta que están tomando las comunidades visibilizaron un problema más grande del que imaginamos. La industria petrolera del país está en crisis, al igual que el trabajo de miles de personas.
“Las bombas no están funcionando. Hay trabajadores a los que se les está pagando y no hay sustento para ello. Casi es una operación en quiebra. Retirar todo el oleoducto ha sido una propuesta para acabar con toda esta situación”, comentó el operario Alex Zuñiga.
Recordemos que Petroperú fue multado en 2016 con más de 49 millones de soles por no cumplir adecuadamente con el mantenimiento integral del ONP estipulado en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Además de provocar uno de los peores desastres naturales por derrame de petróleo que afectó los ríos Marañón y Chiriaco.
